Gobierno riojano y sindicatos lamentan la sentencia del Supremo sobre la N-232

El delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, calificaba de «acertada» la medida que en su día se adoptó a tres bandas para tratar de atajar una siniestralidad en aumento. No obstante, consideraba que había estado «muy mal ejecutada». Respecto al fallo del Supremo, lamentaba que no haya entrado a valorar «el principio de seguridad» y anunció que ha convocado para mañanala Comisión de Asistencia al Delegado, a la que citará a la Guardia Civil, Tráfico y la Abogacía del Estado, entre otros, para tratar esta cuestión.

Por su parte, el consejero de Fomento en funciones, Carlos Cuevas, insistía ayer en las declaraciones hechas a este diario el mismo día de hacerse pública la sentencia y mostraba su disposición de seguir trabajando para reducir el número de siniestros en esta carretera y buscar otras vías alternativas a la medida ahora anulada. Con esta intención aseguró que se había puesto en contacto el lunes con el departamento de José Luis Ábalos.

De acuerdo con sus datos, durante los veinte meses en los que ha estado en vigor este decreto, desde el 2 de diciembre de 2017, la siniestralidad mortal en el tramo riojano de la N-232 se ha reducido el 80%, con cuatro fallecidos, frente a los más de catorce registrados en el mismo periodo anterior.

Por su parte, Francisco Ocón, secretario general de los socialistas riojanos, al margen de la interpretación legal de la sentencia, calificaba de efectiva la medida de desviar los camiones a la AP-68 «con independencia de que Íñigo de la Serna -exministro de Fomento- la justificara mejor o peor». Lo importante, a su juicio, es que ha reducido la siniestralidad en las carreteras «y por ello vamos a solicitar que continúe y se adapte a la legislación vigente», dijo.

Desde el PP, su coordinador general, Diego Bengoa, insistía: «Respetamos y acatamos las sentencias», pero ponía el acento en que la restricción del tráfico pesado por la Nacional «fue una medida que se adoptó para dar respuesta a una demanda de la sociedad» y que «ha demostrado que ha cumplido su objetivo y ha sido muy beneficiosa porque ha logrado reducir la siniestralidad».

Pablo Baena, líder de Ciudadanos, consideraba el fallo «una mala noticia». En este sentido, urgía a seguir avanzando para conseguir la liberalización de la AP-68 «que en su día prorrogaron PP y PSOE». Y para empezar a construir la casa por los cimientos, cree necesario empezar a construir «ya» los nueve accesos necesarios para facilitar su uso por todos los usuarios de la vía. Reconocía que el desvío de camiones a la autopista ha rebajado la siniestralidad en la 232 y «es otro motivo por el que tenemos que apostar por que la AP-68 se convierta en autovía».

En Podemos, la diputada Raquel Romero entendía que la sentencia «pone los intereses económicos por encima de los intereses de las personas y la seguridad de las personas debe estar por encima de cualquier interés económico». Cree que la medida que se adoptó en el 2017 «fue un parche y si se hubieran adoptado otras soluciones no tendríamos ahora ningún problema». No obstante, reconoció que «el parche ha funcionado». Pero «como no es cuestión de criminalizar a estos trabajadores -por los transportistas- seguiremos apostando por la liberalización de la AP-68 para que la use todo el mundo en sus desplazamientos y la N-232 sea una vía de interconexión entre municipios». Y en esta línea, aseguró, trabajarán «en el Gobierno que queremos conformar con el PSOE».

El PR+ instaba ayer al Ejecutivo regional y al central a buscar una solución «rápida y eficaz» que «garantice la seguridad en la N-232». Desde «el respeto absoluto al fallo del Supremo, no puedo compartir el sentido del mismo y considero que es urgente adoptar una decisión que nos impida volver a la dramática situación de accidentabilidad que padecimos», aseguraba el presidente de los regionalistas, Rubén Antoñanzas.

En UGT, su secretario general, Jesús Izquierdo, aseguraba que respetan, «como no puede ser de otra forma», la sentencia, pero «queda claro que su aplicación tendrá como consecuencia directa el incremento de la siniestralidad en la N-232, y, por tanto, más muertes en la carretera; un coste humano tan dramático que resulta inasumible para La Rioja». Por ello, si la Justicia «ha cerrado la puerta», entiende que la acción política «debe abrir otras vías que permitan una circulación segura». En este sentido, consideran desde UGT que es el momento propicio «para incentivar el uso generalizado de otras vías como la autopista, lo que implica su liberalización inmediata,ofreciendo también alternativas de empleo a sus trabajadores».

Desde CCOO, Jorge Ruano, cree que una vez más se han puesto de manifiesto «las carencias en materia de infraestructuras». La opción de desviar el tráfico «era provisional» y para resolver los «grandes problemas» habrá que adoptar otro tipo de medidas. «Ahora lo que nos toca, sabiendo que esta alternativa ha sido eficaz, es llegar a un consenso mientras se resuelven las grandes cuestiones».

En 2017, la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y la Concesionaria Autopista Vasco-Aragonesa Sociedad Anónima (AVASA) acordaron que los vehículos pesados tendrían que circular obligatoriamente por la AP-68, en aras de mejorar la funcionalidad, la seguridad del corredor viario y para descongestionar el tráfico de vehículos de las carreteras nacionales N-232 y N-124. Esa medida mejoraría también la contaminación acústica en los tramos urbanos afectados. La empresa de transportes Grupo Logístico Arnedo recurrió la medida y el Tribunal Supremo ha estimado sus pretensiones.