El Supremo avala que el rescate del parking del CIBIR es nulo por un defecto de forma

El Alto Tribunal avala así el fallo por el que la Sala de lo Contencioso, sin entrar en el fondo de la cuestión, tumbó, básicamente por un defecto de forma, la resolución de la Consejería de Salud, de 29 de noviembre de 2019, por la que declaraba la extinción del contrato de concesión administrativa suscrito el 7 de julio de 2010 entre la Fundación Rioja Salud y la mercantil tras el cambio de Gobierno en la comunidad y ordenaba el rescate del mencionado estacionamiento para el que fijaba como fecha límite el 16 de diciembre de 2019.

El TSJR, en la sentencia del pasado mes de abril, concluyó que la Consejería de Salud, entonces dirigida por Sara Alba, no tenía competencias para ello puesto que se trataba de un contrato formalizado por dos personas jurídicas, la Fundación Rioja Salud y la sociedad limitada, que tienen plena capacidad para contratar. Añadía el fallo que «la teoría general de los contratos establece que solo están legitimados para la extinción los que hayan sido parte en los contratos y no tienen legitimación terceras personas». Sin embargo, al ser un acto administrativo de la Consejería, no fue así.

En el mismo fallo, la Sala recordaba que el Consejo de Gobierno acordó el 14 de mayo de 2010 facultar a la Fundación Rioja Salud para contratar con terceros la conservación, mantenimiento y explotación de ciertas zonas. Por todo, en este caso, el tribunal consideró que la Consejería es un tercero y, por tanto, no tenía competencia para extinguir un contrato en el que no había sido parte. Nada más conocerse aquel fallo, el Gobierno de La Rioja anunció su intención de recurrir en casación al Supremo, recurso que acaba de anunciar que no admite.

La situación de Aparcamientos CIBIR regresa a la casilla de salida a la espera de la decisión que tome la Administración, que bien podría ser dictar una nueva resolución con la que subsanar el defecto de forma que en su día le achacó el TSJR. Sea como fuera, a día de hoy, el parking continúa siendo público y todo ello pese a una cascada de decisiones en torno a unas instalaciones sobre las que prácticamente desde sus inicios ha sobrevolado la polémica política.

En julio de 2020, diez años después de su adjudicación y apenas transcurridos unos meses desde que la Consejería de Salud inició el proceso de rescate del mencionado parking, adjudicado a Aparcamiento CIBIR S.L., sociedad constituida por Sadori, Inmobiliaria Ortega, Rentyal y Construcciones Zenón Hernáiz, la Administración recuperaba la gestión del estacionamiento tras consumar el desahucio de las instalaciones. Días después, el TSJR suspendía cautelarmente el rescate de la infraestructura porque consideró que «se podrían producir situaciones jurídicas irreversibles, pues existe un riesgo objetivo de que las graves dificultades económicas pudieran provocar la insolvencia de la mercantil recurrente y ello podría suponer la declaración de concurso». Nunca llegó a ejecutarse la suspensión cautelar del rescate y a día de hoy el parking continúa en manos públicas, con las barreras bajadas y a coste cero.

La consejera de Salud, María Somalo, en una comparecencia en el Parlamento de La Rioja el pasado mes de junio recordó que desde los inicios del parking del CIBIR, el Gobierno de La Rioja ha abonado a la concesionaria más de 5,5 millones en concepto de indemnización por no cumplirse las previsiones económicas establecidas en el contrato.

La consejera se amparó en los dictámenes del Consejo Consultivo de La Rioja para justificar que la ruptura del convenio y el desahucio de las instalaciones, «se tramitaron correctamente» y estuvieron justificados por el «interés público y social».