La Abogacía del Estado pide al juez del caso Gali que deje de investigar y frene a los periodistas

En la práctica y a corto plazo, la petición de la Abogacía del Estado intenta evitar que Laya declare ante el juez –aún no se ha marcado día y hora para su citación–, testimonio que resulta clave para conocer si la operación fue ordenada o avalada por el presidente del Gobierno, y si en ella participaron más miembros del Ejecutivo. Como desveló ABC hace escasos días, fuentes del entorno de la exministra han indicado que González Laya sopesa declarar ante el juez que fue el propio presidente Sánchez quien avaló la operación.

La abogada del Estado asignada por el Gobierno para defender a Villarino es María del Mar González Bella. En el escrito que ha enviado al juez llega a decir que «se está instrumentalizando este procedimiento para acceder a información especialmente sensible», y que en estas diligencias subyace una «finalidad mediática».

En sus alegaciones, a las que ha tenido acceso ABC, González Bella afirma que esta investigación judicial resulta inconveniente porque alcanza «materias reservadas por afectar al interés general del Estado en el ámbito de las relaciones internacionales».

Es uno de los argumentos que la Abogacía del Estado expone para solicitar el inmediato sobreseimiento de las diligencias. En el mismo escrito de alegaciones urge al magistrado a adoptar «las medidas pertinentes» para limitar la información periodística sobre el caso. En tono quejoso, la letrada González Bella se refiere a estas noticias como «continuas filtraciones a la prensa».

La actuación del Gobierno a través de Villarino fue «plenamente legal», concluye la Abogacía del Estado. Y, por eso, afirma que «no subsiste ninguna necesidad de continuar con la práctica de más diligencias».

González Bella pide dar carpetazo a una investigación judicial que arrancó hace apenas cuatro meses y que ha puesto al descubierto las comprometidas cadenas de mando que procuraron la entrada furtiva en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Se le garantizó su incursión sin pasar los controles de frontera y se le facilitó asistencia sanitaria en el hospital público de Logroño bajo identidad falsa. Llegó en estado grave, aquejado de Covid.

Gali entró en España el 18 de abril. Viajó en un avión de la Presidencia de Argelia. Se dispuso que aterrizara en la Base Aérea de Zaragoza, donde le recogió una ambulancia que lo trasladó hasta el hospital de Logroño. En ese momento, el líder del Frente Polisario estaba incurso en dos procedimientos penales por múltiples delitos, entre ellos genocidio, terrorismo y torturas. Una de esas causas fue archivada por el juez Santiago Pedraz a finales de julio, de acuerdo con la Fiscalía. Es decir, se sobreseyó más de tres meses después de la furtiva entrada de Gali y casi dos meses después de que viajara de vuelta a Argelia, tras recibir el alta hospitalaria. El sobreseimiento dictado por Pedraz está recurrido. Además, está en vigorel segundo procedimiento penal que afecta a Gali en España, las diligencias abiertas en 2020 por una denuncia que presentaron contra él por torturas.

En cuanto a la investigación que se sigue ahora en Zaragoza por la entrada furtiva de Gali, las pruebas documentales y testificales recabadas por el juez Lasala han permitido constatar, hasta el momento, que el Gobierno, a través de la entonces ministra González Laya, articuló con el Estado Mayor del Ejército del Aire esa entrada encubierta de Gali en España. También se ha sabido que Villarino se encargó de dar las instrucciones al segundo jefe del Estado Mayor del Aire, teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, a quien el Gobierno promocionó poco después al cargo de representante militar de España ante la OTAN y la UE.

Esa orden acabó llegando a los responsables de la Base Aérea de Zaragoza, que se encargaron de ejecutarla, de modo que Gali entró a través de este aeropuerto sin ser sometido a control de pasaportes. Por tanto, no se comprobó si portaba documentación reglada para poder acceder a nuestro país ni quedó registrada su incursión. El general que estaba al mando de esta base militar reconoció por escrito ante el juez que les ordenaron saltarse el procedimiento habitual y reglado, el que rige para el control de llegadas.

El 2 de junio, Brahim Gali se fue de España como entró, sin control alguno de documentación, sin enseñar pasaporte de ningún tipo ni quedar constancia alguna del mismo en los controles de frontera. Tampoco exhibió pasaporte en la declaración prestada ante el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional. Esa declaración la realizó, por videoconferencia, horas antes de que abandonara España y regresara a Argelia.

Frente a ese vacío documental, ahora, meses después, Villarino arropa su estrategia de defensa ante el juez Lasala con la exhibición de la copia de un pasaporte argelino ordinario a nombre de Gali. Lo mostró cuando declaró ante Lasala hace diez días. El juez preguntó a Villarino quién le ha facilitado esa copia del supuesto pasaporte de Gali, pero el imputado no ha querido desvelar su origen. Además, según han destacado fuentes de la acusación, los datos que aparecen en ese pasaporte tampoco se corresponden con los que figuran en los documentos de identificación que las autoridades españolas expidieron a nombre de Gali hace años.

El juez considera que los hechos son indiciarios de los delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad. Sin embargo, la abogada del Estado defiende que no hubo el «más mínimo indicio delictivo». Esta letrada sostiene igualmente que Villarino desconocía los procedimientos penales abiertos en España contra Gali. Ello pese a la notoriedad pública de los mismos, a que uno de ellos se arrastraba desde hace 13 años en la Audiencia Nacional, y a que Villarino es licenciado en Derecho y veterano diplomático de carrera.

Considera igualmente la letrada que hubo razones «humanitarias» y «diplomáticas» suficientes para dar pátina de legalidad a esta incursión clandestina urdida por el Gobierno, operación que la abogada del Estado prefiere denominar «entrada discreta, sin publicidad».

En su escrito justifica también esa ocultación orquestada desde el Gobierno en beneficio de un investigado por la Justicia española en procesos penales en vigor. La abogada del Estado argumenta a favor de Gali que, pese a estar incurso en esas diligencias, no pesaba contra él orden de detención ni medida cautelar. Y asegura que el Gobierno encubrió su entrada en España para otorgarle un trato especial por tres motivos: por «razones de seguridad del propio Gali»; para proteger al máximo su «derecho fundamental a la intimidad personal» y «no desvelar datos sobre su situación sanitaria, especialmente sensibles»; y, «por último», para evitar conflictos «con otros países». Fue sonada la crisis que se desató con Marruecos cuando se trascendió que España había acogido a Gali furtivamente y le estaba procurando asistencia sanitaria en el hospital de Logroño, que depende del Ejecutivo regional de la también socialista Concha Andreu.

La petición de sobreseimiento que ha presentado la abogada del Estado será contestada ahora por el resto de las partes personadas en el procedimiento. Es decir, los abogados de las dos acusaciones y la Fiscalía. Tienen de plazo hasta el próximo martes para responder al escrito de la Abogacía del Estado. Las acusaciones se van a oponer al sobreseimiento. Reclaman que se siga avanzando en la investigación, porque aún es preciso identificar con precisión quién o quiénes decidieron esa clandestina entrada en España de Brahim Gali. Villarino advirtió ante el juez que, aunque a él se lo mandó la exministra González Laya, ella no había actuado por su cuenta.