El caso del chalé de Sanz no estaría prescrito, a diferencia de la mayoría de los 69 reabiertos

Orga había revocado, con fecha de enero del 2017, un auto previo de su antecesora en el tribunal y anulado la investigación sobre el 'sector diseminado' -no así sobre las otras 209 construcciones supuestamente ilegales y ubicadas sobre 'sectores rústicos' de la localidad-. Ahora, por mandato de la Audiencia, tendrá que reabrir la investigación sobre esas otras 69 construcciones al considerar la instancia judicial superior que no quedaron legalizadas con la aprobación del Plan General Municipal (PGM) de la localidad como presumía inicialmente el magistrado. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) dio la noticia el pasado martes por medio de una detallada nota de prensa, aunque Diario LA RIOJA ha tenido acceso a la densa resolución (95 folios), así como a las tres respuestas a otros tantos recursos separados que también han sido resueltos y enviados igualmente al juzgado número 3 para que continúe con la instrucción.

En la resolución, se detallan algunas actuaciones llevadas a cabo por los agentes del Seprona de la Guardia Civil y la Fiscalía de La Rioja en las diligencias, con la preocupación de la posible prescripción de los delitos. El propio informe de los agentes selecciona de entre las 69 construcciones presuntamente ilegales del 'sector diseminado' únicamente seis de ellas, en las que se puede probar que se realizaron obras con posterioridad al año 2011. Entre éstas, se encuentra el chalé del expresidente riojano, con lo que, en principio, no habría riesgo de prescripción del supuesto delictivo como sucede en la mayoría de casos que se volverán a investigar por orden de la Audiencia Provincial.

Así, mientras la prescripción para funcionarios públicos de supuestos delitos urbanísticos -como los indiciariamente atribuidos el exalcalde de Villamediana Tomás Santolaya- es de diez años, en el caso de los menos graves tipificados en el Código Penal imputables a particulares -supuesto caso del expresidente Sanz y su mujer, que hicieron las obras en el año 2012- prescriben a los cinco años si los actos constructivos que los motivan son posteriores al 23 de diciembre de 2010.

Así las cosas, únicamente seis de las 69 construcciones presuntamente ilegales del 'sector diseminado' de Villamediana estarían en ese supuesto, con lo que los otros 63 casos correrían el riesgo de prescripción. La fecha que paraliza el plazo prescriptivo de los delitos imputables sería el 11 de marzo del año 2015, cuando se formaliza la denuncia del Ministerio Fiscal y se da inicio a las diligencias previas.

En cualquier caso, el asunto de la prescripción será tratado con posterioridad a la instrucción ahora pendiente, ya que, por el momento, la investigación judicial no se ha dirigido contra persona alguna, más allá de recabar información.