Dientes para los consumidores

Ha pasado ya un tiempo de eso. ¿Quieren saber cuánto le ha costado el asunto a la compañía en multas? En Estados Unidos, nada menos que 25.000 millones de dólares. ¿Y en Europa, casa madre de la compañía, mercado en el que más diesel se vende y, por tanto, más daño potencial se ha hecho? Un total de 5,5 millones en dos países. La conclusión es bastante sencilla: a una gran compañía, defraudar en Europa le sale por casi nada.

Ese caso, y algún otro (como los de denuncias masivas contra la banca española, o los problemas con algunas tecnologías), han hecho que la Unión Europea se plantee mover ficha. Ese movimiento tiene consecuencias potencialmente muy grandes para la defensa del consumidor.

No es que la ley europea no esté avanzada. De hecho, en cuanto a derechos del consumidor y en cuanto a sanidad y niveles de calidad de los productos, es de las más estrictas del mundo. Pero le falta una pata: en Europa, es muy difícil establecer denuncias colectivas que toquen a las empresas en el único sitio que les duele, que es el bolsillo. En Estados Unidos, donde la protección al consumidor no es tan obsesiva como en territorio europeo, sin embargo son frecuentes los casos en que las empresas se enfrentan (y muchas veces pierden) a demandas multimillonarias por haber obrado de mala fe o por dañar los derechos de sus clientes.

Eso es lo que se quiere para Europa. Lo presentó esta semana la comisaria de Justicia y Consumo, Vera Jourova, y se llama, un poco ampulosamente, 'Nuevo pacto con el consumidor'. Lo que hay detrás del proyecto (aún ha de pasar muchos trámites y muchas negociaciones) es un intento de unificar la normativa general para que los países tengan «más dientes» (la metáfora es de la comisaria) en su lucha contra las grandes empresas.

Dientes para los países, pero dientes, al fin y al cabo, para los consumidores. La propuesta es que asociaciones de consumidores y otras a las que los países certifiquen puedan iniciar esas demandas colectivas en nombre de un grupo de personas damnificadas. Europa intenta, además, evitar que este tipo de demandas quede monopolizada por los grandes bufetes de abogados.

La comisión pide también fomentar los acuerdos extrajudiciales (que pueden ser beneficiosos, dado que muchas veces acudir a la justicia es visto como algo lento y caro) y le ha puesto una cifra a este tipo de fraudes: una empresa que cometa una infracción que afecte a consumidores de varios países podría enfrentarse a una sanción de hasta el 4% de su facturación en cada uno de esos estados. O más, porque se pretende que cada país pueda legislar multas por encima de ese 4%. Una cantidad de dinero más que respetable en todo caso.

Las asociaciones de consumidores han saludado con esperanza este nuevo panorama. El secretario general de Adicae, Fernando Herrero, destacaba a la agencia Efe que la norma, que plantea también la obligación del comerciante de informar a los perjudicados por un determinado producto o servicio, «se ha basado en la realidad y no en la teoría sobre lo que es el consumidor», amparándose en la experiencia de sus ciudadanos.