El día en el que a Cacho le llovían palos

Además, los directores de 48 colegios públicos de La Rioja, en una extensa y contundente carta, en la que relatan la vicisitudes vividas este curso recién acabado, han acusado al consejero de imponer sus criterios y de no conocer a la escuela pública, así como han lamentado el «nulo respeto» que, según ellos, habría mostrado por los docentes. En la prolija nota señalan que los equipos directivos llegaron a finales de junio «exhaustos tras meses de jornadas laborales interminables, sin apenas diferenciación durante el fin de semana o los días festivos». Han añadido que ya había divergencias con la «actuación» del consejero Luis Cacho, como así cuentan que ocurrió con la «demora» de Educación de remitirles las referencias para elaborar un Plan de Continuidad Educativa a Distancia y la premura con la que luego se les reclamó el mencionado documento a cada colegio.

En el ámbito político, Izquierda Unida, su socio de Gobierno, ha pedido la rectificación de Cacho, ya que ha rechazado las medidas al considerar que siguen la línea de recortes en la educación pública puesta en marcha por los gobiernos del PP». Además, le ha reclamado que cumpla con el acuerdo programático suscrito suscrito entre IU y PSOE y que rebajara a 18 las horas lectivas semanales para los profesores de Secundaria.

La reacción del Gobierno de La Rioja a las declaraciones y protestas ha sido este miércoles recoger las peticiones y reivindicaciones de diferentes sindicatos de educación con respecto al Plan de Contingencia que regulará el próximo curso escolar con el fin de alcanzar un acuerdo en la Mesa Sectorial de Educación convocada este jueves, 30 de julio.

En una nota, informa EFE, la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT de La Rioja (FeSP-UGT La Rioja) ha pedido la dimisión del consejero de Educación, Luis Cacho, por el «conflicto» que ha generado entre la comunidad educativa riojana.

Este sindicato ha rechazado el retraso del inicio del curso del 7 al 15 de septiembre, porque Cacho alega no poder tener tiempo para garantizar la salud de profesorado y alumnos, pero «ni en junio ni en julio ha dado instrucciones claras a los centros educativos ni a los equipos directivos para que adecúen las instalaciones».

A su juicio, este retraso también va a suponer un problema con las oposiciones y con los procesos selectivos previstos para el 2021, ya que tendrán que ser pospuestos.

Por su parte, tras encerrarse en la Consejería de Educación seis miembros de la Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja, han alcanzado un acuerdo suscrito con la directora general de Educación, Pepa Iriarte, para reducir de 21 a 18 la jornada lectiva en Secundaria y contratar entre 220 y 300 docentes de apoyo.

Según ha afirmado este sindicato en un comunicado, Iriarte también ha aceptado por escrito actualizar los complementos de los equipos directivos de los centros y convocar a la comisión del calendario escolar para tratar el retraso del inicio del próximo curso escolar.

Por su parte, CSIF, que había denunciado la falta de trasparencia del Gobierno y que solo se reuniera con un sindicato, se ha felicitado que gracias a la «presión sindical» el Gobierno regional haya rectificado al rebajar de 21 a 18 horas la jornada lectiva para Secundaria y que también haya decidido convocar este jueves la Mesa Sectorial de Educación.

También ha denunciado en una nota «las maquinaciones de la Consejería de Educación y sus sindicatos afines con quienes acuerdan pactos a espaldas del resto de sindicatos» y ha criticado «el postureo sindical de algunas organizaciones que primero pactan, luego critican, después se ponen muy dignos, para luego volver a pactar a escondiditas».

Por su parte, ANPE ha pedido que los sindicatos firmantes del Pacto Social para la Reconstrucción Educativa de La Rioja, que ha supuesto una carta blanca para las actuaciones de Cacho en estos meses, retiren inmediatamente su apoyo.

Esta organización ha exigido que Cacho anule todas sus medidas abusivas y contrarias a la normativa, que permita que los expertos y profesionales de la educación redacten los documentos técnicos necesarios y que la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, «tome urgentemente medidas para destituir a quienes están hundiendo la gestión de la educación pública desde la Consejería».

Por otro lado, STAR ha considerado que muchos de los aspectos anunciados ayer no pueden ser modificados de manera unilateral por la administración, como la modificación del calendario escolar, que puede derivar además en cambios en el calendario de adjudicación de destinos.

En un comunicado, ha recalcado que la modificación de las plantillas debe ser negociada con el fin de asegurar un incremento de docentes según necesidades, con la correspondiente bajada de ratios y aumento de desdobles para asegurar que se adecua a la realidad de los centros.

La FAPA ha pedido «unidad y consenso» en la comunidad educativa ante un nuevo curso escolar lleno de incertidumbres y ha confiado en se «trabaje conjuntamente como base y fortaleza para sacar adelante las distintas situaciones sanitarias que ocurran».

Los padres de alumnos de los centros públicos han solicitado a la Consejería de Educación que convoque una reunión antes del inicio del curso a toda la comunidad educativa, familias, profesorado y equipos directivos a través de sus representantes para establecer unos mínimos que faciliten trabajar de forma conjunta ante un nuevo curso que puede tener muchas situaciones distintas.