Aparcamientos CIBIR acusa al Gobierno de rescatar el parking sabiendo que era «ilegal»

En la misma nota, aseguran que el Gobierno de La Rioja ejecutó el rescate del aparcamiento en julio de 2020 «aún cuando fue advertido de que su actuación era ilegal» y «rechazó» las peticiones de la empresa de que los tribunales se pronunciaran sobre esta cuestión.

Aparcamientos CIBIR, sociedad constituida por Sadori, Inmobiliaria Ortega, Rentyal y Construcciones Zenón Hernáiz, acusa al Gobierno de incumplir su propio acuerdo de rescate ya que, de acuerdo con sus datos, no les habrían pagado ni consignado los 663.640.01 euros que, según el propio acuerdo, debían abonarse a la concesionaria. Niegan, además, que durante la ejecución del contrato la Fundación Rioja Salud les haya pagado más de 5,6 millones de euros.

Respecto de la razón del rescate, la sociedad señala que si los motivos, tal como se argumentó, era una mejor eficiencia en la gestión del parking, esta tampoco se habría cumplido porque la instalación «no ha sido puesta en explotación ni se ha entregado a Fundación Rioja Salud para su gestión». Actualmente, aseguran, «está en una situación de deterioro alarmante por falta de mantenimiento».

Sobre la resolución del Supremo, la concesionaria recuerda que convierte en firme la sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJR. Un fallo que, por cierto, tumbó la extinción del contrato y el rescate por una cuestión que califican «de fondo» y «no meramente formal». Y es que la Comunidad Autónoma no tendría competencias para resolver o rescatar unilateralmente el contrato de 7 de julio de 2010 entre Fundación Rioja Salud y Aparcamientos CIBIR S.L. Por tanto, «todas las cuestiones que afecten al cumplimiento y resolución del contrato deben ventilarse entre la empresa y la Fundación».

En julio de 2020, diez años después de su adjudicación, la Administración recuperaba la gestión del estacionamiento tras consumar el desahucio de las instalaciones. Días después, el TSJR suspendía cautelarmente el rescate de la infraestructura porque consideró que «se podrían producir situaciones jurídicas irreversibles, pues existe un riesgo objetivo de que las graves dificultades económicas pudieran provocar la insolvencia de la mercantil recurrente y ello podría suponer la declaración de concurso». Nunca llegó a ejecutarse la suspensión.

Más allá del frente judicial abierto entre la administración y la concesionaria, lo cierto es que la práctica totalidad de las plazas del parking del CIBIR se ocupan a diario desde que la instalación dejó de ser de pago en julio de 2020. Fue entonces cuando el Gobierno de La Rioja desahució a la mercantil consumando así el rescate del aparcamiento. Y pese a las sucesivas sentencias que tumbaron la resolución por la que la Consejería de Salud acordó la extinción del contrato, el parking sigue siendo público y gratuito. La instalación, a lo largo de prácticamente toda la pandemia, se habilitó como dispositivo para hacer las pruebas PCR y por él pasaron hasta el pasado mes de junio –fecha en la que se dejaron de realizar allí estos test diagnósticos– miles de riojanos.