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Como buen país mediterráneo que se precie, los delitos urbanísticos han campeonado durante décadas por el territorio patrio. El tipo más conocido, y el que se ha llevado los grandes titulares en incontenibles y desbordantes ríos de tinta, es aquel que se perpetra a gran ... escala. Hermano inseparable de la corrupción, arrasa los terrenos en los que planta sus insolentes cimientos hormigonados y llena los bolsillos de desaprensivos sin escrúpulos: Urbanistas, promotores, propietarios de terrenos, comisionistas, funcionarios, cargos públicos, políticos de todo tipo y condición y otras malas hierbas que crecen al abrigo del cemento ilegal. Tiene un área de acción muy reconocible en grandes urbes y en buena parte de la costa nacional, aunque puede reproducirse en cualquier punto si el avispado sinvergüenza de turno olfatea la posibilidad de negocio fácil y dinero rápido y a expuertas. Lucro ilegítimo, por supuesto.
Y luego está la chapuza urbanística individual. La de andar por casa. Esa de «en mi chamizo mando yo y en él hago lo que quiero porque me da la gana y a ver quién me dice a mí lo contrario». La que convierte casetas plantadas en terrenos rústicos o en suelo agrícola en merenderos, que posteriormente derivan en cabañitas de fin de semana a los que se adosa una huertita, que más tarde acaban mutando en 'chaletitos' en donde se excava una poza para sofocar los calentones veraniegos, agujero que con el tiempo crece hasta transformarse en un piscinazo con depuradora, corcheras y luminarias sumergidas. A este tipo de adefesios particulares que proliferan sin orden ni concierto en algunas poblaciones somos por aquí más adictos.
El fiscal jefe de La Rioja anda alarmado por la «eclosión» de delitos urbanísticos de este y otros pelajes y así lo hace constar en su Memoria anual. Cita como ejemplos los desmanes que se producen en Villamediana y Arnedo. Dos términos municipales reconocidos por las singulares transformaciones en que derivan humildes barracas de aperos, modestas casillas y chiringos varios.
En paralelo, el Gobierno regional ha anunciado la creación de un consorcio al que se le ha endosado una denominación de empaque, digna de grupo ochentero: 'Agencia de la Protección de la Legalidad Urbanística'. Ahí queda eso. Una entidad que aglutinará, de momento, a ochenta municipios de la región interesados en delegar las competencias en el ámbito de la protección de la legalidad urbanística, en el régimen sancionador y en la inspección. Así, de primeras, suena a quitarse el muerto de encima y endosárselo a otro. El objetivo final será, en palabras del consejero Cuevas, «restaurar la legalidad urbanística cuando se produzca una infracción». Que no es lo mismo que buscar la fórmula adecuada para legalizar las infracciones urbanísticas una vez que estas se han generalizado y aquí paz y después gloria. Que de eso también ha habido. Ustedes ya me entienden. Le deseo al consorcio este la mejor de las suertes. Aunque se me antoja poco torero para enfrentarse a semejante cornamenta.
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