«Con la situación actual la UR no podría asumir el desembolso»

Aunque positiva porque «da más protección a nuestros estudiantes», el rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio, no esconde que la disposición por la que es obligatorio dar de alta en la Seguridad Social a todos los alumnos en prácticas de la universidad y de FP genera cierta incertidumbre sobre quién asumirá el coste de esa cotización que, aunque sin cuantificar, «supondría un desembolso de cientos de miles de euros al año». Una cantidad que, tal como avisa de antemano, «con la situación presupuestaria actual no podría asumir esta universidad». Precisamente, es este extremo el que deja en el aire la disposición que sí abre la posibilidad a que se concrete vía convenio.

De ahí que una de las cuestiones sobre la que habría que debatir en los próximos meses es quién abona las cuotas a la Seguridad Social cuando las prácticas se hacen en una institución pública, precisamente donde las efectúan el 75% de todos los becarios de la UR.

«La Universidad de La Rioja es una institución pública que depende de la subvención del Gobierno autónomo -apunta- con lo cual ahí hay algo que hay que decidir, hay algo que no está claro, aunque también podría ocurrir que, como hasta ahora, se bonifique la cotización», apunta Rubio para describir un escenario abierto en el que «necesariamente vamos a tener que llegar a un acuerdo con el Gobierno de La Rioja, sobre todo, y con otras administraciones locales».

En cuanto a las prácticas que se realizan en empresas privadas y el temor a que se retraigan por tener que dar de alta a los estudiantes, Rubio considera que «es un mal argumento porque las empresas también sacan un valor de los estudiantes que van a tener en prácticas. No son organizaciones caritativas, colaboran con nosotros porque también sacan un beneficio», incide.

El vicerrector de Estudiantes, Rubén Fernández, cree que en los tres meses que hay para negociar el reglamento que desarrolle el real decreto tendrá que haber una mesa de diálogo en la que «habrá que buscar la manera de cómo regular este tipo de pago a la Seguridad Social, ya que estamos hablando de la caja de Seguridad Social que es la misma para una universidad pública como para la administración». Sobre las empresas asegura que en casos contados se ha rechazado dar de alta a la Seguridad Social y que, en cualquier caso, «si hay algún tipo de bajada en la oferta desde las instituciones privadas, que no creo que suceda, buscaremos vías alternativas para que sigan con sus prácticas», que en el caso de la UR son curriculares es decir, obligatorias, en 16 de los 19 grados que se imparten.