Durante semanas lo prioritario todavía será combatir la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Sin embargo, diversos servicios de estudios, además del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional, ya van dando pistas de la inmediata urgencia que emergerá una vez vencida la ... batalla en términos de salud: el impacto sobre la economía. Todos coinciden en que se tratará de una conmoción sin precedentes, que destrozará todas las previsiones realizadas sobre el ejercicio actual y que no se sabe cuánto durará, aunque su extensión, a priori, debería ser limitada en el tiempo, pues en su origen no hay una crisis del sistema financiero o 'pinchazos' de burbujas económicas (caso del sector inmobiliario) como ocurrió en el 2008.
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Las pérdidas de PIB que ha traído el COVID-19 van desde el 5% al 7% y al 8% anuales. Trasladando estas previsiones a La Rioja, la economía regional perdería no menos de 425 millones de euros este año, a razón de algo más de ocho millones de euros por semana. Pero ya ha habido un periodo temporal en el que esa dentellada a la riqueza autonómica ha sido superior, advertían ayer desde el Colegio de Economistas de La Rioja. La 'hibernación' de la economía durante los últimos quince días, coincidiendo con Semana Santa, podría haber triplicado las pérdidas hasta alcanzar los 48 millones de euros a lo largo de toda la quincena.
Educación y Justicia
En todo caso, el impacto en la economía riojana, como en la del resto de comunidades autónomas, genera enorme incertidumbre pues dependerá en gran medida de la duración de las restricciones de actividad. En este sentido, el BBVA subrayaba ayer que «el proceso de desescalado será clave», lo que no evitará «fuertes caídas de la actividad económica. Con todo, lo fundamental «para salir con fuerza de la crisis es preservar el empleo». Ahí se verá cuál es el músculo que les queda a las 3.989 empresas que hasta ayer habían presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), según el Gobierno regional. ¿Para cuántos trabajadores? Pues ese dato y la cifra de procesos ya resueltos son dos cuestiones que el Ejecutivo rehuye superado el primer mes en estado de alarma.
En cuanto a los niveles de resistencia empresarial, la estadística de marzo no invita al optimismo: el número de empresas inscritas en la Seguridad Social bajó el 5% hasta las 10.132, cifra que no se registraba desde el 2014, es decir, desde el inicio de la salida de la anterior crisis.
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«Las empresas no piden dinero al Gobierno; le piden seguridad, serenidad y calma, porque no se puede gobernar a golpe de un par de decretos semanales. Por ejemplo, lo que está muy mal es que, después de semanas negándose a aplazar la presentación de los impuestos del trimestre, hoy (por ayer) lo aprueben por decreto a última hora». Así de crítico se manifestaba ayer el decano del Colegio de Economistas de La Rioja, Ernesto Gómez Tarragona, quien advierte de que, «si hasta Semana Santa, lo que se presentaron de forma masiva fueron ERTE de fuerza mayor, limitados solo al estado de alarma, ahora lo que vamos a ver son ERTE 'de producción', ya que las empresas creen que esto va para largo y que no va a ser tan limitado en el tiempo como nos decían». Es una opción más penalizadora (siguen pagando las cotizaciones sociales de sus empleados), pero «se cubren hasta final de año».
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