La Fiscalía detecta una «eclosión» de delitos urbanísticos en La Rioja

El mayor celo que están poniendo las administraciones, con una mejor y más concreta regulación de la normativa, así como el incremento de las denuncias tanto de entes públicos como de particulares, están detrás de este aumento de las investigaciones y, en este sentido, Enrique Stern destaca en la Memoria «la primera condena por delito urbanístico (prevaricación) en que se acuerda la demolición de la construcción ilegal». Este caso tuvo lugar en un inmueble de la localidad de El Redal, donde un exalcalde y su secretario municipal fueron condenados por autorizar la construcción de una nave conociendo la ilegalidad urbanística. La sentencia, además de la imputación del delito penal, hizo a los condenados responsables subsidiarios de la demolición del edifico ilegal.

El mismo camino lleva una construcción en suelo no urbanizable protegido, con el agravante de que fue vendida a terceros por 32.000 euros sin que los compradores conocieran la ilegalidad de la construcción. El fiscal ha formulado una acusación por estafa y anuncia que pedirá además la demolición de la construcción.

La Fiscalía ha puesto también el punto de mira en las actuaciones en autoridades y funcionarios. Así, mantiene abiertos dos procedimientos penales contra varios representantes públicos por supuestos delitos de prevaricación, prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delitos. En uno de ellos, la causa general no sigue su tramitación, aclara la Fiscalía, al haberse archivado las actuaciones sobre autoridades y funcionarios, aunque dicha decisión ha sido recurrida por el Ministerio Público. En todo caso, sí siguen adelante las instrucciones contra los particulares por delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental, desobediencia y, eventualmente, estafa.

El informe de la Fiscalía presta también atención a las tres denuncias presentadas por el Ayuntamiento de Arnedo por «desobediencia» a la orden de paralización de una obra ilegal, un hecho que considera «destacable» por cuanto anteriormente las administraciones locales no estaban denunciando este tipo de infracciones penales.

Como ejemplo claro de repercusión mediática, la Fiscalía cita el caso de las denuncias formuladas por personas y entidades contra el chalé del expresidente de La Rioja Pedro Sanz, pero también advierte del caso que investiga un juzgado de instrucción logroñés por un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios contra un profesional que, al mismo tiempo, ejerció como arquitecto municipal y como arquitecto al servicio de empresas promotoras.