El PGM de Villamediana incluyó el sector del chalé de Sanz tras la denuncia por su ampliación

«Mi opinión era que había que regular una zona que resultaba caótica reduciendo el impacto sufrido y dotándola de servicios -luz, agua, seguridad vial...- dando a sus propietarios los mismos derechos que a otros, pero costeándolos», resumió el especialista, quien asumió la dirección de redactar el PGM en el 2011 después de que Ángel Ibáñez, el profesional encargado del mismo a partir del 2008 y con quien venía colaborando desde entonces, renunciara por discrepancias con los gestores del Ayuntamiento. «Desconozco cuáles fueron», respondió a preguntas del socialista Francisco Ocón, después de explicar que tomó las riendas una vez que el Consistorio le pidió una oferta.

En este contexto, García-Berlanga restó relevancia a la coincidencia temporal entre la denuncia por el caso de Sanz y su intervención además ante el Parlamento respondiendo a la misma cuestión, y la posterior inclusión del SD5 en el Plan General. Según explicó, a lo largo del 2012 se recabaron informes de los sectores tras las deficiencias advertidas por la COTUR, y después de una nueva aprobación inicial por parte del Ayuntamiento, se abrió un periodo de exposición pública en el que se recabaron 32 alegaciones, una veintena de ellas reclamando conformar el nuevo sector disperso número 5. «Valoramos todas las sugerencias técnicamente; no entramos en el formato ni el tiempo en que se producen mientras estén en plazo y nos mantenemos al margen de cualquier actuación de entorno», replicó el compareciente al también secretario general del PSOE al apuntarle que buena parte de ellas tenían una redacción idéntica y nunca hasta esta parte del proceso se había planteado la opción de otro sector. «Es un procedimiento largo y complejo, y puede ser que quien no alega en principio lo haga más tarde para no quedar en inferioridad», opinó.

También fue Ocón quien cuestionó la neutralidad técnica de García-Berlanga, cuando tras la aprobación provisional contestó a una alegación del regionalista Miguel González de Legarra arguyendo que confundía el interés público con el político por estar involucrado Pedro Sanz. «Nuestro equipo es multidisciplinar y de esos aspectos se encarga la parte jurídica», zanjó después de que Ocón destacara su vínculo laboral en algunos proyectos con el arquitecto asesor del Consistorio de Villamediana pese a negarla antes a David Vallejo (Cs), interesado también por la ampliación de su contrato en 20.000 euros.

Entre otras interrogantes formuladas por Podemos, García-Berlanga aseguró que las alegaciones al SD5 estaban «más que justificadas, porque si no se producía una discriminación», mientras defendió ante Jesús Ángel Garrido (PP) la necesidad de dotar de «coherencia urbanística» a un problema al cual «se le había dado la espalda desde 1988».