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El pasado 29 de julio, la Inspección de Trabajo de La Rioja registró la entrada de una nueva denuncia por «acoso laboral» contra el presidente de la CSIF en La Rioja, Jesús Vicente Hernández Gil. Este escrito de acusación ante la autoridad laboral se ... suma a otros tres presentados a finales de junio y también, como ellos, está firmado por un exliberado que mantuvo estas funciones en el sindicato durante trece años.
El denunciante fundamenta en una prolija descripción de hechos haber recibido «un trato humillante, ofensivo y degradante» que ha desembocado en «una situación de extrema gravedad» y en «una conducta de acoso laboral continuado totalmente reprochable». Por ello solicita a la Inspección que, «en base a las competencias que tiene encomendadas y tras las averiguaciones oportunas, sancione por acoso laboral a la CSIF de La Rioja y a su presidente».
En declaraciones a Diario LA RIOJA, el afectado, que prefiere reservarse su identidad, ha explicado que los problemas «comenzaron hace unos años, pero como ocurrió con mis compañeros, todo se precipitó a principios de este año hasta que el 7 de mayo, vía telefónica, el propio presidente de la CSIF me notificó el cese y que no volviera por la sede». El afectado, que estuvo algo más de un mes de baja médica, intentó que la Comisión de Garantías regional iniciase un arbitraje, pero el proceso ni se llegó a abrir por lo que ha recurrido ahora a la Inspección. «Vamos cayendo todos los que estábamos en su punto de mira», asegura.
Por su parte, el departamento de prensa de la CSIF negó ayer que el sindicato haya recibido notificación de las cuatro denuncias y se remitió a las declaraciones realizadas por Hernández Gil a este periódico el 1 de julio: «Si alguien se niega a hacer lo que se le dice, hay que actuar».
Dos de los tres exliberados que a finales de junio elevaron su conflicto con Hernández Gil a la Inspección de Trabajo, y a los que el sindicato había abierto sendos expedientes disciplinarios, han sido sancionados, en ambos casos, con faltas 'grave' y 'muy grave' alegando «evaluación sindical negativa, incumplimiento de las directrices del presidente y difamación», explica uno de los afectados. Estas sanciones conllevan, respectivamente, la suspensión de sus cargos por dos años y su expulsión definitiva de la central. Uno de ellos, que previamente llevó el asunto a la Comisión de Garantías nacional de la central y, a pesar de considerar que «todo se trata de un paripé, porque el presidente controla absolutamente todo y tiene el favor del sindicato en Madrid», presentó alegaciones, «pero ninguna ha sido estimada». El segundo, por su parte, ha desistido de reclamar ante el mismo órgano del sindicato en la comunidad.
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