La banca ahorrará 110 millones en La Rioja al librarse del impuesto que grava las hipotecas

Tradicionalmente, los bancos siempre han cargado todos los gastos hipotecarios al comprador de la vivienda sin ningún tipo de negociación. El Tribunal Supremo, en una sentencia del 23 de diciembre del 2015, puso en solfa esa 'costumbre' considerando abusivo que los costes de elevar a escritura pública los contratos hipotecarios recayesen siempre en los peticionarios de los mismos. Tras esta primera sentencia, que se interpretó como la posibilidad de abrir el camino a un nuevo revés judicial a la banca sólo comparable al que sufrió con el de las cláusulas suelo, varios juzgados de primera instancia y audiencias provinciales, entre ellas la de La Rioja, empezaron a pronunciarse en cascada ofreciendo resoluciones judiciales dispares en función de sus propios criterios. Finalmente, el dictamen del alto tribunal, conocido mediante una nota de prensa el pasado miércoles (la sentencia aún no se ha publicado), resuelve la polémica existente.

El Supremo se ha pronunciado sobre dos recursos de casación presentados contra dos sentencias de la Audiencia Provincial de Oviedo que condenaban a dos clientes a abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados derivado de la hipoteca. Estos reclamaban que dicho tributo debía abonarlo el banco. En su dictamen, el tribunal se reitera sobre «la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos». Los jueces de la Sala Primera, sin embargo, sólo han estimado en parte ambos recursos, estableciendo que el pago del impuesto por la constitución del préstamo incumbe exclusivamente a los clientes. El resto de los gastos correrán a cargo de los bancos, a excepción de los honorarios del notario que se repartirán al 50% entre ambas partes.

La doctrina de diciembre del 2015 provocó una avalancha de pleitos por parte de asociaciones de consumidores y despachos de abogados especializados, que acusan al Tribunal Supremo de dictaminar ahora «a favor de la banca» y animan a los hipotecados a revisar sus contratos para valorar si les compensa económicamente demandar la devolución de los gastos hipotecarios. El dictamen del Supremo no afecta a quienes ya tengan una sentencia en firme y hayan recuperado el dinero, pero sí a quienes tuviesen presentado un recurso.