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Viernes, 7 de septiembre 2018, 21:27
La resolución de la Audiencia Provincial enmienda al juez Orga, pero no de forma total, sino parcial. En este sentido, confirma el archivo definitivo del presunto delito de prevaricación administrativa que, de forma indiciaria, atribuía la antecesora de Orga en el juzgado de instrucción número ... 3, Rosa Esperanza Sánchez, al exacalde Tomás Santolaya, a los siete concejales que votaron a favor de la aprobación del PGM villametrense y a los miembros de la Comisión de Urbanismo de La Rioja que aprobaron el plan. Aquel primer auto presumía que se podía haber pretendido favorecer la 'legalización' del chalé de Pedro Sanz con la aprobación del nuevo PGM que convirtió el suelo en urbanizable. La Audiencia, sin embargo, ratifica el auto del juez Orga en este punto al resolver que «no se ha determinado ni aun indiciariamente que el informe favorable del PGM de los miembros de la COTUR y la votación de alcalde y los concejales se llevase a cabo con la finalidad de favorecer a una persona determinada». «La votación favorable a la modificación del planeamiento beneficia no sólo a esa parcela sino también a las otras de los sectores diseminados. Idéntica situación podría pensarse de cualquier persona que fuese familiar de algunos de sus informantes o votantes, situación nada extraña, teniendo en cuenta que ni la localidad ni la Comunidad tienen un numero tan importante de personas que haga inviable esta posible relación familiar o, incluso, de amistad, que también podía haber sido alegada como causa en este tipo de delito de prevariación urbanística».
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