El campo riojano pierde un tercio de sus profesionales en dos décadas

Ni siquiera es fácil conocer el número de agricultores y ganaderos que hay en La Rioja. La estadística cuantifica en 3.654 el número de cotizantes al Régimen Especial Agrario y 3.132 autónomos, es decir, 6.786 personas, aunque los sindicatos estiman que apenas son 4.000 las dedicadas en exclusiva a la actividad agraria, mientras que el resto serían lo que las OPA denominan 'domingueros' (que se ganan la vida en otros sectores) o trabajadores contratados en régimen autónomo (de temporada). Lo que sí está claro es que la profesión sufre y, de los 6.013 'profesionales' reales que la UAGR estimaba que había en el año 2000 en La Rioja, hoy quedarían 4.023.

¿Es importante el agro para la economía regional? Sus productos suponen el 6% del PIB (1,2% en Europa y el 2,4% en España), pero si se incluye la industria agroalimentaria la cifra se dispara hasta el 18%. El campo se desangra y ha explotado y, después de una semana de movilizaciones, los agricultores independientes pactaron con las OPA un manifiesto con 38 demandas.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dado alguna respuesta y buenas palabras a otras reivindicaciones, pero continúa en el foco de la ira. En todo caso, un resumen de trazo grueso podría llegar a englobar todas las demandas en una: nuestra agricultura y ganadería apenas son rentables tras las subidas de costes de los últimos años, ni siquiera con la aún importante inyección de dinero público de la PAC, que, eso sí, ha ido reduciéndose a medida que el 'lobby' agrario pierde fuelle y que la soberanía alimentaria, con la globalización, no es tan necesaria como en el siglo pasado.

Mientras los costes se disparan, no sólo por los insumos –bienes y servicios necesarios para producir los alimentos–, sino también por las exigencias sostenibles de la actual conciencia 'verde' europea, los precios que perciben los productores no compensan y abocan hacia un modelo de explotaciones cada vez más grandes y eficientes –con menos trabajadores– o microexplotaciones de calidad y venta directa. El problema es que este nuevo agro estrangula gran parte la agricultura familiar, la que aún da vida a los pueblos. Este es un análisis de las principales reivindicaciones del manifiesto riojano ante Europa y el Gobierno de España.

La Plataforma 6F incluyó entre sus primeras demandas derogar la Agenda 2030, y también el primer manifiesto de los 'chalecos amarillos' de La Rioja. Ahora se ha matizado sustituyendo la palabra rechazo por «adaptar la Agenda a una agricultura y ganadería rentable». La Agenda 2030 es una declaración de intenciones que, entre otras cosas, aspira a acabar con el hambre en el mundo y a proteger el planeta. Es decir, lo que está obligando a cambiar de hábitos a los agricultores y ganaderos no es la propia Agenda, sino el Pacto Verde Europeo –reorientar la transición ecológica desde una economía basada en el carbón hacia las energías renovables– y la Estrategia 'De la Granja a la Mesa', que pretende que los alimentos europeos sean más sostenibles económica, social y medioambientalmente. El problema es que ser verde cuesta no sólo trabajo, sino dinero, y no hay más compensaciones para un sector primario que apenas puede repercutir los costes en sus productos.

Es lo que pide el manifiesto. La última reforma se aprobó en 2023, con la novedad de los llamados 'eco-regímenes', que básicamente priman con ayudas directas –que se detraen del fondo total– a quienes voluntariamente adopten buenas prácticas medioambientales. Europa impuso también barbechos obligatorios para 2024 y, aunque una de las concesiones hechas hasta ahora por la CE tras las movilizaciones del sector en Europa, es no exigirlos para este año, no es una supresión, sino una condicionalidad: se podrá sustituir el barbecho, pero por una superficie equivalente de 'cultivos mejorantes' (legumbres, proteaginosas o leguminosas) cultivadas sin uso de fitosanitarios.

Este punto es uno de los caballos de batalla de las movilizaciones. Todo el mundo ha visto imágenes de frutas en el suelo porque cuesta más producirlas que lo que se paga por ellas, ya que la industria se abastece de producto de países terceros más barato. Planas se comprometió a defender en la UE y la OMC que sólo se importen productos de terceros países que no utilicen fitosanitarios prohibidos en Europa. Pero de las buenas palabras al hecho... El campo es moneda habitual de cambio en las negociaciones sobre libre comercio. Además, intervienen también intereses geopolíticos (el grano ucraniano) o el equilibrio con Marruecos y Turquía, dos grandes productores de alimentos, frontera con la UE y socios estratégicos en la política de inmigración. Ahora bien, las movilizaciones también sirven en este ámbito. Tras el asedio tractorista de París, Enmanuel Macron se pronunció contra el acuerdo UE-Mercosur, uno de los más ambiciosos para facilitar el comercio entre ambas zonas que estaba a punto de ratificarse y ahora está en el aire. Otro acuerdo que preocupa en España, y ya sólo está pendiente de ratificación, es con Nueva Zelanda. Eliminaría aranceles y el país austral es un gran productor de vino, frutas, vacuno y ovino.

