Los 1.600 autónomos colaboradores riojanos también contarán con ayudas directas

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado, en este sentido, que «en apenas diez días, casi 1.800 trabajadores autónomos de La Rioja han solicitado ya en la ADER sus ayudas directas de 2.700 euros, lo que representa más de una tercera parte de los potenciales beneficiarios, unos 5.000, en esta primera convocatoria», cuyo plazo permanecerá abierto hasta el 5 de julio.

Tras alabar la «máxima simplificación administrativa» introducida en la solicitud de ayudas para agilizar la tramitación, Capellán ha asegurado que las subvenciones pedidas van a comenzar a hacerse efectivas «a partir de la segunda quincena de este mismo mes de abril».

Después de incidir en que los autónomos son «un pilar clave en la reactivación e impulso de la economía en La Rioja», el presidente ha recordado que la segunda convocatoria se activará el 7 de julio de 2024 y beneficiará a más de 10.000 trabajadores por cuenta propia de entre 30 y 59 años con ayudas directas de 2.100 euros. En 2025, podrán optar a esta novedosa línea de ayudas los autónomos societarios cuya base liquidable en el IRPF sea inferior a 60.000 euros, autónomos que no hayan alcanzado un año de actividad durante las dos primeras convocatorias y trabajadores mutualistas.

Gonzalo Capellán también ha sacado pecho al ser interrogado por las deducciones fiscales introducidas por su Ejecutivo en la campaña de la Renta 2023. Tras calificar de «muy positivas» las deducciones en materia deportiva y en vivienda ha recordado que los riojanos disfrutan de un modelo fiscal muy diferente al de la pasada legislatura, con lo que pueden comparar ambos: «El pasado que les abrasaba a impuestos y otro, el actual, que busca aliviar la situación económica de las familias y convertir a La Rioja en la comunidad en la que menos impuestos se paguen».

En este sentido, el presidente ha destacado que los contribuyentes riojanos podrán ahorrarse «10,9 millones de euros gracias a las nuevas deducciones fiscales que ha aprobado este Gobierno».

A preguntas de la oposición, el jefe del Ejecutivo regional ha abordado también cuestiones como la situación sanitaria, la eficiencia de los servicios públicos, los sobresueldos del exgerente del Seris o las presuntas irregularidades en el suministro de mascarillas durante la pandemia.

Respecto a las presuntas irregularidades en el suministro del material sanitario durante la crisis del covid -la compra de millones de mascarillas a través de dos contratos, uno bajo revisión judicial y otro que se estudia por auditores externos-, Gonzalo Capellán ha adelantado que, en función de los resultados de la auditoría externa encargada para analizar la adquisición de mascarillas por contrato de emergencia durante el anterior Gobierno de Andreu, no se descarta la creación de una comisión parlamentaria de investigación.

El presidente, interrogado por la cuestión desde las filas del Grupo Parlamentario de Vox, ha insistido en considerar que «es irregular que en un contrato de adquisición de mascarillas, el material lo reciba la Fundación para la Innovación de La Rioja en vez del contratante, que era el Servicio Riojano de Salud».

«Hay una auditoría en marcha y cuando tengamos los resultados los traeremos a esta Cámara con transparencia», ha advertido para defender la necesidad de que «se rindan cuentas del dinero público de los riojanos que se gastó en millones de mascarillas que se encuentran en un almacén sin uso en un polígono de Arrúbal».

El mandatario riojano ha aprovechado también una pregunta del diputado del PSOE Javier García, quien le ha interrogado sobre «qué responsabilidades va a asumir su Gobierno ante las manifiestas irregularidades del gerente del Servicio Riojano de Salud», para lanzar una nueva andanada a la bancada socialista al recordarles que «lo grave y escandaloso» fue que el Gobierno de Concha Andreu externalizó el contrato del servicio de Radiología «a una empresa aún sabiendo que tenía errores de diagnóstico, siguieron contratando y prorrogando el servicio».

En su réplica Javier García ha insistido en que el exgerente del Seris «ha cobrado sobresueldos y, además, recibe unas retribuciones escandalosas, es una irregularidad absoluta, depure responsabilidades, señor Capellán», ha aseverado para instar al jefe del Ejecutivo regional . La demanda ha caído en saco roto. El presidente se ha limitado a contraatacar: «Escandaloso es que La Rioja tuviera la lista de espera quirúrgica más alta de España, 123 días en agosto, porque ustedes nos dejaron un sistema sanitario al borde del colapso, pero ahora, gracias al plan de choque que hemos puesto en marcha hemos conseguido reducir aún más esas demoras, de 108 días en enero pasado a los 70 actuales».

Ambos políticos no han rebajado la dureza en su discurso al abordar la siguiente cuestión del dirigente socialista, quien ha preguntado al presidente si considera que gestiona con «empatía, eficacia y eficiencia» la prestación de servicios públicos. El portavoz del principal partido de la oposición, que ha lanzado un dardo al jefe del Ejecutivo regional al cuestionarle si va a aguantar en la presidencia «como no hizo en cargos anteriores», le ha recordado que «tiene en pie de guerra a muchos profesionales, como bomberos, trabajadores del transporte sanitario o profesores de FP». Capellán ha tirado por el mismo camino y tras recordarle que «usted se comprometió por escrito con los ciudadanos de Arnedo a no estar más de 8 años en la alcaldía y ha mentido», ha insistido en su «compromiso con los servicios públicos», que ha ejemplificado con un mensaje ya usado: «Hemos aprobado los presupuestos con mayor gasto social de la historia de la comunidad autónoma».

