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La UTE Fundación Ramón Rey Ardid y Red Ardid La Rioja gestiona desde el pasado 20 de octubre la residencia de personas mayores Santa María La Real, en Nájera. Asume así la dirección del centro con más de dos meses de retraso respecto de ... la previsión inicial que apuntaba al 1 de agosto, pero no según los plazos de la administración dado que el contrato podría prorrogarse por un plazo máximo de seis meses o hasta la llegada de la nueva concesionaria, como así ha sido.
La UTE contratada para llevar las riendas de la residencia najerina, de titularidad municipal, pertenece al grupo aragonés Fundación Rey Ardid, que en La Rioja gestiona la Residencia Nuestra Señora del Pilar, en Alfaro, que dispone de 72 plazas (52 privadas y 20 concertadas) y, desde junio de 2018, el centro de día de Casalarreina.
La entrada de la nueva UTE pone fin a la polémica gestión de Aralia Servicios Sociosanitarios, que arrancó desde el mismo momento de su adjudicación por debajo del precio de salida. La anterior empresa alertó de una baja temeraria que el Tribunal Administrativo Central negó, aunque sí reconoció que la rozaba. Antes ya había ganado la licitación del centro de día de Alfaro. Era 2017 y el nombre de su fundador, José Luis Ulibarri, ya estaba asociado a los casos de corrupción más sonados, como Gürtel, Púnica y Enredadera. Esta última trama trató de infiltrarse en varios municipios de La Rioja.
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Servicios Sociales abrió dos procedimientos sancionadores a Aralia. El primero por dos infracciones, una leve y una grave; y el segundo por una infracción grave. En ambos casos «por prestar una asistencia inadecuada a los usuarios».
El director del centro najerino también fue crítico con la gestión. Denunció que desde que Aralia se hizo cargo de la residencia bajó la calidad de la alimentación. Una censura que apoyó con un informe médico que alertaba del «déficit de proteínas e hipoalbuminemia en las analíticas de los residentes». Tras las críticas a la «desatención de los usuarios», la firma trasladó al directivo al centro de día de Santo Domingo de la Calzada, quien recurrió la decisión a la Justicia. Finalmente, el TSJR dio la razón al trabajador, que tuvo que ser reubicado en las instalaciones de Nájera.
En este tiempo, las familias de los usuarios de la residencia también mostraron sus quejas por la atención que estos estaban recibiendo. Enviaron una carta a Servicios Sociales en la que le mostraban su malestar y su preocupación por el trato y servicio a los mayores, y por la «tremenda falta de personal».
Aseguraban que para atender a unos cien usuarios por las noches, en su mayoría dependientes o grandes dependientes, «para hacer las labores de vigilancia, para cambios posturales, cambios de pañales y atención a enfermos» solo había dos personas. Aralia, por su parte, negaba la falta de personal y, respecto de la alimentación, defendía que los productos eran suministrados por proveedores homologados, aunque ante las quejas habían cambiado de proveedor.
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