Apenas 48 después de haber acordado una medida excepcional (el confinamiento y cierre perimetral de La Rioja), la presidenta, Concha Andreu, fue ayer un poco más lejos dentro de las potestades que le otorga el marco legal en la estrategia contra el coronavirus: a ... media tarde anunció a través de un comunicado, sin comparecer ante la opinión pública, que había solicitado al presidente, Pedro Sánchez, la declaración del estado de alarma en la región, «con mando y gestión del mismo en la Presidencia del Gobierno de La Rioja», según se detalla en esa nota de prensa.
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Culminaba así una vertiginosa jornada en el Palacete, donde la posibilidad de recurrir a este instrumento jurídico que otorga una amplísima prerrogativa a Andreu se había descartado por la mañana. Al mediodía, la presidenta compareció ante las cámaras de televisión de La Sexta para una entrevista acordada días atrás, a cuya conclusión se emitió un comunicado donde el mensaje central apenas variaba respecto al discurso presidencial del día anterior, a saber, que Andreu prefería esperar. Esperar movimientos de otras autonomías, esperar a ver qué se decidía en Moncloa y esperar para evaluar los datos que reflejan el «preocupante» avance de la epidemia en la región.
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En ellos se escudó la presidenta para adoptar por la tarde la decisión que por la mañana había quedado congelada. Incluso se descartaba en el Palacete que se pudiera llegar al extremo de solicitar medidas más drásticas en función de cómo se sustanciara la comparecencia que el presidente protagonizó ayer en Moncloa, pero por la tarde hubo cambio de planes. Fuera como consecuencia de los contactos entre Andreu y Sánchez o por el peligro que suponía dejar a La Rioja sola, sin la compañía de otras regiones que progresivamente fueron anunciando que solicitarían del Ejecutivo central los plenos poderes que otorga el estado de alarma, el comunicado del Gobierno regional sancionaba el nuevo marco jurídico desde el cual se desplegará la estrategia contra el COVID: esa frase donde Andreu declara su intención de «disponer del amparo legal para poder adoptar las medidas que sean necesarias para atajar la curva de contagios».
A esa inquietante deriva se refiere también el mismo comunicado en su primer párrafo, cuando recuerda que «hemos registrado el mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia». Aludía Andreu a los 228 casos positivos que Salud anotó el jueves, una incidencia que, aunque ayer se contuvo levemente, dibuja un sombrío panorama, con la presión hospitalaria marcando los máximos de la segunda oleada, una densa ocupación de las plazas UCI y datos por municipios que avalan el llamamiento a confinarse que los alcaldes de municipios como Logroño, Calahorra o Arnedo han lanzado a sus vecinos.
En términos prácticos, la petición del estado de alarma apenas suscita sin embargo cambios. En primer lugar, porque la solicitud tiene que ser antes aceptada por el Gobierno de España; y en segundo, porque una vez formalizado ese trámite llegará la hora de dotar de contenido desde el Gobierno a las medidas que, bajo ese amparo legal, adopte cuando reciba el plácet del Estado. Se trata, en todo caso, de una situación insólita en la historia de La Rioja: nunca antes la Presidencia del Gobierno había tenido la facultad de, por ejemplo, dirigir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, limitar derechos esenciales o movilizar recursos privados para su uso público. Una serie de potestades cuya aplicación concreta eludio detallar el Palacete; a través de su gabinete de de domunicacion, Andreu declinó contestar a las preguntas de este diario y apuntó al lunes para pronunciarse públicamente, cuando se celebre la Conferencia de Presidentes.
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