La concertada denuncia tres años y medio de «desplantes, mentiras e imposiciones» del Gobierno riojano

En este sentido, presidente de CONCAPA Rioja, Carlos Torres, ha denunciado el «peaje» que están pagando por el acuerdo de gobernabilidad, «que establecía la supresión de la subvención a los alumnos que cursaran Bachillerato en la red de centros concertados, la retirada del concierto a los colegios que no cumplieran su función social o segregaran al alumnado, el llamado 'bombo único' o la planificación de un proceso de escolarización que, de ser normal, se ha convertido en un proceso angustioso».

Además, ha criticado la creación de la oficina de escolarización permanente, que cuando se reúne «puede llegar a decidir en una sola tarde el destino de 150 niños, sin datos objetivos encima de la mesa porque nadie nos dice los colegios en los que hay plazas y en los que no». Un proceso que, a su juicio, se lleva a cabo de manera unilateral, sin el respaldo de la comunidad educativa. «Nació bajo el mandato de la Consejería de Educación para garantizar un proceso transparente. Según su reglamento, iban a reunirse una vez por semana, pero no ha habido ningún encuentro desde el pasado 5 de septiembre». Mientras tanto, ha explicado, se han tramitado durante este curso 2.100 solicitudes y se han asignado a 1.971 alumnos, 1.400 de ellos nuevos.

Por su parte, María Jesús Sauca, miembro de la junta de Escuelas Católicas ha hecho hincapié en el reto «más doloroso» que han tenido que superar sin ningún apoyo por parte del Gobierno: la pandemia. «Seguimos sin recibir ningún tipo de ayuda digital ni para la adquisición de los dispositivos, pero estamos obligados a presentar un plan digital, que llevamos a cabo a costa de las horas que cada centro puede aportar para llevar a cabo esa digitalización», ha asegurado. Por ello, ha afirmado que «lo único que queremos es que la concertada tenga medios para poder afrontar los medios que la consejería nos presenta».

Además, ha criticado la imposición del Decreto de Convivencia que, lejos de aportar novedad y soluciones para los alumnos, «nos retrotrae a épocas pasadas y puso en pie de guerra a todo el profesorado riojano porque su artículo 53 era un insulto claro a tantos profesionales que cada día trabajan por la educación de nuestros hijos». No solo eso: ha apuntado que la Consejería ha tardado «más de seis meses en darnos horas para asignar al responsable de convivencia de los centros y lo han hecho unilateralmente, sin escucharnos y sin pensar en las necesidades, porque han dado las mismas horas para centros de 360 niños que para los colegios de 1.200... deben de ser los únicos que no saben que el número de conflictos de un centro es proporcional al número de alumnos». En este sentido, ha reiterado que «no puede haber una dotación sistemática de horas para los centros», sino que se debe considerar el volumen del alumnado que hay en cada centro de Primaria y Secundaria para que el responsable de convivencia pueda llevar a cabo su función«.

También ha criticado que los profesores de la concertada «siguen a 25 horas de tiza, que suman a las horas de preparación de las clases», lo que les impide poder trabajar junto a los alumnos en otros temas, como la inclusión, la atención a la diversidad o la personalización. «El profesorado de la concertada trabaja más horas que el de la pública con retribuciones mucho menores. Me pregunto dónde está la igualdad que tanto proclama el Gobierno de Andreu», ha sentenciado Sauca.

A todo esto se suma, según Ramón Ruiz, de CECE La Rioja, «un nulo interés» del Ejecutivo para dialogar, «teniendo que acudir a los tribunales para que frenaran los ataques de un Gobierno que se sufraga con los impuestos de todos los riojanos». De hecho, como ha añadido el responsable de FEUSO Rioja, Alejandro Vesga, las negociaciones y la comunicación terminó de romperse en la última reunión de la mesa sectorial, de la que aún no tienen ninguna noticia. «No hemos recibido más noticias que aquella ruptura, en la que denunciamos el reglamento. Hay cuestiones muy importantes sobre la mesa y hay que tomar decisiones, pero, a pesar de que hemos pedido reunirnos, han hecho oídos sordos».

Por todo ello, Gonzalo González, secretario de FSIE La Rioja, ha asegurado que toda la comunidad educativa, no solo la concertada, está «harta de improvisaciones e imposiciones, como la del sistema Gauss o de normas tan fuera de lugar como el rechazado Decreto de Convivencia». «Estamos hartos de mentiras, de que nuestros profesionales, alumnado y familias no sean tratados como se merecen. Queremos que la educación no siga perdiendo todos los avances que hemos conseguido, que se garanticen todos los derechos y libertades relacionados con la libertad de enseñanza y de elección de centro, así como una equiparación real de las condiciones sociolaborales de los trabajadores de ambas redes...».

De hecho, han asegurado que «no vamos a cesar en nuestro empeño para que se garantice a las familias, al alumnado y a los docentes de la red concertada los derechos que les están siendo arrebatados dese el Gobierno de La Rioja». De ahí que, durante las próximas semanas, «lancemos nuevas acciones de presión que creemos que tendrán eco».