Tres décadas en defensa de la mujer

El juicio contra un agresor multirreincidente, que abusó de trece mujeres en portales de Logroño entre 1992 y 1993, fue el primero en el que se personó en La Rioja. Entonces, la asociación pedía «valentía para denunciar», ya que las agresiones continuaban cubiertas por una nebulosa de vergüenza.

Desde ese momento, las letradas de Clara Campoamor en La Rioja (María Victoria de Pablo, Laura Ramírez y Alicia Redondo) han sido una presencia constante en los tribunales, ejerciendo la acusación particular o la acción popular contra agresores sexuales, asesinos o proxenetas. No ha sido su única labor, ya que también han realizado labores divulgativas, formativas o de análisis legislativo, pero tal vez la más reconocible.

Desde ese juicio hasta el del asesinato del pequeño Álex en Lardero, las letradas han vivido algunas de las páginas más negras de la reciente historia de La Rioja. Y continuarán haciéndolo porque, como reconoce De Pablo «existe mucha mayor sensibilidad, más conciencia, más recursos… pero la violencia sigue ahí». El más claro ejemplo es el asesinato de Salwa Z., perpetrado el sábado en Logroño. La asociación ya ha decidido que se personará en el caso de la mano de la letrada Laura Ramírez.

Y es que la violencia machista, a pesar de cambiar mucho en estas décadas, continúa y, como la hidra de Lerna, renueva sus cabezas para seguir golpeando a la mujer. «Al principio, los malos tratos eran menos públicos, con comportamientos individuales, buscando la oscuridad… Ahora la realidad es más compleja: están los móviles, la pornografía, las violaciones grupales… Se han disparado las agresiones sexuales y contra menores», incide De Pablo. Y, curiosamente, «hay un 20% de jóvenes que no cree que exista violencia de género», apuntilla.

A lo largo de estos años han mejorado exponencialmente los recursos para atender a las víctimas. De los tiempos en que la abogada se llevaba a estas y a sus hijos a casa para no enviarles a una pensión de mala muerte se ha pasado a pisos tutelados, medidas de protección, de control telemático o de vigilancia. Un abismo. Aunque Laura Ramírez reconoce que, aun así, «en ocasiones el sistema falla».

También la legislación, a pesar de las polémicas. «La ley de garantía integral de la libertad sexual es buena porque reforma 16 leyes, pero tenía un fallo. Pudieron faltar reflejos y era necesaria una reforma. Y se produjo la rectificación. Sería un gran error demonizarla», argumenta De Pablo, también senadora por el PSOE.

Ramírez hace hincapié en carencias que aún perviven. «Por ejemplo, haría falta ampliar las medidas en el medio rural, donde en ocasiones solo llegan los trabajadores sociales. Y también están silenciadas las agresiones que sufren mujeres de alto nivel económico y social: desvelar lo que sufren significa perder su entorno», señala Ramírez.

De la misma forma, queda mucho por hacer a la hora de afrontar la violencia vicaria, por la que los padres utilizan a los hijos para causar daño a la madre, el maltrato económico, la falsa alienación parental o los abusos grupales.

Esas son las nuevas realidades, que se suman a las ya conocidas. «Aunque llevamos mucho camino recorrido, queda mucho por hacer», reflexiona Ramírez. «La asociación sigue siendo necesaria. Tenemos capacidad, contacto con los juzgados, con la calle y con las víctimas. Llegamos a sitios donde otros no llegan», apunta De Pablo.

Las letradas coinciden en que «hay que dar el paso». «Las mujeres no se van a sentir solas. Hay ayudas para las víctimas, para sus hijos... Hay que denunciar», explica Ramírez.

Afortunadamente, lejos quedan los tiempos en que un juez, ante un caso de violencia contra una mujer la trataba en tono paternalista y prometía 'arreglar' el asunto «hablando a solas con el marido».