Cambio de régimen

El dinero para que cristalice está incluido en el capítulo 1 correspondiente a gastos de personal, que tras dos ejercicios sin actualizarse pasa de 2,6 a 4,7 millones, para, entre otras finalidades, atender esta circunstancia. Los grupos tienen a partir de ahí la encomienda de acordar cómo y cuándo materializar la profesionalización. Sobre la manera, los implicados coinciden en «alcanzar el máximo consenso posible» para que un cambio tan relevante no quede al albur de una virtual variación en la correlación de fuerzas. El PP, que se abstuvo en la votación de las Cuentas del Parlamento y cuyas enmiendas para modular el montante fueron rechazadas, remite a los pasos que pueda emprender el PSOE. «Es quien marca aquí el terreno de juego, y no hemos recibido ninguna información», censura Jesús Ángel Garrido.

El socialista Raúl Díaz incide en la mejora democrática y la nivelación con el resto del país que a su juicio supondrá el avance, mientras que por Cs, Pablo Baena aboga por una fórmula que «permitirá incrementar la actividad legislativa y sobre todo, la del necesario control al Gobierno». Desde el Grupo Mixto, Henar Moreno (IU) repara no sólo en la vertiente económica, sino en los recursos y sobre todo las obligaciones que el nuevo sistema deberá incluir y que, aunque asume que sean difíciles de controlar por la propia naturaleza de la actividad de los diputados, deben ser supervisadas.

Las opciones son amplias y muchas remiten al espejo de otros parlamentos de dimensiones similares que ya funcionan a como aspira hacerlo el de La Rioja. Y siempre, a partir de la voluntariedad de cada diputado para acogerse a disponer de una nómina de la institución. En Cantabria, por ejemplo, además del caso de los portavoces y los miembros de la Mesa, 15 de los 35 dueños de un escaño tienen dedicación exclusiva y reciben un total 46.723 euros brutos al año. Dos diputados ejercen a tiempo parcial (32.380 euros) y otros ocho, además del senador autonómico cuya nómina corresponde a la Cámara Alta, sólo perciben las dietas por asistencia a plenos y comisiones (13.229). El procedimiento para implantar el sistema que llegue a consensuarse no será sencillo. La negociación entre los grupos debería derivar en un acuerdo en junta de portavoces para impulsar una proposición de Ley que debe ratificarse en pleno y modificará normas de calado. Desde el propio reglamento de la Cámara, hasta la Ley Electoral en el apartado (al menos) del régimen de incompatibilidades y la Ley 4/2007 de homologación de retribuciones de altos cargos de la comunidad con la administración del Estado.