«El interés privado se antepone al público», dice la Plataforma AP-68

Más allá del origen, la consecuencia de la resolución «viene a constatar que los intereses privados se superponen al interés público», señala Antón, que añade a su argumentario el balance de la medida durante su aplicación: «Entendemos que se han ocasionado perjuicios para los negocios y las empresas que están en la N-232, pero hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista de la siniestralidad, ha sido una medida muy eficaz». Ahora, sin querer ser agorero, asume que volverán tiempos pasados: «Mucho nos tememos que recuperaremos los índices de siniestralidad anteriores».

Lo que no hace el portavoz de la Plataforma es cargar tintas contra la empresa de transporte que interpuso el recurso. «Entendemos la posición de la empresa. Ellos tienen que velar por sus intereses, pero nuestro papel es el de defender los derechos de los ciudadanos y por eso exigimos vías más seguras y carreteras dignas».

La Plataforma sostiene que ese seguirá siendo su objetivo. «Desde el principio nuestra postura era reclamar la liberación ya que sabíamos que esto podía pasar. Ese sigue siendo nuestro reto. Podemos comprender la indignación y el malestar de los negocios de la N-232, pero una vez liberalizada la autopista los usuarios circularán libremente y tendrán libertad para elegir trazado», reitera. Antón espera que el futuro gobierno aborde la cuestión situando el interés general en primera línea.

Por su parte, los gestores de la autovía AP-68 apuntaron que como concesionaria se limitan a sumarse a los acuerdos que en su momento se proponen a través de las administraciones públicas, en este caso desde los gobiernos central y autonómico.