La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha criticado este miércoles que el Gabinete de Gonzalo Capellán esté utilizando como «arma arrojadiza política» la implantación de las tarjetas monedero de alimentos para familias en extrema vulnerabilidad con menores a cargo, con el único objetivo «de generar conflicto con el Gobierno central» y justificar el retraso de un nuevo modelo de atención aprobado por todas las comunidades en 2021 y de competencia exclusivamente autonómica.
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Arraiz ha recordado que el nuevo sistema de ayuda para familias en situación de extrema vulnerabilidad (aquellas que ingresan menos del 40% de la media estatal, 6.725 euros anuales) y tengan menores a cargo será gestionado en exclusiva por las comunidades autónomas a partir del 1 de enero de 2025, pero, como apoyo y de forma excepcional, de la puesta en marcha este año, debería haber estado en vigor en abril, se ha encargado el Gobierno de España, en concreto a través de Cruz Roja, entidad a la que ha destinado 100 millones de euros para entregar la tarjeta monedero a las personas que sean designadas y derivadas por los Servicios Sociales autonómicos. En este sentido, ha señalado que, tras la aprobación de un Real Decreto en enero pasado, desde el Gobierno de España se comunicó a los ejecutivos autonómicos que el sistema ya estaba a su disposición para que comenzaran a identificar a las familias que cumplen los requisitos y su posterior derivación a a Cruz Roja para la entrega de la tarjeta monedero alimentaria.
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«Falta de coherencia»
«Hay gobiernos autonómicos que ya tienen muy adelantado este trabajo. Cantabria ya ha empezado a derivar a algunas familias a Cruz Roja y, muy pronto, habrá otras comunidades, pero el Gobierno de La Rioja es de las pocas administraciones regionales que todavía no ha comunicado cuándo va a empezar a derivar los beneficiarios de la tarjeta monedero a esta entidad», ha criticado la delegada en una comparecencia posterior a sus reunión con representantes de Cruz Roja en la región.
Arraiz ha insistido en sus reproches. A su juicio, «es preocupante que el Gobierno de La Rioja esté eludiendo sus obligaciones y poniendo como excusa la falta de información». En este sentido, ha negado la mayor. Así ha recordado que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales, mantuvo el 4 y el 19 de abril dos reuniones con los equipos técnicos de todas las comunidades autónomas para informarles de los últimos detalles para la puesta en marcha de este sistema. «Pero es que además, la semana pasada se celebró otra reunión técnica a la que no acudieron cuatro comunidades, una de ellas La Rioja. El Ministerio ha estado en permanente contacto y se ha dado respuesta a todas las cartas enviadas por las comunidades, por lo que el Gobierno de La Rioja no se puede quejar de falta de información y a la vez, en una clara muestra de falta de coherencia, no acudir a la reunión en la que se repasó toda la información técnica del nuevo programa», ha aseverado la delegada.
Arraiz ha avanzado que este próximo viernes, 24 de mayo, se ha convocado al Consejo Territorial de Servicios Sociales a una reunión extraordinaria solicitada por las comunidades presididas por el PP, una cita, ha recalcado que «es informativa y no se tomarán decisiones referidas a cambios en el programa, porque las comunidades autónomas ya saben que no se pueden producir cambios porque el programa ya se cerró hace dos años, cuando se aprobaron los requisitos generales para acceder a las tarjetas monedero que se establecieron en el Programa Básico del FSE+ en 2022 y que se fundamentan en el objetivo prioritario que fijó la Unión Europea de lucha contra la pobreza infantil».
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Dicho esto, a juicio de la delegada del Gobierno en La Rioja, «la convocatoria de esta reunión solicitada por las comunidades del PP solo es una treta más para no asumir su responsabilidad, que es identificar y derivar a las familias que tienen derecho a recibir las tarjetas. Es normal que puedan surgir dudas, pero la ciudadanía nos demanda cooperación y trabajo conjunto a las administraciones; sin embargo, algunos están haciendo una campaña política y usando este asunto como arma arrojadiza para atacar al Gobierno de España».
