El Ayuntamiento de Villamediana declina facilitar datos pedidos por el Parlamento

Tras recordar que ya facilitó previamente una batería de datos, el Consistorio dirigido por la socialista Ana Belén Martínez expone las razones para declinar la nueva petición en relación básicamente a tres puntos: otorgamiento de licencias, expedientes de reestablecimiento de la legalidad urbanística o sancionadores y actuaciones municipales en materia de contratación. Una información instada previamente por Cs sobre el ámbito temporal del año 2010 al 2017, a la cual Podemos adhirió la petición de denuncias vinculadas al caso interpuestas por la oposición de la localidad.

El Ayuntamiento villametrense defiende como punto de partida un «límite funcional» avalado por el Consejo Consultivo. «El parlamentario tiene derecho a la información que resulte necesaria para el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas (...), entre las que no se encuentra la de fiscalizar la actuación municipal, ni desde el punto de vista legal ni político», afirma para argumentar que la solicitud de información debe además ser «necesaria» y ponderar si puede puede ser obtenida por otros medios. A la «escasez de medios» y la imposiblidad de «paralizar» la tarea de los servicios municipales para atender esta petición, Martínez aporta que los datos pueden ser facilitados por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de La Rioja en tanto que la comisión se focaliza en una actuación de la COTUR.

Al obstáculo funcional añade otro competencial, apoyándose en las disposiciones del Estatuto de Autonomía y diversos dictámenes del Consejo de Estado. «Las comisiones de investigación creadas por los Parlamentos han de interpretarse de forma congruente con su objetivo y finalidad (...) sin que pueda alcanzar a órganos ajenos a su ámbito de competencia, como en este caso la Administración local», afirma insistiendo en que el objetivo del Parlamento es aclarar la aprobación definitiva del Plan General por parte de la COTUR.

A todo lo argumentado suma el escrito firmado por la alcaldesa una «imposiblidad legal» de remitir la información requerida «por el deber que pesa sobre este ayuntamiento de tutelar los derechos constitucionales de terceros, en la medida que resulten comprometidos en el asunto de que se trate». Martínez recuerda aquí la existencia de varios procesos abiertos por la Justicia respecto a los datos instados, por lo cual podrían tener el carácter de reserva. «La investigación parlamentaria no puede afectar a las resoluciones judiciales ni incidir en la labor de los tribunales», arguye aludiendo al parecer del CGPJ antes de recapitular los procedimientos en marcha e invitar a solicitar este tipo de datos a las autoridades jurídicas.