El Supremo abre la puerta a que 4.000 interinos de La Rioja sean considerados indefinidos no fijos

Esto abre la puerta a que centenares de trabajadores que llevan años –algunos, décadas– cubriendo vacantes en la Administración regional, puedan poner fin a una situación de interinidad cronificada. Centenares, decimos bien. Pues resulta imposible concretar el dato, dado que oficialmente no hay una relación tasada de cuántos trabajadores a nómina de la Administración regional se encuentran en esa situación. Un listado que, según el Gobierno regional, ya se «ha remitido» al Parlamento, pero cuyo contenido no ha transcendido.

La elaboración de ese censo «con nombres y apellidos» es una petición demandada «desde hace cinco años» por la Plataforma de Interinos de La Rioja (PIR), que estima que alrededor de 4.000 empleados de la Administración riojana llevan más de tres años trabajando para la Comunidad cubriendo vacantes, un plazo de tiempo «injustificadamente largo», según el Supremo.

Hasta el momento son ya 200 las demandas presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), de las que veinte ya han prosperado, «reconociéndose el abuso», según la PIR, que exige al Gobierno regional «que afronte su responsabilidad». No solo eso. Además le insta a «no huir hacia adelante, actuando irresponsablemente al impulsar unas oposiciones, que hemos recurrido, y que solo servirán para provocar inseguridad jurídica y engordar aún más el problema». Y es que, según sus explicaciones, «únicamente se pueden sacar plazas de menos de tres años, como establecen el EBEP y las directivas europeas; incluir las que superen ese plazo es una ilegalidad que –lamentan– apoyan los sindicatos».

Además, y a pesar de la esperanza que da a este colectivo la nueva doctrina del Supremo, aún señalan insatisfacciones. Por una parte, la sentencia del Alto Tribunal obliga a convertir de forma automática a los interinos que lleven más de tres años ocupando una vacante en indefinidos 'no fijos', –un puesto intermedio entre un trabajador temporal y uno de oposición–, que otorga al empleado la fijeza de su puesto hasta que se convoque una oposición o concurso para ocuparlo. Si lo supera, entonces sí que se hará con la 'propiedad' de la plaza. Y si no lo consigue tendrá derecho a obtener una indemnización de 20 días por año de servicio, «cuando hasta ahora te ibas con una mano delante y otras detrás», dado «el 'acuerdazo' firmado por el anterior Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF», ante los que se manifiestan «defraudados».

En este sentido, la Plataforma riojana considera que la compensación económica no debería ser «la de un despido normal, la de los 20 días, sino por lo menos la de 33 días, la del despido improcedente, por haber estado contratados en fraude de ley, algo que –subrayan– está avalado por Europa, que exige indemnizaciones disuasorias». Con la advertencia del gravísimo problema económico que acarrearía para las arcas públicas desembolsar todas esas compensaciones que, en conjunto, siempre según los cálculos de la Plataforma, rondarían los 160 millones de euros, unos 40.000 por empleado.

Vicentees profesor interino desde hace 30 años. Empezó en el Levante español y luego se trasladó a La Rioja. Ahora prepara la oposición para sacarse la plaza de su especialidad, que «desde 1999 no se ha convocado» en la región, consciente de que, si no supera todo el proceso, «me pueden dejar tirado». Este docente en un instituto riojano pide a la Administración regional «que pare ya este abuso, porque tiene que entender que no puede tener atrapado en un problema endémico a un colectivo tan amplio de trabajadores», que «estamos aquí por mérito y capacidad demostrados durante mucho, mucho tiempo». La sentencia del Supremo «es una alegría porque empieza a dar una perspectiva de la situación», pero «incompleta», ya que juzga «inadecuada» una indemnización de 20 días por año trabajado, dado que «el peso de este problema recaería sobre el trabajador, cuando quien ha incumplido flagrantemente ha sido la administración pública». Su objetivo, como el de muchos de sus compañeros, es «una estabilidad definitiva hasta que llegue a la jubilación, que no solo repararía el fraude de ley, sino que además evitaría una losa económica brutal para los contribuyentes riojanos».

