La Justicia concluye que no hay pruebas de que la sede del PP riojano se pagara en 'B'

La parte riojana del caso se zanja así trece años más tarde de su inicio. Porque todo comenzó en 2008. Por esas fechas el PP riojano estaba gestionando su mudanza de la entonces Plaza del Alférez Provisional a un local en Duquesa de la Victoria. El 26 de mayo de ese año, en los papeles de Bárcenas (la contabilidad 'B' del PP que la Audiencia ha dado al menos parcialmente por real) aparece una anotación: un ingreso de 200.000 euros con el concepto «La Rioja».

Casi un mes más tarde, el 23 de junio, la contabilidad oficial registra una transferencia por ese mismo importe como ayuda a La Rioja para la compra de su sede. Bárcenas declaró que para poder usar ese dinero se ingresó en efectivo en la cuenta de donativos oficial y desde ahí se transfirió a la sede regional, «blanqueando» así esa cantidad.

El juez, sin embargo, cree que la relación entre ambos movimientos no está probada. Según relata, el traspaso a La Rioja está contabilizada oficialmente tanto en la sede nacional como en la regional. Y también está registrado cómo se efectuó la compra de los locales, valorados en 300.000 euros: se usaron 180.000 de los 200.000 euros llegados de Madrid y un préstamo de 120.000 del Banco Santander. «Todo lo cual», dice la sentencia, «queda registrado en el Libro Diario y en el Mayor de la sede regional».

Los magistrados de la sentencia (José Antonio Mora, Fernando Andreu y Fernanda García) entienden que «no se ha practicado prueba suficiente» para permitir establecer esa relación, y además se apoyan en otros dos indicios.

Uno, ese paso del dinero por la contabilidad oficial. Dada esa contabilización en 'A', «no permite vincular una subvención oficial, siendo normal la existencia de traspasos entre sedes, con una anotación en los papeles de haber recibido dinero B de La Rioja».

Y dos, los magistrados se fijan además en otro detalle: que la supuesta entrada de los 200.000 euros en negro de La Rioja y la transferencia legal de junio se realizan «en fecha cercana pero no coincidente», algo que sí suele ocurrir en otros apuntes de los papeles de Bárcenas. De ahí, en fin, la conclusión ya apuntada: «no puede afirmarse» que la compra de la sede de Duquesa de la Victoria se efectuara con dinero negro.

Los jueces no han concedido, pues, verosimilitud a la acusación que, entre otros agentes, hizo durante el juicio Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, UDEF. En su declaración ante la sala, en abril, Morocho afirmó que para la compra de la sede riojana el PP uso el mismo método que para otros movimientos: fue dando «legalidad» al dinero disponible en su contabilidad paralela ingresándolo en cuentas bancarias, en ocasiones de forma fraccionada para cumplir con el límite legal establecido. El jefe de la unidad de investigación indicaba entonces que el PP afloraba estas cantidades recibidas en negro para usarlas en otras necesidades que tuviera el partido. El juez, al menos en el caso riojano, no cree que hayas pruebas suficientes como para dar por buena esa versión.

Y sí se acerca más la sentencia, por tanto, a lo que afirmaron los dos testigos riojanos del caso: Carlos Cuevas, ex secretario general del PP regional, y Ana Elvira Martínez, antigua gerente del mismo. Ambos declararon el 24 de marzo en la Audiencia Nacional, y negaron haber entregado cantidad alguna de dinero negro al principal encausado, Luis Bárcenas.