Los accidentes leves de tráfico con seguro serán derivados a Los Manzanos

Martín, tras ser preguntada por la diputada socialista María Somalo sobre las intervenciones que tenían previsto externalizar, explicó que serán los médicos los que decidirán «cuándo un tema menor va a la sanidad privada», que será «pagada previamente por el seguro del que haya tenido el accidente». En este sentido, incidió en que «si un señor paga un seguro privado y tiene una fractura menor, puede ir perfectamente a una clínica que le paga su seguro y no se colapsa la sanidad pública».

Somalo, además de recordar algunas medidas adoptadas por el Ejecutivo de Concha Andreu, como la «reinternalización» de la asistencia sanitaria, la mejora de las instalaciones de la UCI o la ampliación de los boxes individuales, apuntó que de las 120.000 asistencias a urgencias que se realizan al año, «no llegan a 1.000 los accidentes de tráfico, por lo que no hay necesidad de derivación». En ese preciso instante, Martín replicó que «dicen que han ampliado muchas cosas, pero lo de que verdad han aumentado son las listas de espera». Por eso, «el único recorte que va a hacer el PP es en las listas de espera».

El PP, durante la sesión plenaria, también quiso conocer los resultados del plan de choque, con el que «aumentó el tiempo de espera hasta los 121 del pasado mes de octubre». Una situación que, según Alberto Olarte, «fue creada por el anterior Gobierno, que antepuso la ideología política a la salud de la población con aquello que denominaron internalización». En este sentido, la consejera de Salud criticó las «decisiones erráticas» y la «falta de rigor» en la sanidad pública, que derivaron en un plan de choque que «al día siguiente de perder las elecciones, eliminaron y se dispararon las listas». Por todo ello, justificó la contratación de «medios externos» para paliar las esperas quirúrgicas en seis especialidades mientras resaltó que en los hospitales «se está haciendo actividad de tarde y de fines de semana». Todo, porque es «inadmisible» que haya 8.000 personas a la espera de una cirugía. «Hay gente que puede ir a una clínica privada porque tiene dinero, pero hay quienes no, por los que estamos trabajando para que puedan operarse».

En materia sanitaria, el diputado de Vox, Héctor Alacid, ha querido interesarse por cómo va a defender el Ejecutivo regional el derecho a la vida. «Nosotros somos un partido provida», ha asegurado Alacid mientras ha apuntado algunos ejemplos con los que «la sociedad española es consciente de la vulneración al derecho a la vida», como la Ley del aborto, que «supuso un ataque frontal».

En este sentido, ha hecho referencia a «la publicación de la situación dramática de 338 interrupciones de embarazo, de las que casi 300 »fueron solicitadas sin haber ningún motivo como malformación o peligro de la vida«. Por ello, ha solicitado que se impulsen medidas desde la Cámara regional, como son »garantizar una correcta información a las mujeres, que fomenten la natalidad, incluyendo la posibilidad de escuchar el latido fetal«. Además, ha pedido el desarrollo de una Ley de Palitativos.

En este punto, la consejera de Salud ha recordado que el servicio de cuidados paliativos que existe en la región «es el mejor valorado y el mejor de España, tanto por número de profesionales como porque llega a toda la población riojana, en el que seguimos trabajando». En el caso del respaldo a la mujer, ha asegurado que desde el Ejecutivo defienden «con todas nuestras fuerzas que la mujer no tenga miedo a morir por violencia de género», mientras ha recordado que para las mujeres embarazadas, existe el programa de apoyo «íntegro» a toda mujer adolescente o no, en el que «toda mujer que quiera tener un hijo y no tenga recurso va a tener todo el apoyo, que se lleva desde APIR».

Durante esta sesión plenaria, el PP también ha querido conocer el resultado del plan de choque anunciado al final de la pasada legislatura para reducir las listas de espera quirúrgicas, porque «lo que más se ha incrementado es el tiempo de espera al pasar de entre 33 y 45 días en 2018 a los 133 días de espera o al 121 en octubre». Una grave situación que, según el diputado Alberto Olarte, «fue creada y provocada por el anterior Gobierno, que antepuso la ideología política a la salud de la población con aquello que denominaron internalización». «La aplicación de su plan fue la causa principal y probablemente la única de las disparatadas listas de espera existentes», ha asegurado Olarte.

En este sentido, la consejera de Salud ha criticado las «decisiones erráticas» y la «falta de rigor» en la gestión de la sanidad pública. «Ese plan se inició meses antes de las elecciones, pero al día siguiente suspendieron el plan y se disparan las listas. Hasta que no pasa el verano y no hay cambio de gerente, nos encontramos con 133 días de espera», ha criticado.

Por ello, ha justificado que el Ejecutivo regional vaya a contratar «medios externos» para paliar las listas de espera quirúrgicas, medida para la que «se ha estado hablando con las seis especialidades que tienen una mayor lista de espera». «Los profesionales nos han dicho hasta dónde se puede llegar en la actividad interna de los hospitales y con toda la puesta en marcha de los quirófanos, en los hospitales se está haciendo actividad de tarde, de fin de semana, con la propuesta de derivación al Hospital de Calahorra para que, si tiene sitio, acoja lo que venga de La Rioja». Sobre todo porque, como ha explicado Marín, «es inadmisible» que haya más de 8.000 personas a la espera de operarse. «Hay gente que puede operarse en clínicas privadas porque tiene dinero, pero hay quienes no, que están sufriendo, por los que estamos luchando para que puedan operarse sin irse de La Rioja».

El diputado socialista Miguel María González de Legarra ha criticado este jueves en la sesión plenaria que se desarrolla en el antiguo convento de la Merced que cualquier miembro o alto cargo del Ejecutivo regional «el conflicto de intereses» de Iturriaga, que podría haber acudido a la Escuela de Alberite para «despedirse» de los alumnos.

En este sentido, González de Legarra ha explicado que «el problema se origina porque Iturriaga se presentó como copropietario de esa empresa adjudicataria como director general y, en representación del Gobierno, dio comienzo al curso«. Por todo ello, ha argumentado que »que el presidente Capellán igual no debería obligarle tanto a dimitir, pero sí a que no incurra en determinados comportamientos que no solo pueden considerarse ilegales, sino que constituyen una falta de ética política tan grave como la que exhibe la presidenta del Parlamento cuando actúa de parte del Partido Popular». Una afirmación que ha realizado después de que la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, le hubiese negado a que, por alusiones, tomase la palabra Concha Andreu tras una intervención de la consejera de Salud, en la que se refirió a las personas que pueden permitirse una intervención quirúrgica en una clínica privada.

El titular de Hacienda, sin embargo, ha asegurado que Roberto Iturriaga «no tiene ninguna sola causa de incompatibilidad ni conflicto de intereses para el desarrollo de su trabajo». De hecho, ha afirmado que «está perfectamente acreditado por distintos técnicos del Gobeirno que se dedican a ello». «Lo que hizo fue una actuación completamente limpia, de buenas prácticas, al despedirse de su anterior ocupación profesional para ocupar su lugar político. Fue limpio y el Gobierno le agradece el esfuerzo, la manera elegante y legal de salir de su actividad anterior». Por último, tras las declaraciones de González de Legarra, ha añadido que «ningún tribunal ni sentencia ha condenado a ningún presidente de este Parlamento en la historia de esta comunidad autónoma».