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Último día del macrojuicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Logroño contra un presunta trama de fraude fiscal y creación de empresas ficticias y el principal acusado Ángel Arcéiz ha aprovechado su alegato final para «pedir justicia, pero justicia de verdad». Ha relatado ... que le ofrecieron llegar a un acuerdo con una pena de cárcel muy rebajada pero no lo aceptó porque dice se inocente. Ha segurado que durante el juicio «no se ha probado nada» y que si le condenan «iré al Supremo y al Constitucional y al tribunal de Derechos Humanos si hace falta».
Por su parte, el exalcalde de Zarratón, José María Jesús Villaverde, ha dicho sentirse convencido de que «se va a hacer por fin justicia porque hace más de 15 años que llevo arrastrando el tema de la plaza mayor del pueblo y me siento indefenso». Ha señalado que el día que firmó el convenio urbanístico «a mi pueblo le tocó la lotería y fue el mérito de nuestras negociaciones». De hecho el pueblo se lo agradeció «en las siguientes elecciones en las que barrí». «Yo soy transparente y honrado», ha concluido tras lamentar el calvario que vive desde hace quince años.
Ramón Cerda, el ideólogo de sociedades de la Gürtel, ha insistido en que no ha cometido ningún delito. «Llevo dos décadas vendiendo sociedades y es legítimo, pero sí es cierto que nunca le ha gustado a hacienda, pero eso no lo convierte en ilícito». Ha señalado que está en la cárcel porque se ha utilizado mal una de las sociedades que vendió pero «eso no me convierte en delincuente».
Antes del turno final, la defensa del principal acusado, Ángel Arcéiz, para quien la Fiscalía rebajó ayer la pena de cárcel de 24 años y medio a 22 y medio al retirar un delito contra la hacienda pública, ha insistido este jueves en la prescripción de los delitos que le imputan a su cliente y en la situación de indefensión del procesado.
«No está en condiciones de igualdad», ha reiterado la letrada de Arcéiz, quien se encuentra en prisión provisional. «Fue detenido en base a unos informes, detenido, ingresó en prisión y fue despojado de sus bienes, la mayoría de ellos subastados y otros embargados, como la casa de su madre», ha explicado. También se ha referido a que sus cuentas fueron bloqueadas y por tanto no ha tenido posibilidad de abonar la fianza que se le solicitó. Y a pesar de que se pidió que se le dejara en libertad para preparar la causa, la petición fue denegada.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, emplazó al tribunal a intentar entrar en la cárcel con todos los tomos de la causa para preparar el juicio con un acusado o con un portátil con todos lo folios escaneados «es imposible» ha lamentado. «Por eso decimos que no estamos en condiciones de igualdad. Se ha hecho lo que se ha podido y con los medios que se han tenido».
Respecto al pago de parte de la deuda fiscal, ha señalado que fue imposible hacer frente a esta obligaciones porque él ya estaba en prisión y las cuentas habían sido bloqueadas. Ha negado que su cliente tuviera un entramado de empresas ficticias: «tenía tres» y «están en el registro». Las sociedades, además, tenían actividad, no como alegó la acusación. A todo ello se suma que, según la letrada, en ninguna de sus declaraciones le leyeron sus derechos.
Antes de finalizar su exposición de conclusiones definitivas, la letrada pidió que subsidiariamente se aprecie la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificadas porque las actuaciones comenzaron en el 2007 y han transcurrido doce años y «desde que acaba la causa en el 2009 ha habido una paralización total de la misma sin ningún tipo de justificación». A su juicio, el hecho de que Arcéiz haya estado en situación de rebeldía no afecta al desarrollo de la causa. «No puede achacarse el retraso a Arcéiz porque la paralización no es imputable a su situación de rebeldía», ha enfatizado.
Llegado el turno de la defensa de Ramón Cerdá, el bautizado como ideólogo de sociedades de la Gürtel y de Nóos, su letrada ha pedido la absolución de su cliente. Ha subrayado la legalidad del negocio de venta de sociedades al que se dedicaba su defendido y que incluso, según ha dicho, llevaron a cabo las juntas de Andalucía y Extremadura.
En su intervención ha desvinculado a Cerdá de cualquier actuación que se pueda efectuar 'a posteriori' con las mercantiles transferidas. «Decir entonces que es colaborador de un delito es tanto como decir que los fabricantes de armas son colaboradores de todos los asesinatos que se cometen con ellas», ha señalado.
En cuanto al delito contable que se le imputa, ha reclamado la prescripción del mismo, aunque ha matizado que la mercantil Everforecer, la que Cerdá -que cumple condena por fraude fiscal en la cárcel de Aranjuez- enajenó a Arcéiz, contaba con libros contables y el «responsable de la contabilidad es el nuevo administrador y no el administrador cesado».
defensa de ramón cerdá
Finalmente, y tras cuestionar la cualificación de los peritos para investigar esta causa, ha rechazado que la ampliación de capital fuera ficticia y ha puesto en evidencia la situación de indefensión de su cliente a cuenta del delito de blanqueo de capitales «porque fue acusado por primera vez de éste en el auto de apertura oral». Por todo ello «mi representado debe ser absuelto».
Por su parte, la defensa del exalcalde de Zarratón, ha tratado de desmontar uno a uno los delitos que imputan a su cliente. «No le contrataban por ser alcalde, sino por vivir en la zona porque le conocen». Además, «entre mi cliente y el Ayuntamiento no había una relación de trabajo ya que no percibía salario porque no tenía dedicación ni exclusiva ni parcial», ha precisado.
Si bien en la sesión de ayer, el Ministerio Público rebajó la pena para Arcéiz, mantuvo invariables las peticiones para el resto, Jesús María Jesús Villaverde (exalcalde de Zarratón, para el que pide un año y medio de cárcel como presunto autor de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y otro de cohecho) y R.C.S., A.J.M., E.M.R. y A.M.L. (que se enfrentan a 5 meses por blanqueo de capitales) la acusación del fiscal no ha variado, si bien para los dos últimos plantea al tribunal la alternativa de una condena por insolvencia punible.
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