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La opinión del representante de los abogados riojanos, Federico Bravo, pendula entre el yin y el yang. Entiende que la imposición implica desconocer en cierta ... parte el papel de la abogacía. «Los abogados siempre intentamos cualquier medio de solución negociada previa al pleito y cuando vamos al pleito es porque no queda otro remedio». Por mucho que sea obligatorio, apunta el decano, si las partes no consideran que es mejor negociar, «lo único que vamos a hacer es poner un requisito adicional y la obligatoriedad no convierte esto en una práctica aceptada, simplemente lo convierte en obligatorio».
No tiene claro que con la imposición se logre el efecto que se persigue, es decir, que se agilice la resolución de conflictos y se descargue de trabajo a los tribunales. En algunas ocasiones los intentos negociadores no culminarán con acuerdo «con lo cual se acudirá a juicio y se irá más tarde», precisa.
Entiende que algunos de los Medios Alternativos de Solución de Controversias vendrán a aumentar la carga laboral de determinados profesionales, como la de los letrados de la Administración de Justicia a los que acuden los ciudadanos en los casos de conciliación en sede judicial.
Aunque entró en vigor el pasado jueves, explica, aún no se ha solventado cómo encajar este sistema en la justicia gratuita. Ahora todos los ciudadanos que tienen derecho a un abogado de oficio tienen obligatoriamente que acudir a un medio alternativo con el correspondiente asesoramiento jurídico, y «si tienen acceso a la justicia gratuita tendrán que tener acceso gratuito a estos medios y hasta la fecha esto no se ha abordado en profundidad».
Federico Bravo
Decano del Colegio de la Abogacía de La Rioja
Marcos Prieto
Decano del Colegio Notarial de La Rioja
La entidad colegial ha abonado el terreno. Hace años instauró un servicio de mediación con una tarifa de 80 euros por sesión y hora en el ámbito de familia y de 80 euros por persona y hora. El sistema ha tenido un recorrido «ciertamente limitado» porque, a su juicio, en los ciudadanos no ha calado la cultura de la negociación.
Con independencia del servicio de mediación, trabajan en un implementar lo antes posible otro de conciliación, con profesionales que sean letrados del colegio y con un coste lo más ajustado posible, de modo que los ciudadanos «tengan un sistema alternativo rápido y con plenas garantías de que sea ajustado a derecho».
Marcos Prieto, decano del colegio Notarial de La Rioja, aplaude la ley porque pone en valor la necesidad de que los ciudadanos participen de una manera más activa en la resolución de los conflictos y «eso es lo que las notarías veníamos haciendo desde antiguo. Todos los notarios conocemos un dicho: notaría abierta juzgado cerrado».
Su valoración, por tanto, tiene que ser «necesariamente positiva», asegura, «porque reconoce lo que estamos haciendo tradicionalmente, que es estar cerca de los ciudadanos, intentar solucionar sus problemas, asesorarles».
El decano de los notarios no cree que vaya a suponer una carga excesiva extra a la que ya tiene habitualmente, «sino que simplemente será poner de relieve el trabajo que hacemos».
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