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Si La Rioja, al igual que el resto de comunidades del régimen común, se queda sin la aportación de Cataluña al sistema de financiación ... autonómica (SFA), la consecuencia inmediata sería «la quiebra del estado de bienestar». Así, sin medias tintas, el presidente regional, Gonzalo Capellán, expresó su opinión sobre el impacto de un escenario «que nos debe mantener, tanto a la Administración como al conjunto de la sociedad, en alerta». El Gobierno, refrendó su máximo dirigente, se «va a oponer» a cualquier transformación del SFA «que se haga por la puerta de atrás» porque el perjuicio para los intereses riojanos «sería irreparable».
Una hipotética financiación singular para Cataluña «va en dirección contraria a la homogeneización que reclaman los experto», recordó el jefe del Ejecutivo, que no pasó por alto que la propuesta planteada en la comunidad catalana «es fruto de un acuerdo bilateral puramente político entre dos partidos» –PSC y ERC– para conseguir la investidura como president del socialista Salvador Illa. Algo «censurable», a juicio de Capellán, no solo en clave política sino también desde el punto de vista «normativo y jurídico-constitucional».
El presidente riojano explicó que «la legitimidad de cualquier modificación del sistema de financiación se basa en que la reforma ha de ser consensuada de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera» y en ese foro, en 2009, se alcanzó el pacto que ahora rige en la financiación autonómica en España con las correcciones que han ido introduciéndose. Asimismo, Capellán se remitió a los informes y denuncias del colectivo de técnicos de la Administración General del Estado que señalan la «inconstitucionalidad de la medida porque alteran lo previsto en materia tributaria» por parte de la Carta Magna en España.
Todas las comunidades «estamos infrafinanciadas» y en el caso de La Rioja se demuestra con la disposición de recursos para atender a la dependencia, que no está contemplada en el actual sistema de financiación autonómica. En nuestra región «destinamos 150 millones a la dependencia, que es casi el 10% del Presupuesto de la Comunidad, y solo 35 los aporta el Estado cuando la ley dice que las comunidades aportaremos tanto como» el Gobierno central.
La equidad y la solidaridad interterritorial «están en juego» si Cataluña sale de la ecuación del SFA y el resultado sería «una merma de recursos considerable». Un problema de difícil remedio porque si se mira al Estado como solución «hay que tener en cuenta que no está para aportar recursos con su actual nivel de deuda y que ha de hacer frente a las pensiones o a las prestaciones por desempleo», dijo Gonzalo Capellán en el cierre de la presentación del informe por parte del Colegio de Economistas de La Rioja que contó también con la presencia de la presidenta del Parlamento, Marta Fernández; los consejeros Alfonso Domínguez (Hacienda) y José Luis Pérez Pastor (Cultura); los portavoces de la oposición Javier García (PSOE) y Henar Moreno (Podemos-IU); o el secretario general de UGT, Jesús Izquierdo.
Y en línea con la hipótesis «de que buena parte del agujero que deja Cataluña puede ser cubierta con recursos de la Administración Central, tendría que decidir si financiar con cargo a impuestos presentes o impuestos futuros –más deuda pública emitida–», lo que impactaría de lleno sobre los contribuyentes riojanos y el resto de ciudadanos de las comunidades de régimen común, «aparte del shock permanente que supone sobre la estabilidad presupuestaria y el control de la deuda», remató el jefe del Ejecutivo riojano.
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