La falta de personal impide controlar todas las VPO y la vigilancia se concentra en las alquiladas

«En estos momentos no tenemos personal suficiente para poner en marcha una línea de inspección de campo más directa» y no limitada a los inmuebles arrendados, explica el director general de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda, Gonzalo López. Ahora bien, se trata de «una cuestión que nos tenemos que plantear», porque «entendemos que sí es necesario activar un control para evitar el uso fraudulento de las VPO». Por ejemplo, que el propietario no habite la vivienda, que ya posea otro piso en propiedad, que sus ingresos hayan mejorado lo suficiente como para hacerle perder su derecho a una VPO o que venda su piso antes de que pase el tiempo que exige la normativa para poder realizar una operación de transmisión. De hecho, solo uno de los 158 expedientes sancionadores incoados por el Gobierno de La Rioja en el último trienio aparece en el 2019 con la venta de un piso construido antes del 2013. El mínimo temporal en ese caso es de diez años, pero la operación se materializó sin haberse cumplido la década, lo que conllevó, además de la multa procedente, una pena accesoria para el propietario ya que se le obligó a devolver 20.619,05 euros de las ayudas públicas (tanto para el acceso directo a la compra como para la parte de subsidiación del préstamo convenido) que recibió cuando la adquirió. Ayudas e intereses, claro.

También relacionados con operaciones de venta en el 2018 se abrieron dos procedimientos en los que la irregularidad detectada era que las transmisiones se habían celebrado sin cédula de habitabilidad.

Así que el grueso de los procedimientos tramitados entre el 2017 y el año pasado se polarizó sobre las VPO arrendadas, sumando un total de 155 expedientes. De ellos, la mayoría (108 procesos), por omisión de visado del contrato de arrendamiento y el resto (47), por detectar un sobreprecio en la renta acordada en el contrato. En este último caso, los inquilinos pudieron recuperar un total de 34.221,37 euros cobrados de forma indebida por sus arrendatarios.

Todos estos expedientes se generan «por la vigilancia de la documentación en la tramitación de las líneas de ayuda al alquiler, tanto del arrendamiento general como del específico para jóvenes, donde se contrasta si la vivienda que se alquila es o no es de VPO, si tiene visado, el precio que se aplica, etcétera», señala el director general de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda. Como consecuencia de ese «cruce de información» se localizan las anomalías, que devienen en la apertura de los procesos sancionadores.

En cualquier caso, López insiste en que es preciso ampliar las actuaciones de control a todas las VPO con visitas domicilio a domicilio, «pero ello va en función de los recursos de personal que tiene esta Dirección General» y que «están dedicados básicamente a la tramitación de todas las líneas de ayudas, que ocupa una gran parte del esfuerzo, y a la gestión que va pareja con todos los temas de vivienda». En su opinión se necesitarían «dos o tres personas más: una para la tramitación y una o dos para realizar el trabajo de campo.

Por último, López afirma que el Gobierno de La Rioja carece de datos estadísticos sobre el volumen actual de VPO sin ocupar. Hace un año había 283 pisos.