La función pública pide modernizarse

La Rioja ha superado por primera vez en su historia la cifra de 18.000 funcionarios y empleados públicos. En concreto son 18.327 trabajadores, el 13% de los ocupados en la región, quinta ratio más baja por comunidades autónomas. El grueso se concentra en la administración regional, con una plantilla de 12.859 personas, según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Función Pública. A continuación les siguen 2.901 empleados públicos del Estado y 2.567 de los 174 ayuntamientos, de los cuales, aproximadamente, 900 trabajan para el Consistorio de Logroño.

Este informe semestral del Gobierno central compila los datos de las plantillas del sector público, aunque en relación con la administración autonómica, solo las de las consejerías y sus organismos autónomos, el Servicio Riojano de Salud y el Instituto de Estudios Riojanos, en el caso del Ejecutivo regional. Así que de la memoria del Ministerio se quedan fuera los trabajadores de las entidades empresariales públicas (Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja); otros entes públicos (Consejo de la Juventud de La Rioja); las sociedades públicas (Valdezcaray, Instituto Riojano de la Vivienda y La Rioja 360); las fundaciones (Tutelar, Hospital de Calahorra, Rioja Salud, Rioja Deporte y Fundación para la Transformación de La Rioja) y los consorcios (CEIS-Rioja). En este listado colgado en la web del Gobierno regional faltan dos entes de nueva creación: la empresa pública Sociedad Riojana de Cuidados Integrales (gestión del transporte sanitario) y la Fundación para la Ciudad del Envase y el Embalaje, a los que en lo que queda de año se sumará la Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE), cuando concluya su tramitación parlamentaria

La necesidad de reforzar plantillas por la pandemia explica esta cifra de 18.327 trabajadores, nunca alcanzada en La Rioja. Las actualizaciones salariales (tanto las subidas como las bajadas), e incluso las prestaciones extraordinarias por enfermedad, por ejemplo, sí se han ido actualizando ajustándose a lo establecido cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero otras cuestiones que afectan al día a día de las plantillas solo han podido avanzar gracias a una herramienta prevista en todos los acuerdos, las comisiones paritarias de interpretación y seguimiento, porque los acuerdos que regulan las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores del sector público en La Rioja están recogidas en compromisos que decayeron hace más de una década.

En el caso del Estado, el último gran acuerdo marco en la Función Pública data de marzo de 2018, y en el de la Comunidad Autónoma, de febrero de 2009 (para el cuatrienio 2008-2011). Este texto se ha ido prorrogando por periodos anuales sucesivos. Y las modificaciones han sido muy numerosas, muchas de ellas publicadas. La más significativa es la que se alcanzó en septiembre de 2018, cuando la Mesa General de la Función Pública cerró un pacto que, entre otras mejoras económicas y sociales, permitió a los empleados del Gobierno regional recuperar en dos años la jornada laboral de 35 horas (18 en el caso de los trabajadores de Educación).

En el caso del Ayuntamiento de Logroño, el último texto regulador corresponde al periodo 2009-2011. Desde entonces se han hecho también cambios, pero «modificaciones escritas al convenio» como tal «no existen», como tampoco «aparecen por ninguna parte» los acuerdos que alegan los presentantes de la Policía Local en la mesa de negociación. Así lo explica la concejala de Personal, Eva Loza, quien subraya que el actual equipo de Gobierno se propone iniciar una negociación del acuerdo «en su conjunto» que presume «complicada y muy laboriosa», pero que hay que acometer, ante la obsolescencia de un acuerdo entre cuyos conceptos todavía se recogen el servicio militar y la objeción de conciencia.

Como contraposición a este escenario desfasado en el que se mueve la mayoría del sector público en La Rioja está el caso del Ayuntamiento de Lardero. Su acuerdo para 2021-2023 no sólo recuperó las 35 horas semanales y acordó que los trabajadores volvieran a cobrar la baja desde el primer día. También se renegociaron los precios de las horas extraordinarias, y los empleados que cumplen 60 años trabajan una hora menos al día. El acuerdo introdujo importantes mejoras sociales. Así, por ejemplo, hay premios a la natalidad o adopción, que van de 100 euros por hijo a 1.200 si son tres o más; una ayuda mensual de 50 euros para los trabajadores con hijos menores de tres años; indemnizaciones por muerte, invalidez o jubilación anticipada y el pago de la renovación del permiso de conducción para los trabajadores que por su trabajo en el Ayuntamiento tengan que utilizar un vehículo municipal. En materia de asistencia sanitaria, aunque con determinadas limitaciones, el grado de cobertura es amplísimo (gastos oculares, lentes de contacto, dentista, gastos auditivos y gastos para prótesis de cadera» y al cumplir los 45 años o con anterioridad, si se determina en la revisión médica, los hombres tienen derecho a una revisión prostática y las mujeres, ginecológica y de mama, en el caso de que esta vigilancia no la esté realizando la Seguridad Social por motivo de la edad del empleado público.

Este acuerdo sí recoge un anexo específico para la Policía Local de Lardero que, entre otros beneficios, establece un complemento económico por trabajar en fiestas. Además, dentro del complemento genérico de productividad, «tal y como contempla el artículo 58 de la Ley 3/1990, de 29 de junio de la función pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja», se define el concepto de 'disponibilidad para el servicio', esto es, la disposición de los agentes para la atención de las llamadas que desde el Ayuntamiento se realicen con el fin de alcanzar «una presencia mínima de personal en cada uno de los turnos establecidos en el calendario laboral ante las ausencias o salidas del trabajo que se pudiesen producir».

La participación en la prestación de disponibilidad para el servicio es retribuida con una cantidad económica de periodicidad mensual de 275 euros, «además de las correspondientes gratificaciones extraordinarias que se devengan».

Los agentes que están en la bolsa de horas, cuando tengan asignado un servicio extraordinario, podrán renunciar a este «por motivos personales, aparte de las causas previstas por la Ley y de los permisos contemplados en este acuerdo, que debe justificar por escrito». Este derecho podrá ser ejercido «siempre que haya un compañero de los de la bolsa de horas que realice este servicio extraordinario».

Los agentes pueden renunciar dos veces al año «como máximo», sin que suponga pérdida del complemento de disponibilidad. Si alguno rechazase algún servicio «siendo el único que pueda cubrirlo, será sancionado con una pérdida del complemento de productividad de un mes».

Para finalizar, y sin salir de la administración local, el último ayuntamiento riojano en actualizar las condiciones laborales y sociales de sus trabajadores ha sido el de Arnedo, cuyo acuerdo llevaba paralizado desde hace veintidós años, salvo los aumentos salariales fijados por el Gobierno de España en las leyes de Presupuesto. La subida pactada ha sido del 24,2% del complemento específico, lo que ha elevado la masa salarial el 7,6%.

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