El desmantelamiento de Garoña arrancará antes de junio

La planta del Valle de Tobalina, a poco más de 40 kilómetros de Vitoria, se encuentra hoy en lo que técnicamente se define como «fase previa al desmantelamiento», pendiente del traspaso de la titularidad de Nuclenor a Enresa (la empresa pública responsable de la gestión de los residuos radiactivos) y de varios informes y permisos, entre los que figura uno clave: la autorización de impacto medioambiental para lo que será la primera fase de los trabajos.

Esos son los pasos que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene pendiente de concretar, según reconoce en su respuesta a los senadores del PP por Burgos, Javier Lacalle y Cristina Ayala, que requirieron información por escrito el pasado septiembre. «Una vez más, se evidencia que los trabajos se siguen retrasando», explica Lacalle, que fuera alcalde de la capital burgalesa.

En la respuesta que el Ejecutivo le aportó el 18 de enero habla continuamente de «previsiones» y «estimaciones». Un término este último que incluso utiliza para fijar el tiempo global que se necesitará para la extinción física de la planta para dejar paso ese cementerio nuclear que permanecerá junto al Ebro durante al menos cinco décadas.

Por partes. La primera fase del desmantelamiento se prolongará al menos tres años. Y en ella se finalizará la carga del combustible gastado en contenedores así como su traslado al Almacén Temporal Individualizado (ATI), que está dentro del recinto y que acumulará 49 enormes contenedores con combustible gastado y seis más con otros residuos especiales. Lo dicho, durante al menos 50 años, hasta que se construya el Almacén Geológico Profundo (AGP), para el que aún no existe una ubicación decidida. Se proyecta para 2073.

Durante esta primera fase se «realizarán diversas obras de modificación de la central». El Gobierno destaca el desmontaje de «instalaciones convencionales y la remodelación del edificio de turbinas». En esta etapa se licitarán obras, servicios y suministros por 90 millones de euros. Se alcanzaría también, siempre según la información aportada en el Senado, los 300 trabajadores en el emplazamiento.

La segunda etapa durará siete años. Se eliminarán los sistemas de mayor envergadura, como la vasija del reactor «y otros elementos del circuito primario». Caerán la totalidad de los edificios y se procederá a la descontaminación de todo el recinto. El coste de esta fase se cifra en 195 millones de euros y la necesidad de trabajadores será mayor; «se alcanzará un pico próximo a los 350».

En total, el desmantelamiento se irá hasta los 435 millones de euros con la suma de conceptos como impuestos, tasas, seguros o costes de personal, entre otros. Y esta no es una cifra cerrada. Se refiere sólo a la cuenta a partir de que Enresa tome el control de la central. Porque habría que añadir lo que suponen las operaciones de los últimos meses, lo que el gobierno identifica como «trabajos preparatorios»; 467 millones. Y aún hay más.

En el suma y sigue, el Gobierno no computa el presupuesto necesario para modificar el ATI; el refuerzo de su blindaje para que Garoña sea autónoma en caso de incidencias y en todo lo referente a la vigilancia y mantenimiento de los contenedores –se recuerda, a cincuenta años vista–. Tampoco se aportan cifras por la compra de los contenedores así como del llenado (se requieren 160 horas y seguir un estricto protocolo) de los cinco primeros, uno entregado y cuatro ya construidos. 44 están en proceso de fabricación.

Javier Lacalle denuncia «el engaño» que han sufrido las poblaciones afectadas por la central. «Se ha declarado de interés general a todas las obras que realice el Ministerio a través de Enresa y eso le exime de pedir licencias a los ayuntamientos, que se quedarán sin poder cobrar, por ejemplo, el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras)», que supone en torno al 4% del presupuesto de cada proyecto. Tal y como reflejó este periódico el pasado diciembre, el Valle de Tobalina será el más afectado. Su alcaldesa, Raquel González, cuantificó la merma de ingresos por ese 'interés general' en ocho millones de euros.