Quiénes, cuándo y cómo podrán empezar a vacunarse contra el COVID-19

En todo el mundo hay unos 270 proyectos de investigación en busca de una vacuna eficaz contra la covid-19, 56 de ellos en fase de «validación clínica», con un total de 109 ensayos activados en numerosos países.

Entre los`proyectos más avanzados figuran los que desarrollan la estadounidense Pfizer con la alemana BioNTech, la vacuna rusa «Gam-COVID-Vac» (o «Sputnik V»), la de la británica AstraZeneca con la Universidad de Oxford y la china Sinovac con el Instituto Butantan de Brasil.

También se encuentran en el grupo de cabeza las vacunas chinas de Sinopharm con el Instituto de Wuhan y con el de Pekín, la también china de CanSino Biologics y las estadounidenses de Moderna, de Novavax y de Janssen Pharma-Johnson&Johnson.

No hay aún resultados de ensayos publicados en revistas científicas, pero algunas de estas empresas han difundido comunicados en los que destacan el nivel de eficacia de sus proyectos.

La primera fue Pfizer, que anunció el 9 de noviembre una eficacia superior al 90 % entre los participantes en los ensayos, mientras que, dos días después, el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia afirmaban que la vacuna Sputnik V era eficaz en un 92 % de los casos.

Cinco días más tarde, Moderna situaba en un 94,5 % el nivel de efectividad de su vacuna y este miércoles Pfizer volvía a elevar el listón al anunciar una eficacia del 95 % a partir de los 28 días posteriores a la primera dosis.

Para planificar a tiempo la compra y distribución de vacunas en la UE, la Comisión Europea puso en marcha un sistema de adquisición anticipada cuando aún no se podía saber cuáles tendrían éxito, con el fin de asegurarse determinadas dosis de distintos laboratorios de Europa y EEUU.

Así, ha firmado ya o tiene contratos previstos con Pfizer-BioNTech (para adquirir 300 millones de dosis), con Moderna (160 millones), con AstraZeneca-Universidad de Oxford (400) y con Janssen Pharma-Johnson&Johnson (otros 400), así como con la alianza franco-británica Sanofi-GSK (300 millones de dosis) y con la alemana Curevac (405 millones).

Pese a lo avanzado de sus proyectos, Rusia y China no participan de momento en este sistema de compra ni han presentado documentación sobre sus vacunas a la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

El portavoz comunitario en asuntos de salud, Stefan de Keersmaecker, no ha desvelado con quién negocia la Comisión, pero Bruselas espera contar pronto con acuerdos suficientes como para poder vacunar a unas 900 millones de personas, más del doble de los 447 millones de habitantes de la UE.

La logística que requiere alguna de las vacunas punteras parece dificultar su distribución universal. La de Pfizer exige para su conservación una temperatura inferior a 70 grados bajo cero, algo que complica el transporte y almacenaje en países en desarrollo o zona rurales.

Por otra parte, tanto Pfizer como Moderna desarrollan vacunas basadas en la novedosa técnica del ARN mensajero, que introduce una secuencia con las instrucciones para generar anticuerpos. Ese uso de tecnologías sofisticadas puede encarecerlas y dificultar su distribución en países más pobres.

Para prevenir esos problemas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó -con entidades como la alianza GAVI- la plataforma COVAX, a la que contribuyen naciones con ingresos medios y altos para recibir vacunas equivalentes al 20 % de sus poblaciones con la condición de financiar el acceso de países más pobres a una proporción similar.

Un total de 186 países se han unido a COVAX, que ha recaudado ya 2.500 millones de dólares y para la que 94 Estados financian la investigación de vacunas. Pfizer-BioNtech no figura en la lista de laboratorios que colaboran con la iniciativa, pero Moderna sí, a cambio de facilidades para su distribución en naciones pobres.

Las previsiones más optimistas apuntan a enero para el inicio de una vacunación generalizada en Europa. La rusa Sputnik V ya ha empezado a ser administrada en su país, pero su demanda exterior es casi inexistente. Y los cálculos de la OMS sitúan en febrero el horizonte para una fabricación masiva.

La científica jefe de la OMS, Soumya Swaminthan, argumenta que, más allá de los alentadores ensayos ya anunciados, hace falta un seguimiento de los voluntarios participantes durante al menos dos meses y medio para comprobar el efecto de las vacunas en mayores, cuánto tiempo se conserva la inmunidad y si se pueden administrar a personas con enfermedades preexistentes.

En España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, prevé que «a principios de enero» se puedan administrar las primeras dosis de un total de 20 millones, con las que poder inmunizar a 10 millones de personas.

Sanofi, Janssen, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Novavax, Moderna y Curevac son los siete fabricantes con los que España cuenta para esta adquisición de dosis, con el objetivo de que «alrededor de mayo» haya «un número suficientemente relevante» de vacunados para pasar a «un estadio diferente» de la enfermedad que «permita aligerar de forma sustancial algunas de las medidas» restrictivas.

En el mismo sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recalcaba este viernes que «una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada, con todas las garantías, en el primer semestre de 2021«.

Corresponde a cada país decidir cómo distribuir las vacunas entre su población, pero la Comisión Europea ha recomendado dar prioridad a trabajadores esenciales como sanitarios o cuidadores de ancianos, a mayores de 60 años, a personas con problemas médicos que les hagan más vulnerables y a colectivos socioeconómicamente desfavorecidos.

