Un condenado por el 14-N pide que se investigue a Fernández Beneite y a los dos exjefes superiores de la Policía Nacional

La acusación que durante ocho años ha tenido en vilo a Pablo Alberdi y a Jorge Merino por los incidentes que tuvieron lugar durante la huelga general de noviembre del 2012 y que finalmente se resolvió con la condena del primero a un año de prisión como autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y la absolución del segundo, no se ha cerrado. El letrado de Alberdi, Endika Zulueta, registró ayer en la Audiencia Provincial de La Rioja un recurso de apelación en el que solicita una aclaración del fallo y que se corrijan dos omisiones en las que, entiende el abogado, incurre el fallo. La primera es puramente procesal: recuerda que durante mucho tiempo la causa estuvo «indebidamente paralizada» en la Audiencia Provincial y reclama que la atenuante de dilaciones indebidas se aplique en su grado muy cualificado (lo que reduciría considerablemente la condena de Alberdi).

La segunda es más de fondo y reclama que se investigue los máximos responsables policiales: a Fernando Fernández Beneite, jefe al mando del operativo policial de los hechos, a los exjefes superiores de Policía de La Rioja, Pedro Mélida y Manuel Alvarez, a dos funcionarios policiales más «así como otros funcionarios policiales o políticos de los que pudieran derivarse responsabilidad a lo largo de la investigación que se desarrolle en el juzgado de instrucción correspondiente» cometieron los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos, de falsificación en documento público, de acusación o denuncia falsa, de falso testimonio, contra la integridad moral y de maltrato de obra.

Según el texto del recurso, al que ha tenido acceso este periódico, Zulueta argumenta que «en la sentencia […] se relatan unas conductas protagonizadas por diversos funcionarios policiales que pudieran ser constitutivos de diferentes delitos» pero omite «la preceptiva deducción de testimonio contra dichos funcionarios policiales a fin de que el Juzgado de Instrucción correspondiente abra diligencias para investigar los hechos presuntamente delictivos, y su autoría entre los funcionarios, tanto policiales como políticos, que hayan tenido responsabilidad en los mismos».

Sostiene el recurso que las defensas aportaron grabaciones «realizadas con teléfonos móviles de la época (2012), y han servido como prueba documental valorada tanto por el juzgado de lo penal como por la Audiencia Provincial» y que «la Policía Nacional grabó las imágenes con cámaras profesionales, por personas que se entienden especialistas» por lo que no consideran creíble que todas las imágenes obtenidas policialmente fueran defectuosas. «La orden de su destrucción hizo que se hurtase a los Tribunales de la valoración de unos documentos visuales que recogían imágenes que bien podían haber echado por tierra toda la versión policial de los hechos».

Las defensas también solicitaron la incorporación a la causa las imágenes obtenidas por las cámaras fijas situadas en el Palacete del Gobierno de la Rioja «y que, inexplicablemente, también fueron destruidas, hurtándose igualmente a la valoración de dichas pruebas, debiéndose de igual manera depurar las responsabilidades policiales y políticas de dicho hecho con evidente apariencia delictiva», dice el recurso. En aquel momento, Alberto Bretón era Delegado del Gobierno en La Rioja.

De igual manera, Zulueta reclama que se investigue a Fernández Beneite, que menos de un año después de los inicidentes fue promovido a jefe de Policía Local de Logroño, por un presunto delito contra la integridad moral de Pablo Alberdi. En este caso, Alberdi y su letrado sostienen que, como queda probado en la sentencia de la Audiencia Provincial, el jefe del operativo policial le empujó dos veces con fuerza «sin que conste actitud violenta previa» del mismo «es decir, sin amparo legal alguno, extralimitándose en el uso de la fuerza, perdiendo por tanto su cualidad de autoridad, lo que además de haber tenido su influencia en la calificación de los hechos por los que ha sido condenado el mismo (atentado a agente de la autoridad que, por su acción, ha perdido tal cualidad), implica la posibles comisión de un delito de malos tratos».

«La sentencia declara constatado que otros dos funcionarios policiales, que obviamente actuaban a la orden de don Fernando Fernández Beneite, «conducen a rastras, agarrándolo por las manos, hasta el vehículo policial» a mi representado. Es decir, un claro episodio de atentado contra la integridad moral presuntamente protagonizado por los tres funcionarios policiales y del que existen pruebas gráficas evidentes», completa Zulueta en su recurso.

Por último, también pide que se investigue a Fernández Beneite y a otros tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía como presuntos responsables de hasta tres delitos más: falsificación documental, acusación o denuncia falsa y falso testimonio. Para ello el recurso se apoya en la argumentación de la sentencia de la Audiencia Provincial, en donde se reconce que en sus declaraciones se omitieron aspectos relevantes que luego se probaron con los vídeos y que se relataron otros que no fueron corroborados por las imágenes grabadas.

«La sentencia declara acreditado que Fernando Fernández Beneite y otros tres funcionarios imputan a Pablo Alberdi el lanzamiento de un globo con pintura que impacta en el pecho de Fernández Beneite (y uno de ellos lo manifestó así en el juzgado de instrucción) y que, en la vista oral (y una vez hechos públicos los vídeos aportados por la defensa), los cuatro manifiestan no haber presenciado el hecho, relatando en la vista oral, por primera vez más de cinco años después (abril de 2018), una supuesta agresión con un cartón que habían omitido en la comparecencia inicial, lo que presuntamente implica que, o bien introdujeron datos falsos en el atestado (que tiene valor de denuncia), o bien falsearon su testimonio en la vista oral, o ambas cosas», abunda el recurso.