El Consejo Escolar cree que el decreto de convivencia es ineficaz frente a conflictos

Es, en esencia, el mismo reproche que le hacen a Educación los sindicatos UGT, CCOO y ANPE Rioja, quienes reconocen que la filosofía y la teoría del decreto de convivencia es la adecuada al tiempo que, con mayor o menor vehemencia, sostienen que han sobrado prisas, que ha faltado diálogo con la comunidad educativa y que la norma deja demasiados aspectos en el aire, sin concretar.

En relación a las medidas prácticas y reales para hacer frente a los posibles conflictos, el Consejo Escolar (con representación de CCOO, USO, UGT, ANPE Rioja, FAPA, CONCAPA, Federación Española de Religiosos de Enseñanza, Federación de Empresas de La Rioja y la propia Consejería de Educación), sostiene que «el decreto muestra notables carencias puesto que, prácticamente, no presenta propuestas concretas ni herramientas eficaces para abordar esos problemas de disciplina que, no pocas veces, turban la labor docente en las aulas y deterioran las relaciones entre el propio alumnado y las de este con el profesorado». Sostiene que faltan protocolos concretos, estrategias, recursos, medios..., una «carencia que resulta especialmente preocupante para intentar abordar de forma adecuada las conductas disruptivas graves y muy graves», poco habituales en el sistema educativo.

En el análisis del Consejo Escolar –que se concreta en 28 propuestas y enmiendas al texto de la norma de las que la Consejería de Educación ha aceptado e incorporará 22 de ellas– cree que el borrador analizado «presenta una visión simplista de la situación de la convivencia en los centros al no atender a su complejidad, derivada de la diversidad de su alumnado, de sus circunstancias particulares y de la variedad de comportamientos disruptivos». Además, califica el texto como «poco práctico» ya que «adolece de falta de concreción en la mayoría de los aspectos que aborda y en la terminología ('paz positiva', 'enfoque positivo', 'enfoque proactivo y sistémico-ecológico'...), constituyendo un documento demasiado teórico». Por último, el Consejo Escolar incide en que «carga de trabajo y responsabilidad a los claustros» y evidencia su sorpresa porque el texto «no hace ninguna referencia a los departamentos de orientación [...] pieza clave y esencial en el tratamiento de la convivencia en los centros educativos».

«Es una norma valiente», defiende desde CCOO su máximo responsable de Educación, que cree que el decreto busca «adelantarse a los problemas implicando a toda la comunidad educativa e incidiendo en la prevención antes que en la sanción». Pero, más allá de esa teoría, Antolín recuerda que «hay que completarlo, como indicó la Consejería, mediante el desarrollo de la normativa correspondiente. Estamos ante una declaración de intenciones que debe aterrizar con las órdenes correspondientes». A esto, Antolín añade la necesidad de un marco común de actuación para casos graves y una dotación económica y presupuestaria suficiente junto a la formación de la comunidad educativa.

También Carmen Fernández (UGT) ve «muy positivo» el futuro decreto. «Todas las ideas son muy buenas. Nadie puede estar en contra», sostiene antes de hacer alguna puntualización. «Para hacer efectiva esta convivencia son necesarios más recursos, más profesorado, bajar las ratios y hacer hincapié en todas las cuestiones relativas a la atención a la diversidad para así alcanzar una convivencia efectiva. Necesitamos acciones y medios concretos», indice Fernández. «La música nos gusta mucho. Nos gusta esa idea de convertir al profesor en una figura con un gran peso moral y ético. Es fantástico, pero es necesario concretar todo lo propuesto», completa.

Desde ANPE Rioja, Gustavo Navas también cree que el modelo propuesto por Educación supera «el modelo punitivo basado en sanciones contemplando medidas preventivas y reparadoras. Debería haber sido una gran oportunidad para recoger las aportaciones de la comunidad educativa». Navas habla conscientemente en pasado. Esa es también una de sus innumerables críticas a la norma, la falta de negociación con los representantes de los docentes.

«No ha habido negociación, han tenido mucha prisa en aprobar esta norma cuando no es un grave problema del sistema educativo riojano y creemos que hay una falta de definición de muchos conceptos teóricos», dice Navas, que también cree que es un error dejar en manos de cada centro la catalogación de las conductas contrarias a la convivencia y los programas de actuación, además «de no hacer referencia a los equipos de orientación o diversidad o no incluir una relación de derechos y deberes de todos los afectados». «Se podía haber mejorado muchísimo de haber contado con nuestra participación», completó.