La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, revela en esta entrevista que el reparto de los fondos europeos para la reconstrucción tras el COVID-19 no se guiará por criterios de población, pero garantiza que La Rioja no saldrá ... perjudicada: «Todo lo contrario, será una oportunidad».
– ¿Por qué es necesaria esta Conferencia de Presidentes?
– Por un lado porque los presidentes autonómicos van a compartir los datos que manejan sobre la enfermedad y cómo están abordando medidas para frenarla, ya que en estos momentos todavía no tiene una cura definitiva. Y, en segundo lugar, porque el Gobierno de España va a compartir con los principales dirigentes de este país cómo ha sido toda la negociación en Europa, en qué consisten los fondos que recibirá España, su cuantía y los proyectos prioritarios que pueden acompañar el desarrollo y ejecución de un programa, en el que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para que se pueda ejecutar a la mayor brevedad posible. Son temas transcendentales para el futuro inmediato y a medio plazo y, por tanto, hay una necesidad de coordinación, de complementariedad de todos los territorios y de capacidad de escucha, que es imprescindible en un momento como este porque los ciudadanos nos piden unidad.
– ¿Qué criterios se van a seguir para distribuir los fondos? ¿Seguirá contando el de población?
– Ahora estamos trabajando, sobre todo, en el fondo de recuperación, dotado con 59.000 millones de euros de los 140.000 millones que vienen a España. Este fondo sigue parámetros distintos de los que estamos acostumbrados porque está más vinculado a proyectos que vinculado a criterios poblacionales, de PIB o de otras características presentes en los marcos financieros plurianuales. Lo que habrá que ver y estar atentos es si los proyectos que se presentan van en la dirección adecuada en materia de transformación digital, de transición ecológica, de igualdad de oportunidades para la mujer o de cohesión social y territorial, que son los cuatro ejes marcados.
– ¿La Rioja no saldrá perjudicada con estos nuevos criterios?
– Para nada. Yo creo que una de las premisas más importantes es justamente la cohesión territorial, como uno de los valores imprescindibles para que realmente el potencial de España se pueda poner en marcha para incrementar nuestro crecimiento, dando oportunidades de empleo y, sobre todo, futuro para nuestros jóvenes. Y, en este sentido, todos los territorios, incluso aquellos que tienen menos población, son para nosotros proyectos nucleares que tendremos que ejecutar a lo largo de esta legislatura, que partirá de las propias propuestas que puedan marcar las comunidades autónomas, pero también de la iniciativa de los diferentes departamentos del Gobierno de España, que tienen sus planes y su hoja de ruta para desarrollar durante la legislatura. Por tanto, temor ninguno. Todo lo contrario: es una oportunidad para territorios que probablemente por su dimensión o por sus características singulares necesitan un empuje, un impulso, una capacidad de estar presentes multiplicada por esta llegada de fondos europeos.
«Multiplicarán el impulso de las regiones que por su dimensión y otras singularidades necesitan un empuje»
– La concesión de este dinero está condicionada por parte de Europa. Por un lado, a que haya Presupuestos Generales del Estado. ¿Estarán las Cuentas para el 1 de octubre?
– Sin duda. Se están preparando para poder incorporar todos los fondos europeos porque somos conscientes de que los años prioritarios de ejecución de este volumen ingente de recursos son los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Es la pauta que se ha marcado desde Europa para que esta inyección de fondos se haga ahora, que es cuando se ha desplomado la actividad económica y se necesitan estímulos económicos que permitan recomponer el mercado interior dañado por el COVID y reforzar los sistemas sanitarios para que tengamos la certeza de que, aunque se produzcan rebrotes, se van a poder controlar. En definitiva, es ahora cuando hay que emplear todos estos recursos para que seamos capaces de sostener la actividad económica y de volver a la senda de crecimiento que teníamos justamente en enero, antes de que estallara la pandemia.
– Es encomiable su optimismo por cuanto aún no han aclarado en qué grupos piensan apoyarse para sacar el proyecto.
– Es un Presupuesto que hará factible un vehículo para ejecutar los fondos europeos que, en mi opinión, suponen un acta refundacional de la UE: con ellos se confirma hacer de Europa una potencia en términos económicos, de bienestar social y de unidad de los países para afrontar desafíos tan importantes como ha sido esta enfermedad. Todos esos elementos tienen que llevar a los partidos a ver estos Presupuestos como lo que son: la oportunidad que tiene España para desarrollar las transformaciones que están en el horizonte y ser capaces de que la recuperación económica se haga en un tiempo récord para que los ciudadanos tengan oportunidades de empleo y para que nuestro estado del bienestar, básicamente la sanidad y la educación, se puedan robustecer y dar respuesta a la gran parte de los ciudadanos que necesitan y quieren servicios públicos de calidad.
«Me llama la atención que algunos hablen de chantaje: no hay otra alternativa que respete la legalidad»
– Es cierto que en el documento-compromiso de la UE no se mencionan las reformas laboral y de pensiones, pero es un planteamiento permanente de Bruselas a España. ¿Están en la hoja de ruta del Gobierno?
