Delitos de odio en La Rioja: más política que racismo

Las amenazas, discriminaciones y demás actos violentos dirigidos contra extranjeros, homosexuales, mujeres, pobres, discapacitados, gitanos o personas de otras ideologías que de cuando en cuando saltan a los medios de comunicación no son más que la punta del iceberg de una dramática realidad de dimensiones nada desdeñables.

De acuerdo con las estadísticas del departamento de Interior, desde el 2014, primer año del que hay registros, hasta 2021, cuatro de cada diez infracciones de este tipo se debieron a diferencias de ideología. En términos absolutos, los datos que arroja el informe no son excesivamente altos, pero porcentualmente esta comunidad tiene la tasa más alta de estas infracciones de todo el país, incluso por encima de Cataluña (36%) y del País Vasco (12%).

Tras la ideología, se sitúan los hechos punibles derivados de la discriminación por racismo o xenofobia que en el mismo periodo de tiempo, es decir, en los ocho años de los que hay datos, fueron 24, y representaron poco más del 32% del total. Le sigue la discriminación generacional, con diez casos; odio contra las personas con discapacidad (5); contra las creencias o prácticas religiosas (2) y finalmente antigitanismo y discriminación por razón de sexo y por orientación sexual, con una cada una. A lo largo de estos mismos años no se ha conocido ningún hecho punible derivado del antisemitismo, de la discriminación por enfermedad o por aporofobia, es decir, por rechazo hacia el pobre.

La estadísticas del Ministerio del Interior también ofrece algunos datos curiosos, como el lugar en el que se han producido los delitos. Destaca el de las llamadas vías de comunicación, como vías interurbanas, calles, áreas de servicio de autopista o autovía, áreas de descanso y caminos, entre otros. Precisamente en estos espacios han tenido lugar la mitad de los incidentes. El resto se han producido en el interior de viviendas, en concreto, estos espacios fueron el escenario del 16% de los delitos de odio. A este le siguen los establecimientos, otras instalaciones y recintos, espacios abiertos, centros religiosos y en último lugar en campos de fútbol o instalaciones deportivas. En este último, cuestionado tras el caso Vinícius, sólo ha habido un incidente en los últimos ocho años.

Otro de los aspectos que desgrana la estadística de Interior es la nacionalidad de los investigados y los detenidos y en este caso, de las 42 personas que estuvieron en el foco de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 30 tenían nacionalidad española (71%), el resto se reparten en cantidades muy pequeñas entre varias nacionalidades. De las víctimas, el 50% son españolas, algo más del 11% son de nacionalidad marroquí.