El despido fulminante, ahora improcedente, del anterior gerente del Consorcio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja (CEIS), David Sainz, formó parte de la última oleada de destituciones de la presidenta riojana, Concha Andreu. David Sainz había sido nombrado gerente ... de la entidad de emergencias en el año 2016 con un perfil técnico y con una dilatada experiencia en la materia desempeñada con anterioridad en comunidades como Navarra y Aragón. La decisión tendrá un coste para las arcas públicas riojanas de 37.031,45 euros o la reposición en igualdad de condiciones en su puesto de trabajo, tal y como consta en la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 a la que ha tenido acceso este periódico. Una sentencia que, no obstante, ha sido recurrida por el Gobierno.
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David Sainz permaneció en su puesto hasta enero del año 2022, cuando Andreu decidió destituir como consejera de Salud a Sara Alba y nombrar para el cargo a la actual titular, María Somalo. No era el primer cambio de consejero al que se enfrentaba David Sainz, ya que continuó al frente del consorcio incluso con el traspaso de gobierno del PP al PSOE tras las elecciones de 2019, pero el carácter 'eventual' de su contrato establecía que cuando cesa la autoridad que propuso su nombramiento, en este caso Sara Alba, lo hace también el gerente del CEIS de forma automática. Anteriormente, Sainz había sido destituido cuando cesó Conrado Escobar (PP) y cuando lo fue Ana Santos (PSOE), pero inmediatamente volvía a ser nombrado, cadena que se rompió definitivamente con la destitución de Alba.
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De hecho, la relación laboral para un puesto técnico como la gerencia del CEIS no se correspondía con la de personal eventual (de confianza), por lo que el propio Ejecutivo de Andreu, tres meses antes del despido David Sainz, estaba negociando un nuevo contrato para estabilizar su situación laboral.
Así las cosas, el 19 de octubre de 2021, la junta directiva del CEIS había aprobado una propuesta de modificación del régimen jurídico del puesto de trabajo de gerente al argumentar, tal y como recuerda ahora la sentencia, que «sus funciones no son las propias de personal eventual y de asesoramiento especial [sino de gestión y técnicas] y todo ello unido al hecho de que su cese se produzca de manera automática cuando cesa la autoridad que lo nombra puede originar disfunciones y/o ineficiencias en el funcionamiento ordinario del consorcio».
Este cambio del régimen jurídico llegó tarde para David Sainz, ya que se aprobó el 27 de enero, días después de su despido, pero no para la reclamación de la indemnización por improcedente. En este sentido, el Juzgado de lo Social deja claro que «los informes técnicos emitidos en el último trimestre de 2021 en relación a la modificación de los estatutos del consorcio demandado constatan que el puesto ocupado por el actor no se correspondía al de un personal eventual, de ahí que se haya modificado la redacción del artículo 24 sin cambiar sin embargo las funciones a desarrollar por el gerente que siguen siendo las mismas», por lo que el tribunal reconoce el derecho a esa indemnización de 37.031 euros (equivalente al salario diario, 204,03 euros, desde su primera contratación en julio de 2016).
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La destitución de David Sainz provocó una crisis en Emergencias. Héctor Ruiz, titular de la misma y alto cargo nombrado por la propia Andreu, presentó de forma inmediata su dimisión al advertir a la nueva consejera, María Somalo, que si cesaba al gerente del CEIS él se iría a continuación. Así sucedió y Somalo nombró a Carlos Castro, un técnico que trabajaba en el Servicio de Prevención en el Ayuntamiento gallego de Narón, como sustituto de David Sainz y al exjugador de baloncesto Salva Díez, como director general de Emergencias. Ambos continúan hoy en sus puestos.
El despido de Gabriel Díaz Barrio al frente de la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje, el pasado mes de marzo, ha sido uno de los últimos más sorprendentes del Gobierno de Andreu. Seleccionado por una consultora externa, y con un coste importante, apenas duró nueve meses en el cargo –estuvo seis de prueba– para poner en marcha uno de los proyectos estrellas para la transformación de La Rioja. Díaz Barrio firmó un contrato de alta dirección que, entre fijo y variable, equiparaba su sueldo al de un consejero (más de 73.000 euros), pero además indefinido, aunque, al ser contratado por una fundación y no directamente por la Administración, el procedimiento, su contratación y su destitución han sido totalmente opacas. De hecho, en el Parlamento regional se registró una pregunta para saber si el exdirector de la Fundación del Envase había cobrado indemnización por su despido, pero la respuesta, firmada por el consejero de Desarrollo Económico, José Ángel Lacalzada, se limitó a contestar que «dicha cuantía ha sido la que le corresponde según establece la legislación vigente». A preguntas de Diario LA RIOJA sobre la misma cuestión, el Gobierno vuelve a remitirse a lo dicho por Lacalzada sin concretar cantidad alguna.
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