En el caso de España, un grupo de expertos ha elaborado un documento con la estrategia de vacunación donde se concretarán los grupos prioritarios y que será aprobado el próximo martes por el Gobierno.

El ministro Illa ya ha adelantado que la vacunación previsiblemente empezará por las personas con edad avanzada o vulnerables ante la covid-19, seguidos por el personal sanitario o en contacto con estos grupos. También ha precisado que el criterio para la administración de las vacunas será «el mismo en toda España e idealmente en toda Europa».

En cuanto a la duración del proceso de vacunación general, la experta en Inmunoterapia Carmen Álvarez-Domínguez, investigadora de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), calcula que se puede prolongar hasta finales de 2021.

El precio que deberán abonar los ciudadanos europeos por las dosis de vacunas dependerá de lo que establezca cada país. En España, el ministro de Sanidad ha dejado claro que «serán gratuitas».

Otra cosa es el precio que habrán de pagar la UE y los Estados. La Comisión Europea ha presupuestado unos 2.150 millones de euros para «apoyar la conclusión de los acuerdos de compra anticipada«, según fuentes europeas consultadas por EFE en Bruselas, pero esos fondos incluyen inversiones para ayudar a los laboratorios a aumentar sus capacidades de producción.

Las mismas fuentes precisan que esa cantidad debe distinguirse de las que pagarán los Estados por el pedido y la entrega de vacunas. Y eso dependerá a su vez de la cantidad de dosis y del precio de cada una.

Ahí es donde la horquilla es muy amplia, según los laboratorios y la vacuna. Como ejemplos significativos, el precio de la vacuna que fabrique AstraZeneca puede oscilar para sus compradores directos entre 2,5 y 3,5 euros por unidad, mientras que el precio que habrán de pagar a Moderna rondará previsiblemente los 30 euros por dosis.

Aunque las autoridades sanitarias internacionales ven alentadores los porcentajes de eficacia en los ensayos dados a conocer por farmacéuticas como Pfizer o Moderna, aún es pronto para determinar su efectividad futura. Serán los datos finales los que garantizarán si la eficacia y la seguridad que prometen se ajusta a la realidad, según advierte la OMS.

Para ello, habrá que observar posibles efectos en pacientes durante al menos dos meses y, en función de la administración prevista de dos dosis en cada vacuna, comprobar factores como cuánto dura la inmunidad o cuál es su efecto en grupos de edad avanzada, los de mayor riesgo, porque los estudios intermedios se realizan con personas de mediana edad.

Aún se desconoce además si inmunizan totalmente o solo disminuyen la gravedad de la enfermedad, tal como apunta el farmacólogo Joan-Ramon Laporte, fundador del Instituto Catalán de Farmacología.

«Una cosa es lo que se prueba en individuos sanos, con unas condiciones, y otra es cómo funciona esa vacuna entre la población en general«, recuerda la experta Álvarez-Domínguez, tras precisar que los datos de eficacia se publican en un estudio científico cuando concluye la investigación, aunque en este caso se hayan adelantado datos intermedios porque resultaban »prometedores«.

También el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García Rojas, puntualiza que, sin dudar de que los anuncios de las farmacéuticas son correctos, deberían haberse hecho a través de publicaciones científicas, de modo que «falta camino por recorrer» y habrá que definir «si esos perfiles de eficacia son los mismos para jóvenes, adultos o ancianos». Por eso mismo también será bueno poder elegir entre varias vacunas en función del grupo.

Cuando las vacunas protejan a un porcentaje de la población entre el 66 y el 75 % se habrá logrado la inmunidad de rebaño, según Sanidad, pero el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelaba que un 43,8 % de los españoles no estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente, frente al 40,2 % que sí lo haría. Y ese rechazo había aumentado 3,5 puntos en un mes.

Por tanto, ¿se ha planteado el Gobierno recurrir a una vacunación obligatoria? «Es un escenario que no debemos descartar, pero no creo que haga falta», contestaba Illa hace unos días, convencido de que «la ciudadanía va a reaccionar bien».

También el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, recordaba tras la encuesta del CIS que España cuenta con una de «las mejores coberturas de vacunación del mundo» y confiaba en que los ciudadanos mantengan «ese criterio generoso» que hasta ahora ha hecho innecesaria la obligatoriedad.

Pero ¿habría cobertura legal en España para una vacunación obligatoria, llegado el caso? Sí, al amparo de dos leyes: una de abril de 1980 que modifica la Ley de Bases de la Sanidad de 1944 y otra de 1986, la ley orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Esta ley de 1986 dispone que las autoridades sanitarias podrán adoptar los tratamientos precisos ante un «peligro para la salud de la población» y facultan a aplicar las medidas «que se consideren necesarias» en caso de «riesgo de carácter transmisible» de una enfermedad contagiosa.

Por su parte, la ley de 1980, pensada para la viruela, la difteria y el tifus, autorizaba a imponer la vacunación para «todas las demás infecciones» ante un «estado epidémico».

Sin más regulación que esa, hay precedentes: En noviembre de 2010, un juez de Granada ordenó vacunar contra el sarampión a 35 menores por un brote epidémico.

E incluso para el COVID-19 ya hay una Comunidad Autónoma que ha dado el primer paso: El PP de Galicia, que gobierna con mayoría absoluta, ha registrado este jueves en el Parlamento autonómico una proposición para reformar la ley de salud de 2008 que permitirá imponer multas mínimas de 1.000 euros a quien se niegue a ser vacunado.