La Rioja perdería entre 244 y 305 millones de euros si Cataluña tiene un sistema de financiación propia

Una posible salida de Cataluña del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), en virtud del compromiso alcanzado entre los socialistas catalanes y ERC para contar con un modelo propio y singular, tendría «graves consecuencias» para las arcas económicas de las comunidades españolas de régimen común, todas salvo Navarra y País Vasco. En el caso de La Rioja, el impacto calculado por el Colegio de Economistas se mueve en una horquilla entre 244 y 305 millones de euros al año, en función de un escenario más prudente de recaudación o más optimista y siempre con el ejercicio 2026 en el horizonte.

De los cuatro fondos que componen el SFA, la hipotética marcha de Cataluña restaría recursos a los de garantía, principalmente, y suficiencia, mientras que los otros dos fondos, denominados de convergencia –cooperación y competitividad– dependen del dinero que la Administración central esté dispuesta a poner según el cálculo de variables macro.

En el fondo de garantía, para asegurar la prestación de servicios públicos homogéneos en todas las regiones, la merma para La Rioja rondaría entre 170 y 213 millones de recepción neta, según se tome el escenario prudente –teniendo en cuenta las últimas cuatro liquidaciones de la financiación autonómica, de 2019 a 2022– o el optimista –contempla los cierres de ejercicios de 2020 a 2022–. «Para contextualizar la importancia de estas cifras, el fondo de garantía es muy importante ya que se calcula como el 75% de la recaudación normativa más una aportación adicional del Estado que en ambos escenarios supone un incremento promedio superior a la media histórica previa a 2020 –y se distribuye en proporción a la población ajustada–», explicó Javier Santacruz, miembro del Colegio de Economistas de La Rioja y autor del informe.

Las pérdidas del fondo de suficiencia se elevarían entre 74 y 92 millones «al producirse una minoración de los ingresos del Estado sobre los que se calcula cuánto hay que transferir a cada autonomía con respecto al año anterior de todas las competencias a valor de 2007», añadió. Y el resultado de la merma alcanzaría entre 244 y 305 millones, cantidades «ajustadas por la inflación para que sean plenamente comparables a las últimas publicadas» correspondientes a la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2022.

En los presupuestos de la Comunidad de La Rioja de este 2024, la Hacienda regional cuenta con 253,88 millones del mecanismo de suficiencia y 131,38 del fondo de garantía, en total 385,26 millones que equivalen a casi el 20% de las Cuentas públicas –y casi el 70% de los ingresos por impuestos directos–.

Más allá del impacto de una posible reforma del SFA «con la denominada financiación singular catalana», otra consecuencia puede ser «un Estado autonómico más disfuncional y parecido a un modelo confederal que a uno federal», consideró Santacruz, que avisó de problemas con otras fuentes de ingresos «que tendríamos que revisar. A ver cómo se rehacen las reglas de juego en mitad de un partido».

El presidente del Colegio de Economistas, Ernesto Gómez, recordó que «estamos hablando de un acuerdo político sobre la financiación de Cataluña y los detalles técnicos no se conocen». Tampoco se sabe en qué medida el Estado podría compensar esa ausencia de aportación de la Hacienda catalana, «pero el margen de maniobra es pequeño porque ahora mismo estamos en un endeudamiento público de 1,62 billones, lo que supone más del 105% sobre el PIB», señaló el decano de los economistas.

La reforma a la que aspira la Generalitat supone «una ruptura del sistema de financiación, lo que conocemos como régimen común, y una ruptura de los consensos constitucionales respecto al modelo de organización territorial. Es una situación suficientemente grave como para plantearnos qué alternativas hay», aseveró Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y experto designado por La Rioja en la última comisión para la reforma del SFA.

Porque el hecho de que Cataluña «tenga su propio sistema de gestión y organización fiscal a través de una agencia tributaria supone también una merma respecto a lo que es el control cruzado de los datos de los contribuyentes, una pérdida de información y un incentivo al fraude fiscal en el conjunto del Estado por desubicación de los contribuyentes en diferentes territorios», dijo Rubio. Cataluña es, después de Madrid, la segunda comunidad que más aporta a la financiación autonómica en España e ingresa más de lo que recibe con lo que «si deja de serlo nos estamos jugando perder 2.000 millones de euros al año y poner patas arriba la financiación de la sanidad, la educación, la dependencia...».

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