– El Pacto de Toledo está trabajando de forma muy intensa y espero que haya conclusiones en un plazo de tiempo razonable que, por supuesto, se incorporarán a los Presupuestos y a la normativa. El objetivo es ser capaces de dar fortaleza al sistema para que en el futuro no haya dudas ni se genere desconfianza sobre su sostenibilidad. Respecto al mercado laboral, hay que corregir algunos desequilibrios, y en el marco del diálogo social vamos trabajando un nuevo Estatuto de los Trabajadores para redefinir las nuevas relaciones trabajadores-empresas en el Siglo XXI en un mundo digital y del teletrabajo. Eso sí, nuestro compromiso con Europa de consolidación fiscal es firme: nos endeudamos hoy, pero tenemos que garantizar que para nuestros jóvenes esto se traduzca en oportunidades laborales que les permitan emanciparse y desarrollar su proyecto vital.
«Corregir desajustes laborales»
– ¿De sus palabras se puede deducir que la contrarreforma laboral queda aparcada?
– No, aunque debemos ser capaces de corregir algunos desequilibrios del mercado laboral con sensatez y sentido común. Siendo conscientes de la coyuntura en la que nos encontramos. Para nosotros la corrección de los desajustes se llama nuevo Estatuto de los Trabajadores. Y esto significa que tenemos que ser capaces de ver entre todos cuáles son los elementos que van a ponderarse en el futuro en el marco de las relaciones laborales, y ser capaces de darles una respuesta que aporte seguridad a las empresas y garantías de derechos a los trabajadores. Es lo que se espera de nosotros para que haya seguridad en las inversiones, confianza del gestor de la inversión para que nuestro país sea atractivo y, por otra parte, para que los trabajadores tengan derechos intactos. Que no sean trabajadores precarios. De forma que tener un puesto de trabajo sea garantía de un proyecto de vida razonable.
– Impuestos: ¿barajan subir los tramos más bajos del IVA?
– En esta materia el Gobierno siempre ha tenido una hoja de ruta clara: lo importante es que la fiscalidad sea justa y progresiva, de forma que se contribuya en la medida de la capacidad que uno tiene. Tener unos buenos servicios públicos exige una recaudación justa y necesaria que los haga posibles. Y eso implicará que revisaremos todas las figuras fiscales, a la vista de los nuevos datos económicos para escoger aquellas que realmente no solo permitan mejorar nuestra recaudación, tras la caída de ingresos que se está produciendo con esta crisis, sino además apuntalar aquellos sectores de actividad, aquellas áreas transversales que nos interesan como Gobierno. Por ejemplo, generación de empleo, incorporación laboral de la mujer y contratos fijos.
«Vamos a revisar todas las figuras tributarias y estudiar la recomendación de la AIReF sobre el IVA»
– Insisto: ¿está sobre la mesa subir el IVA?
– Respecto a este impuesto estamos estudiando las recomendaciones de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), así como sus conclusiones respecto a los beneficios fiscales que tienen determinadas figuras tributarias. En nuestra propuesta original del acuerdo programático no llevábamos ninguna subida del IVA, pero sí estamos estudiando las recomendaciones de la AIReF porque son de gran utilidad para el Gobierno y es obligado tenerlas en cuenta.
– Además de la Conferencia de Presidentes, hoy se celebra otra cumbre importantísima: la de los municipios de España, a los que como ministra de Hacienda tiene soliviantados y divididos al plantearles que la única alternativa legal para que puedan hacer uso de una parte de su superávit es que le entreguen el remanente total al Estado como un préstamo a diez años...
– Lo que ha hecho el Ministerio, y se lo digo con total franqueza, es estudiar hasta la extenuación los marcos legales existentes para poder posibilitar una propuesta creativa que permitiera a los ayuntamientos gastar su superávit sin incurrir en déficit, que está expresamente prohibido. Así que, ni más ni menos, lo que hemos propuesto hacer es una articulación administrativa que permita a los ayuntamientos gastar 5.000 millones (2.000 este año y 3.000 en el 2021), pero que sea el Gobierno de España el que se queda con ese déficit a través de una operación por la cual el Estado solicita un préstamo a la entidades locales que se va devolviendo en el marco de diez años. Un préstamo para que puedan ir gastando ese superávit, porque el Gobierno de España tiene capacidad de sobra para colocar la emisión de deuda. Así que toda la propuesta está orientada a satisfacer a los ayuntamientos. Por eso me llama la atención que algunos hablen de chantaje o de que nos queremos quedar con su dinero. Todo lo contrario: el Gobierno de España se endeuda porque está poniendo por delante 5.000 millones para que los ayuntamientos los gasten en dos ejercicios y, posteriormente, nosotros devolveremos ese préstamo, que no es más que una forma de hacer posible que el déficit caiga en el Gobierno de España para respetar el marco constitucional. Si la FEMP es capaz de entender que esta propuesta es buena y razonable saldrá adelante. Y si realmente entiende que no, el Ministerio de Hacienda ya no tiene capacidad de articular un procedimiento distinto respetando el marco jurídico.