Gobierno y FER cargan contra la obligación de cotizar por más de 3.600 becarios en La Rioja

Hasta ahora sólo era obligatorio dar de alta a los becarios que realizaban prácticas remuneradas y sólo se debían pagar cotizaciones por los estudiantes que realizasen esta formación de manera voluntaria. Los becarios que cobraban, pero que realizaban prácticas curriculares, es decir, obligatorias para obtener el título, estaban exentos de pago al estar la cotización bonificada al 100%. El pasado 29 de diciembre la situación cambió y todos los becarios de FP y de la universidad, todos sin excepción, con independencia de si son prácticas obligatorias o no, deberán ser dados de alta en la Seguridad Social.

El cambio normativo, introducido en la disposición adicional quinta del real decreto de revalorización de las pensiones aprobado en el último Consejo de Ministros del 2018, afectaría a unos 3.650 alumnos riojanos cada año, y de ellos, unos 2.300 serían de Formación Profesional y el resto (1.350) de la Universidad de La Rioja. En términos económicos, aunque todavía no hay cifras de la cuota a ingresar a la Seguridad Social por estudiante en prácticas, en fuentes universitarias barajan una horquilla de entre 60 y 120 euros al mes, así que teniendo en cuenta el número del alumnos, la modificación legal supondría un coste mínimo de 219.000 euros y máximo de 438.000 euros sólo por un mes. A esta cantidad habría que sumar el resto de meses que efectúen las prácticas que pueden alcanzar hasta los seis en función de los estudios.

A falta de la negociación del reglamento que desarrolle la nueva norma, para lo que hay un periodo de tres meses, la medida no ha gustado ni al Gobierno regional ni a los empresarios riojanos que cargan contra el fondo y la forma. En Educación, su director general, Miguel Ángel Fernández, arremete contra la polémica disposición adicional quinta contra la que también clamó la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), porque, dice, «se metió de tapadillo». Además apunta que continúa la línea iniciada por el Gobierno de Sánchez de «regular aspectos sin ningún tipo de negociación. Ni se ha consultado ni se ha debatido ni se ha medido el impacto que podría tener».

Desde la Universidad de La Rioja, su rector, Julio Rubio, minimizaba ayer el efecto que la obligación de cotizar tendría en nuestra comunidad porque el 75% de los alumnos que hacen prácticas, que representan el 85% del total de estudiantes, las efectúan en la administración pública, sobre todo en colegios y centros sanitarios, porque Enfermería y Educación son la escuela y la facultad que más becarios generan. Además, no cree que la medida, que cree positiva porque da «mayor protección a los estudiantes», retraiga a muchas empresas de la región. En cualquier caso avisa de que en el momento actual y en el supuesto de que el pago de las cuotas a la Seguridad Social recayera en las arcas del campus, el desembolso sería «inasumible». No obstante, confía en que todas estas cuestiones se perfilen en los próximos meses mientras se desarrolla el reglamento y en que finalmente se mantenga la bonificación de las prácticas curriculares.

Los empresarios de La Rioja, uno de los puntales sobre los que se sostienen buena parte de las prácticas no laborales o académicas realizadas por los alumnos universitarios y de Formación Profesional, son también muy críticos con una iniciativa «unilateral», apoyada por UGT y CCOO, que «no tiene otro objetivo que el de recaudar más dinero a costa de las empresas que siguen sufriendo las cotizaciones más altas de Europa y seguir, por tanto, exprimiendo y castigando a la actividad empresarial que es la única que crea empleo en este país». Así lo sostiene el secretario general de La Federación de Empresas de La Rioja (FER), Eduardo Fernández, quien teme que desincentive a los alumnos de la universidad y de FP que necesitan desarrollar sus prácticas para completar la formación.

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) se sumaba ayer a las críticas. Su rector, José María Vázquez, parte de la base de que es un error equiparar las prácticas remuneradas con aquellas que no lo están y entiende que el Gobierno «ha podido dejarse llevar por esa cultura generalizada de la sospecha ante las empresas según la cual todo estudiante en prácticas resultaría ser una víctima de un sistema explotador».