El Consejo ha dado cobertura a 40 millones de litros de mesa, mientras reducía la producción amparada

Uno de los puntos calientes de la negociación será la propuesta para acabar con la permisividad habitual del pleno del Consejo Regulador para que un porcentaje de producción excedentaria se pueda utilizar para elaborar el denominado 'vino de mesa', es decir, no amparado pero cuya transformación en bodega se tolera siempre que el vino resultante salga de la instalación de origen antes del 31 de mayo del año posterior.

En realidad, se trata de un 'negociete' paralelo que se ha creado y que permite a algunos operadores elaborar una parte adicional de vino que, aunque nunca se llega a amparar con el sello Rioja –por eso el apelativo 'mesa', ya que equivale al vino común sin indicación de origen ni de calidad–, se acaba vendiendo en mercados más o menos locales sin etiqueta o con ella pero sin tirilla del Consejo Regulador. Fue a partir del año 2020 cuando el Consejo Regulador acordó reducir la producción amparada para hacer frente a la crisis de existencias, pero, al mismo tiempo, manteniendo la permisividad con el vino de mesa, hasta el punto de que este tema, especialmente por el empeño de las cooperativas, ha sido el punto más conflictivo en la negociación de las normas de campaña en el pleno de la institución.

En el año 2020, el Consejo Regulador autorizó un 5% de elaboración para vino de mesa –que luego justifica eufemísticamente como 'desviación por causas climáticas'–, incluso pese a que se permitió meter otro 5% adicional de uva para el entonces en funcionamiento 'stock' regulador. En 2021, otro 5%, igual que en 2022, al que se añade otro 4% de mesa para 2023.

En total, se ha dado cobertura hasta un 19% adicional para vino de mesa sobre la producción media potencial durante los últimos cuatro años, mientras que la cosecha amparada respecto al 100% estándar se ha recortado en un 30% en dicho tiempo.

Así las cosas, aproximadamente –aunque no se puede saber cuánta uva excedentaria se ha transformado realmente– se han permitido elaborar más de 40 millones de litros de 2020 a 2023, cantidad que doblaría los 20 millones de litros que se han destilado la campaña pasada con las ayudas de los Gobiernos riojano y Vasco. La quema de vinos financiada, junto con la cosecha en verde para destruir uva antes de producirla, se ha soportado con dinero público por un valor global de unos 25 millones de euros.