«Nadie sin ayudas»
Asimismo, la delegada ha aclarado que es importante tener en cuenta que las tarjetas son un medio que debe sumarse a otros con los que ya cuentan las comunidades autónomas. Por tanto, «es un sistema complementario a los que ya existen y han llegado para convertirse en un refuerzo de la ayuda que se ofrece actualmente, no para sustituirla», ha añadido.
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Tras insistir en que el nuevo modelo cumple con las indicaciones de las autoridades europeas y que fue aprobado por unanimidad por todas las comunidades, Beatriz Arraiz ha defendido las bondades de un sistema que busca acabar con las denominadas 'colas del hambre' y luchar contra la pobreza infantil. En primer lugar ha recordado que la ayuda económica a los beneficiarios aumenta sus cuantías al fijarse entre 160 y 220 euros mensuales -«hasta ahora recibían esas cantidades en el conjunto de un año»-, y amplia la posibilidad de productos que se pueden adquirir, incluidos los de higiene y alimentos frescos. «Nadie se va a quedar sin alimentos y ayudas por la llegada de las tarjetas monedero, porque los que no sean beneficiarios de este sistema, que es complementario a otros, podrán acudir a los servicios sociales y al Banco de Alimentos, que sigue recibiendo fondos públicos, también estatales», ha defendido la delegada, que ha concretado que el programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) prevé tres líneas de financiación: la principal, el 88% de la partida global, destinada a la recarga de las tarjetas monedero; otro 5% para la asistencia técnica, en el caso de este año para Cruz Roja; y el 7% restante para las comunidades autónomas, para implementar medidas de acompañamiento que tendrán que justificar posteriormente en auditorías. «En su momento se decidió que el programa se financiara únicamente con el tramo estatal del FSE+ para liberar el tramo autonómico y, de esta manera, ofrecer más recursos a los gobiernos autonómicos, que disponen de ese 7% del Fondo Social Europeo Plus para, si fuera necesario, reforzar sus servicios sociales o programas de atención social o incrementar la financiación a los bancos de alimentos», ha remachado la representante del Gobierno de españa en la región.
«Arraiz confunde la Delegación con la sede del PSOE», le critica el PP
Horas después, desde la sede del Partido Popular se ha acusado a Beatriz Arraiz de cometer «un grave error al confundir la Delegación del Gobierno en nuestra Comunidad con la sede de su partido en nuestra región. Además de protagonizar una falta de respeto institucional con pocos precedentes, si bien todos protagonizados por el PSOE, Arraiz se quita hoy la careta para postularse como líder de la oposición regional».
Tras aseverar que «resulta tan evidentes los problemas internos del PSOE, castigado duramente por los riojanos en las urnas, que tiene que ser la delegada del Gobierno en La Rioja la que, confundiendo sus atribuciones, trata de retomar el pulso de una oposición desnortada, carente de un liderazgo claro y con una flagrante ausencia de alternativa política para esta región», el PP en su nota insite en que «utilizar una administración pública con fines partidistas resulta lamentable y una mala práctica denunciable, pero también lo es emplear la mentira como argumento político como ha hecho hoy la delegada con respecto a la gestión autonómica de las tarjetas monedero». De hecho, el comunicado popular asegura que «es rotundamente falso que La Rioja no participase en el último encuentro de trabajo con el Ministerio de Derechos Sociales, por lo que resulta obligada una rectificación inmediata por parte de la señora Arraiz».
De hecho, se recuerda que «tal y como compartió la Consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, en la última reunión de la comisión de estudio de Políticas Sociales de esta formación política, celebrada la pasada semana, La Rioja ha participado en todas y cada una de las reuniones técnicas celebradas sobre este asunto. Es más, junto a otras comunidades, ha reclamado al ministerio seguir abordando los detalles de su puesta en marcha, algo que ocurrirá de manera monográfica este viernes, 24 de mayo, en la reunión sectorial».
Y respecto al fondo del asunto, se defiende la postura del Gabinete de Gonzalo Capellán, al destacar que «La Rioja, como el resto de comunidades, defiende que aún faltan muchas cuestiones técnicas sobre la aplicación de la medida que hay que dilucidar para una correcta gestión de esta nueva herramienta».
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