Dentro del Pacto Verde, la Comisión Europea presentó una propuesta para reducir a la mitad los pesticidas que el campo usa en la UE en 2030, el llamado paquete para el uso sostenible de pesticidas. La presidenta de la CE, Ursula Von de Leyen, dio marcha atrás en un intento de acallar las protestas del campo, pero, en cualquier caso, el precio de los fertilizantes se ha multiplicado. Lo explicaba muy bien un productor de fruta del Iregua: «Yo intento ser lo más ecológico posible e incluso trabajar en esa línea para el futuro, pero lo que no puede ser es que me prohiban usar productos que valían 10 euros y me obliguen a comprar otros que valen 10 veces más; no puedo pagarlos». La realidad es que la industria de agroquímicos es muy poderosa y, además, dominada por sólo un puñado de grandes multinacionales.

Otro de los temores del sector ganadero es la propuesta de revisión normativa europea de bienestar animal, que introduciría cambios importantes en la forma de producir, especialmente en la avicultura, cunicultura y porcicultura. Aún está sin aprobar y lo que establece son exigencias como el fin de la producción en jaulas. Además, obligaría a reducir el censo de animales hasta en dos tercios en algunos casos, lo que pondría en jaque la viabilidad de las explotaciones o conllevaría la realización de importantísimas inversiones.

Hay otro tema ganadero también en el manifiesto riojano y es la prohibición de la mención 'productos cárnicos' en etiquetados cuando no tengan origen animal. La industria de alimentos sustitutivos de la carne avanza a pasos agigantados (incluso Bill Gates ha puesto su ojo, y sus millones, en ella) y ya hay productos que, al menos a la vista, son muy similares a los tradicionales despieces o elaboraciones cárnicas. Lo que se quiere es que, por ejemplo, sólo se pueda llamar hamburguesa a la de origen animal.

Dentro del ámbito nacional, de la Ley de la Cadena Agroalimentaria –cuyo fin es impedir las ventas a pérdida y proteger al eslabón más débil– mucho se ha escrito. Durante no pocos años los políticos decían que era inviable jurídicamente..., hasta que lo fue. La norma prohíbe las ventas a pérdida, pero el agricultor entrega productos perecederos. Por ejemplo, en los contratos privados, aun con precio y plazo de pago, se incluye una cláusula en la que productor reconoce que lo que se le paga cubre sus costes, quizás porque, si no lo hace, no se los compran. Planas anunció que iba a reforzarla con más organismos y con la publicación de las sanciones graves y muy graves. En 2023, la Agencia de Información y Control Alimentario impuso multas por 376.000 euros, cantidad simbólica si, como dice el campo, su incumplimiento es generalizado.

El campo riojano demanda la «consideración de las particularidades actuales del sector primario de cara a la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional». El SMI ha subido algo más del 54% en cinco años y afecta a todos los sectores económicos, aunque no por igual. En el caso del agrario, el SMI equivale ya al 90% del salario medio, mientras que para el conjunto de la economía española supone el 60%. En la hostelería, por ejemplo, llega al 83% sobre el sueldo medio.

Mucho se ha escrito y, por tanto poco hay que explicar, sobre la demanda ganadera de la exclusión del lobo de la lista Lespre (especies protegidas). Las víctimas (ganado) hoy por hoy se indemnizan, pero los ganaderos lo que quieren es controlar la población del depredador con el que ha convivido toda la vida en las zonas de sierra.

El sector champiñonero es muy importante en la región. Agobiado también por el incremento de costes, lleva casi tres años luchando contra un hongo que causa importantes mermas productivas. El hongo es inocuo para la salud, pero no se ha podido eliminar con fitosanitarios autorizados, por lo que se pide autorización para probar con otras materias activas.

El cuaderno digital obliga al productor a llevar su explotación por medios telemáticos, lo que se suma a una carga burocrática que ya es extraordinaria. Por ejemplo, al pequeño cosechero la burocracia le anima a echar la persiana. O externalizas la llevanza (más costes) o te vuelven loco con declaraciones diferentes porque la propia Administración pública no los comparte entre sus departamentos. En el caso del cuaderno digital, el ministro accedió a retirarlo, a cambio de incentivar su uso voluntario. El 62% de los jefes de explotación del campo riojano tiene más de 55 años, así que esta transición digital, de la noche a la mañana, no solo es frustrante, sino desesperante para muchos. ¿Recuerdan los problemas de los mayores con los bancos?

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