El pleno parlamentario, cuya duración estimada es de unas diez horas, prosigue ahora en la Cámara con diversas cuestiones de múltiples ámbitos. Se ha vuelto a hablar del Plan de Transformación de La Rioja, sobre el que el consejero Alberto Galiana ha vuelto a criticar que «primó la apariencia sobre la eficiencia, gasto excesivo y poco transparente, mucho humo y artificio, un plan propagandístico»; y de la línea de alta tensión Tauste-Júndiz, del que la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha avanzado que desde el Ministerio se ha asegurado que no existe posibilidad de paralizar la tramitación de proyecto.

Consultada por el estado de la iniciativa del Parlamento de La Rioja, en la que se instaba al Gobierno de España a cesar los trámites de esta línea de evacuación Tauste-Júndiz, la consejera ha desvelado que, tras varias semanas de espera, recibió una respuesta por escrito, de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que se respondía que «no existe posibilidad de paralizar los trámites porque se están llevando a cabo conforme a la legalidad vigente».

Manzanos ha criticado que el Gobierno de España ha publicado ya dos autorizaciones al proyecto, la última de ellas aprobada el pasado 12 de marzo.

Tras resaltar que «si en algo estamos de acuerdo todos los riojanos, es de que esta obra es un despropósito y un ataque; algo que nada nuevo va a traer a La Rioja», Noemí Manzanos ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Capellán en «defender con todo lo que esté en nuestra mano«, sin descartar la vía judicial ante el Contencioso-Administrativo, los intereses de los riojanos frente a una «aberración» que «coronará a La Rioja desde Alfaro y hasta Briñas».

Las acusaciones de Manzanos han provocado horas después una nota de la Delegación del Gobierno en La Rioja, en la que se aseguraba que la consejera «no está contando la verdad con respecto a este proyecto al no ajustarse a la realidad u omitir cierta información fundamental que, como miembro del Gobierno de La Rioja, ya es conocedora».

Así, desde la sede que lidera Beatriz Arráiz se ha recordado que «esta línea de alta tensión cuenta con una declaración de impacto ambiental condicionada y para conseguir la autorización administrativa de construcción debe cumplir el promotor con los requisitos señalados en la misma. Uno de los requisitos fundamentales que recoge esta declaración ambiental es que antes de conseguir la autorización administrativa de construcción deben emitir un informe los órganos medioambientales de la comunidad autónoma». Tras aclarar que «por lo tanto, si estos informes son desfavorables, no saldrá adelante el proyecto y, por el contrario, si lo son, continuará», desde la Delegación se asevera que «de este modo, la decisión para que se desarrolle el proyecto de la línea de alta tensión Tauste-Júndiz depende del Gobierno de La Rioja».

El Gobierno de La Rioja también ha confirmado en el pleno parlamentario su decisión de aplazar, «por responsabilidad», el desarrollo de la Ley de Familias Monoparentales. La autoría del anuncio ha correspondido a la consejera de Servicios Sociales, María Martín, quien en respuesta a una pregunta de la socialista Maria Victoria del Vigo, ha asegurado que el Ejecutivo regional prefiere esperar a «estar seguros de que el desarrollo de la ley no contradiga a una norma superior», en referencia a la aprobación de la próxima ley estatal.

Si los prolegómenos del pleno los protagonizaban con su protesta en la calle los trabajadores del servicio de transporte sanitario La Rioja Cuida, el asunto llegó también al pleno. El diputado socialista Miguel Legarra ha aprovechado una interpelación al Ejecutivo sobre política general en materia de Función Pública para acusar al Gobierno de Capellán de falta de diálogo e ineficacia con los trabajadores de La Rioja Cuida, pero también con los bomberos del CEIS y los docentes de Formación Profesional, entre otros colectivos.

El receptor del reproche, el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, tras reiterar la voluntad de negociación con los trabajadores del transporte sanitario, ha reprochado al diputado del PSOE de actitud «filibustera«, por hablar de asuntos distintos al de la interpelación.

Las acusaciones mutuas han calentado el debate hasta el punto de requerir la intervención de la presidenta de la Cámara, Marta Fernández Cornago, para ofrecer a Legarra una rectificación y que sus palabras fuesen retiradas del diario de sesiones, después de que el parlamentario del Grupo Socialista arremetiera contra el Ejecutivo riojano con una referencia a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la que señaló, respecto a la pandemia: «Debió pensar: Nos cargamos a miles de ancianos». La censura del consejero llevó a la intervención de la presidenta, quien ofreció la rectificación a Legarra. Tras un pequeño roce sobre la normativa y los turnos de palabra, Legarra ha señalado: «En ningún momento he dicho que la presidenta de Madrid dijera eso, sino que lo debió pensar y objetivamente perdieron la vida porque no los trasladó a un hospital porque no tenían seguro privado».

La sesión prosigue con el debate de cuatro mociones consecuencia de interpelación sobre, entre otros, el transporte ferroviario, el visón europeo y planes de sostenibilidad turística en destinos; y siete proposiciones no de ley en el que se abordarán, entre otros asuntos, los comedores escolares, la 'ronda sur' de Logroño, la situación del sector del calzado, la falta de médicos en el centro penitenciario de Logroño, envío de ayuda humanitaria a Cuba, entre otros. A propuesta del Grupo Socialista se debatirá la solicitud de creación de una comisión de estudio sobre el estado del sector vitivinícola regional, que, en principio, el Grupo Popular no apoyará. Las votaciones se celebrarán al final de la sesión plenaria.