Y es que la aspiración de los interinos agrupados en la PIR es que sean reconocidos como 'indefinidos a extinguir', es decir, que se mantengan en sus puestos de trabajo hasta su retirada de la vida laboral, eso sí, sin adquirir la condición de funcionario de carrera. Para reforzar sus argumentos ponen dos ejemplos. Por una parte, recuerdan que el Parlamento regional ha convertido en indefinidos a cinco trabajadores interinos para dar cumplimiento a lo que mandata su Estatuto de Personal y acabar así con el régimen de abuso de temporalidad de estos empleados de larga duración. La PIR manifiesta su total apoyo a la decisión de la Cámara autonómica que, sin embargo, ha sido recurrida por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional por entender que estos cinco interinos no cumplen los requisitos de igualdad, mérito y capacidad. La Plataforma subraya, en este sentido, que «todos los interinos por ley, por el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, acceden a la función pública cumpliendo esos requisitos».

Pero es que, además, en este punto enlazan con el segundo ejemplo que esgrimen para defender sus posiciones: la reversión del servicio de Radiología al Hospital San Pedro, prestado hasta ahora por 37 trabajadores de una empresa privada. Lo que hizo el Seris fue recuperar el servicio y convertir a esa plantilla en empleados públicos 'a extinguir', es decir, que seguirán en sus puesto de trabajo hasta su jubilación. Una posibilidad «reconocida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año en su artículo 87», subraya la Plataforma. Por eso, resulta «completamente absurdo» que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública lleve al Tribunal Constitucional al Parlamento de La Rioja. Ya que, opinan, «debería tener el mismo criterio para unos trabajadores privados que revierten a lo público y para unos empleados públicos que están en fraude de ley, porque con ellos se ha incumplido el plazo máximo de tres años». «Un mismo criterio para un mismo problema, que es lo que ha hecho la Cámara riojana», enfatizan.

La Plataforma también aplaude la reversión de Radiología a la red sanitaria pública, porque «si se hubiera prescindido de ellos tendrían que haberles indemnizado, dado que eso está tasado para la empresa privada, a diferencia de lo que ocurría en el sector público hasta la sentencia del Supremo, donde el despido de interinos era libre y gratuito».

El mismo que sufrió Ana, administrativa del Servicio Riojano de Salud, que después de 25 años de trabajo «se encontró en la calle con una mano delante y otra detrás». Su periplo es tan alambicado que mejor dejamos que ella lo cuente: «Empecé con contratos temporales de dos o cuatro meses de duración hasta que logré mi primera interinidad que duró doce años. Entonces me 'ocuparon' la plaza y volví a contratos temporales de los que nadie quiere, como los de un solo día de duración para cubrir festivos muy especiales. Luego tuve una segunda interinidad de más de diez años, pero mi plaza fue ocupada por otro compañero al que obligaron a reincorporarse, y así fue como me fui a la calle sin nada». Ana recurrió a la Justicia que, en primera instancia, «no me reconoció la indemnización por entender que en estos 25 años ¡no había tenido daño alguno!», pero no desiste en su empeño, a la espera de «que se me haga justicia verdaderamente».

También ha apelado su caso Laura, tras quince años como interina en el área administrativa del Seris, para que «me reconozcan el fraude de ley, solo pido eso». Esta trabajadora se aferra a que «en algún momento dejarán de marear la perdiz y acatarán lo que dice Europa», pero no esconde «el sufrimiento y el estrés que padeces, porque das lo mejor de tu vida, la juventud, y este es el triste resultado».

Una tensión que comparte María, enfermera que lleva 20 años como interina cubriendo una vacante que «nunca ha salido a traslado o a oposición». «Es que yo soy el único sustento de mi casa», dice. Por eso siente «mucho miedo de perder su empleo» y atribuye que el problema de los interinos se haya enquistado a que «somos mucho más manejables y nuestras retribuciones son inferiores a las del personal fijo». María solo aspira a «estabilizar» su puesto y reivindica que los méritos «ya los he demostrado suficientemente».

Lo mismo que Pilar, 61 años, 26 de ellos como interina administrativa en el Seris: «Es lamentable que después de dar toda tu fuerza te manden a la calle con una patada en el culo, sin ningún miramiento y echando por tierra toda tu jubilación». Pilar rompe a llorar. Se hace un breve silencio. Hasta que estalla: «¡Que a estas alturas de mi vida laboral tenga que andar así!»