Crisis de Gobierno sin cumplir un año de mandato

La crisis no ha tardado ni siquiera un año en registrarse. A finales de agosto del 2019 tomó posesión Andreu como presidenta y apenas unas semanas después comenzaron los primeros desencuentros, cuyo desenlace ya se hubiera desencadenado hace unos días si no hubieran concurrido un par de circunstancias que contribuyeron a aplazar las decisiones adoptadas a mediados de julio. Por un lado, la convocatoria de la recién celebrada conferencia de presidentes autonómicos, que reclamaba de Andreu toda su atención; por otro lado, el mismo hecho de que algunas de las víctimas de la remodelación (Ocón, Santos y varios de sus colaboradores, como los también parlamentarios Nuria del Río y Santiago Urizarna) se hallaban aislados en sus domicilios mientras esperaban un segundo test que confirmase el negativo por coronavirus como así resultó ser. Superados ambos elementos, la presidenta ya tiene manos libres para ejecutar sus decisiones.

El deterioro en las relaciones entre la cúpula del Gobierno y la dirección del partido se vincula con las primeras decisiones que adoptó Andreu en la formación de su equipo, donde es muy visible la presencia ascendente de antiguos militantes del PP y de un grupo de fichajes ajenos a la familia socialista, una circunstancia que se juzgó incomprensible en el seno del PSOE, tanto entre buena parte de sus dirigentes como entre militantes de todas las facciones. El malestar, larvado durante los primeros meses de Gobierno, afloró en toda su crudeza a principios de marzo, cuando Luis Cacho, consejero de Educación en quien Andreu mantenía hasta ahora su confianza, destituyó como director general de Cultura a Diego Iturriaga, miembro del Grupo Parlamentario, de estrecha afinidad con Ocón.

La falta de sintonía entre Gobierno y partido quedó poco después ensordecida por las consecuencias de la crisis del virus, pero a medida que la situación de emergencia sanitaria se fue despejando menudearon de nuevo los dardos mutuos entre Martínez Zaporta y el Palacete, desde donde se empezó a promover la conveniencia de que Andreu se hiciera con el control del partido aprovechando el congreso que debe celebrarse el año próximo. Que plantara en consecuencia batalla a Ocón, presentara su propia lista y, en caso de victoria, alineara ambos poderes: el Ejecutivo y el orgánico.

En esta estrategia, la presidenta parece dispuesta a retirar su confianza en todos los integrantes de la dirección socialista que tengan algún cargo en el Gobierno, con la única posible salvedad de Vicente Urquía, director general en la Consejería de Transición Ecológica y miembro de la ejecutiva. Para reemplazar a Santos, el nombre más extendido es el de Pablo Rubio, que ya ocupó plaza en el Gobierno regional cuando José Ignacio Pérez, mentor de Andreu y cuya influencia se observa en esta arriesgada maniobra de la presidenta, fue jefe del Gobierno regional. También resulta muy consistente la idea de aprovechar la crisis para aplicar cirugía en Educación; se da por segura la salida de la directora general, Pepa Iriarte, pero al cierre de esta edición tampoco se descartaba la del propio Luis Cacho. Como relevo para Iriarte se apunta el nombre de Emilia Fernández, antigua diputada socialista y vinculada con el círculo crítico con Ocón, aunque también se especula con el fichaje de Alicia Romero, dirigente de UGT.

Otro nombre que está en el alero es el de arnedano José Luis Rubio, titular de Sostenibilidad y Transición Ecológica. Para sustituirle suena Álex Dorado, vinculado a la estructura de gestión de Ferraz. Todas las fuentes consultadas apuntan a que Ocón no tendrá relevo, de manera que Andreu aprovechará la crisis para adelgazar el número de consejerías, distribuyendo las competencias que tutela el aún titular de Gobernanza entre otras carteras.

De hecho, la marea llegará a más consejerías, en las que no se descartan más movimientos de personas y también algún trasiego de competencias.