La economía sumergida disminuye pero todavía representa el 15% del PIB riojano

Este tipo de cálculos no suelen dejar en buen lugar a España en el contexto europeo. El Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR), en un informe reciente, afirmaba que la economía irregular representaba el 24% del PIB nacional, solo por detrás de Grecia (36%) e Italia (31%) y muy por encima de los países más 'legales' del continente: Bélgica (5%), Suecia (6%) y Eslovenia (7%). Porcentajes menores son los que estima la Universidad de Murcia en su análisis, en el que incluye el fraude fiscal y el laboral, cifrando en un 15,8% del PIB la economía sumergida en nuestro país.

El descenso en estos datos nacionales es progresivo, al igual que ocurre en nuestra región. Según este informe, en el año 2004, de pleno desarrollo económico, este negocio oculto representaba el 22%del PIBriojano, mientras en 2022, casi dos décadas después, queda en el 15%, aproximadamente 1.500 millones de euros. Para tomarlo en medida, el presupuesto regional para este 2025 es de 2.084 millones.

«La situación de tiempos pasados no tiene nada que ver con el momento actual, la percepción social es clara. Sin ninguna duda, la economía sumergida se está reduciendo», explica Ernesto Gómez Tarragona, decano del Colegio de Economistas de La Rioja. El mayor control por parte de la Administración de las actividades económicas tanto desde el punto de vista fiscal como el laboral así como la reducción del dinero circulante son dos de las causas principales de este descenso de la economía oculta, tal y como señala el decano de los economistas riojanos:«La limitación de los pagos en efectivo y la enorme cantidad de datos e información que cruzan las administraciones han sido claves».

Entre ese descenso generalizado, La Rioja es una de las comunidades que mejor situación asume, con un menor punto ciego en sus cuentas. Las más desarrolladas desde el punto de vista económico son precisamente las que cuentan con porcentajes más bajos: Madrid (13,8%), País Vasco (13,9%), Cataluña (14,4%) y Navarra (14,6%). Las de cifras más altas, las que sostienen un mayor lastre subterráneo en sus economías, son Andalucía (17,9%), Canarias (17,9%) y Extremadura (17,8%).

Además, el estudio de la Universidad de Murcia realizó una serie de encuestas sobre la percepción social de la economía sumergida, que concede algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, que las irregularidades fiscales de las empresas son valoradas como las más comunes, por delante de la extralimitación en los horarios de los trabajadores y el cobro parcial fuera de la nómina. Además, tres de cada cuatro personas consideraron perjudicial para la economía estos fraudes. La agricultura, los servicios domésticos y la hostelería fueron los tres sectores más señalados con respecto a las irregularidades laborales.

Con respecto a las estimaciones que siempre sitúan a España entre los países con más elevado fraude, Ernesto Gómez Tarragona indica que «siempre se ha hablado de una cuestión cultural de los países mediterráneos con respecto a los del norte de Europa, de que tenemos una forma de ser más individualista, de ir más a lo nuestro, con poco sentimiento de sociedad y ausencia de ese pensamiento de que si yo defraudo estoy defraudando al vecino».

Los baremos indican que esta problemática tiende a reducirse y para el decano del Consejo de Economistas existen algunas medidas que pueden rebajar aún más esa línea descendente: «Una es la eliminación de los paraísos fiscales, una cuestión sobre la que estaba enfocado el anterior Gobierno de Estados Unidos, otra es que sigan potenciándose los cruces de datos fiscales y la cantidad de información, además de la propia honestidad individual en nuestro día a día. Igualmente, ayudaría a ese mayor sentimiento de sociedad que observásemos un gasto público más eficaz y eficiente por parte de las administraciones públicas».