Andreu obvió informes internos contrarios a la compra de suelo para la Ciudad del Envase

Lo que concluye la auditoría es que, tal y como habían advertido informes internos de la entidad que fueron obviados por el Gobierno de Andreu, el método elegido para la transmisión de los terrenos propiedad de Sepes a la Fundación del Envase, con la intermediación de la Agencia de Desarrollo, era «nulo de pleno derecho», por cuanto no respetaba el procedimiento administrativo.

Asimismo, KPMG avisa de la más que probable «vulneración» de la normativa comunitaria en materia de subvenciones por cuanto, mientras la ADER se obligaba a adquirir los 93.967 metros cuadrados de suelo industrial a un precio de 61,16 euros el metro cuadrado –y, según el convenio marco, se comprometía a comprar con posterioridad hasta casi un millón de metros a Sepes de El Recuenco (Calahorra) y la Senda (Alfaro) a ese mismo precio– , la Fundación del Envase pretendía venderlos luego a empresas privadas a 35 euros el metro: «El expediente no contiene ningún tipo de justificación de la rebaja del precio de adquisición a Sepes y el precio propuesto de venta de la Fundación ni sobre la compatibilidad de esta ayuda concreta con el mercado interior [comunitario]».

Igualmente, el asesor jurídico de la ADER, contrario a que ésta actuara de intermediario entre Sepes y la Fundación del Envase en lugar de formalizarse la operación directamente entre estas dos últimas entidades, ya advirtió de que esa primera operación de compra (93.967 metros para la sede del Centro del Envase) suponía un perjuicio económico para la propia ADER de 2,458 millones de euros [diferencia entre lo pagado a 61 euros el metro para venderlo a 35], por mucho que posteriormente fueran a ser compensados por Sepes a través de los Presupuestos del Estado: «Se trata de unas normas para comercializar [la venta a terceros] unas parcelas que no son propiedad de ADER, quien no tiene título jurídico alguno para operar con ellas, y menos para obligarse con un tercero, por lo que constituirían actos nulos de pleno derecho», advertía el funcionario.

En cuanto al procedimiento en sí, Sepes exigió a la ADER una garantía del 5% del montante de la operación (287.350 euros), que se aportó el pasado 15 de septiembre y que, según concluye tanto el auditor externo como el propio servicio jurídico de la Agencia, «se hizo omitiendo total y absolutamente el procedimiento legal establecido, por lo que estaríamos ante otra causa de nulidad de pleno derecho», con la advertencia también de que, si ese punto de partida era nulo, podrían serlo todas las operaciones posteriores.

De hecho, de no haber sido paralizado por el Gobierno de La Rioja, el cumplimiento del protolocolo completo con Sepes hubiera supuesto el desembolso de unos 60 millones de euros por la compra de todo el suelo industrial ofertado por Sepes en El Recuenco, Calahorra, y La Senda, Alfaro (un millón de metros cuadrados), con el riesgo evidente de nulidad de todo el proceso, puesto que la primera operación (la compra de la garantía del 5%) ya lo era, según KPMG.

Lo cierto es que la Ciudad del Envase era una prioridad absoluta para el Gobierno de Andreu. Así, entre otras cuestiones, las transferencias y emisiones de cheques en el reglamento interno de la ADER requerían de dos firmas, la de un técnico junto con la del gerente o el presidente de la Agencia (cargos estos dos últimos políticos), pero el 9 de septiembre de 2022 el Ejecutivo de Andreu cambió a los autorizantes para obviar la participación del técnico ante la aportación del 5% de garantía.

A pesar de ello, tanto la Consejería de Hacienda del anterior Gobierno como la Dirección General de Servicios Jurídicos –dirigida por un jurista, pero de libre designación– avalaron el procedimiento seguido para la adquisición de los terrenos, con la ADER como comprador y mediador, con el objetivo de respaldar el expediente tramitado, que finalmente fue paralizado por el actual Ejecutivo de Capellán tras decidir contratar la auditoría externa.