El recurso contra la Ley de Protección Animal llegará al Constitucional este mes

El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, ha justificado el recurso en que «esta ley tiene unos problemas muy serios de inconstitucionalidad y el Gobierno de La Rioja tiene encomendada la defensa de la legalidad, además de ser el encargado de ejecutar dicha ley, con lo que si no recurriéramos estaríamos poniendo a la Administración pública riojana en la tesitura de cumplir unas órdenes que son inconstitucionales».

Por ello, el Consejo de Gobierno ha encomendado a la Dirección General de los Servicios Jurídicos su representación y defensa en este recurso, cuya fecha tope de presentación es el último día de este mes, el 28 de febrero. En concreto, el recurso de inconstitucionalidad se referirá, al menos, a los artículos 10, 30, 35, 43, 44, 45 y 47 que tienen relación con el sacrificio de los animales, actuaciones de inspección y registro, así como la venta, donación y cesión de animales. Además, el Ejecutivo riojano observa discrepancias en materia del régimen de infracciones. En este sentido, el Gabinete de José Ignacio Ceniceros también considera que la Ley de Protección de Animales invade competencias estatales y contraviene diversas normas básicas dictadas por el Estado y que la nueva regulación impone sanciones administrativas para infracciones como el maltrato animal que ya son delitos según el Código Penal y se vulnera la autonomía de los municipios al obligarles a tener un centro de acogida de animales.

Para el Ejecutivo riojano, las obligaciones establecidas para llevar a cabo el sacrificio de animales determinando qué profesional es el habilitado para hacerlo y cuáles son los espacios en los que tiene que llevarse a cabo, son contrarias a la normativa estatal que prescinde de la autorización de la administración competente. Del mismo modo, la obligatoriedad de inscribir todos los animales en un libro de registro oficial impone obligaciones adicionales que no son necesarias y que vulneran la garantía de la unidad de mercado.

Por otro lado, en relación con la compra y venta de animales, la Ley autonómica se excede en obligaciones para los titulares de los animales no exigidas por la normativa estatal y que son contrarias a las propias normas de La Rioja, asimismo impone gravámenes contrarios a la Ley de Unidad de Mercado y a la Directiva de Servicios.

Por último, el Gobierno regional considera que no prever la necesidad de autorización judicial durante el ejercicio de las labores de inspección para la entrada en el domicilio de las personas, vulnera el artículo 18 de la Constitución que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Consultado sobre las dudas de la legitimidad del Ejecutivo riojano para presentar dicho recurso, Domínguez ha admitido que «efectivamente hay dudas, porque hay antecedentes previos en todos los sentidos, pero el Ministerio Fiscal siempre se ha mostrado a favor de la legitimidad de las Comunidades Autónomas».