Santiago Herráiz se plantea como reto en La Rioja la implantación de una oficina fiscal

Ante su familia y el resto de asistentes, Herráiz (Zaragoza, 1965), en un discurso hilado «desde el corazón», ha relatado sus comienzos como estudiante. «Soy fiscal de vocación y en los años 80 dejé las aulas por los juicios». Fue en Zaragoza y allí, ha recordado, «quedé prendado del estilo y la retórica de grandes compañeros».

Una vez aprobada la oposición y transcurrida parte de su carrera fiscal, se dio cuenta, ha señalado Herráiz, de la gran transformación que ha tenido la profesión: «Del fiscal de mesa camilla que no veía a los presos preventivos, a una intervención permanente constante y exigente». De hecho, «dos tercios de las sentencias que se ponen en La Rioja en penal son la consecuencia de la labor del Ministerio fiscal a través del mecanismo de la conformidad», ha añadido.

En su nuevo empeño, Herráiz, a quien hoy ha apadrinado el exfiscal del Tribunal Supremo, José María Parra, quiere contribuir a echar por tierra la imagen del Ministerio fiscal como «acusador a toda costa», porque «el fiscal está con la víctima, le apoya para conocer la versión completa, libre y serena de los hechos para después impulsar las pruebas y, solo entonces, analizar cuánto mide cada prueba».

En estos tiempos de «ruido y ansiedad», ha expresado su deseo de que el trabajo de fiscal sea «muy tranquilo y apoyado en equipo». Finalmente, ha llamado a utilizar todas las herramientas legislativas «para que el delito no compense a los delincuentes».

Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha subrayado que la voluntad del nuevo equipo que él pilota tras la dimisión de su antecesora, Dolores Delgado, (actual fiscal de sala en el Tribunal Supremo), es el «robustecimiento» de las fiscalías territoriales.

En su discurso tuvo palabras también para el antecesor de Santiago Herráiz en el cargo. Ha agradecido el «extraordinario» papel del ya exfiscal superior Enrique Stern, «que ha estado al frente durante más de una década» y ha anuncuado que será propuesto para recibir el máximo galardón, la Cruz de San Raimundo de Peñafort, una condecoración civil que premia relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia.