Boris Johnson exige a la oposición que facilite unas elecciones

Reivindicó así la dinámica del Parlamento frente a la de los jueces. «Se les ha pedido que intervengan en el procedimiento de disolución por primera vez» -dijo sobre la sentencia, que le ocupó poco tiempo- «y el Tribunal Supremo se ha equivocado, al pronunciarse sobre una cuestión política en un momento de gran controversia nacional».

La solución, antes y después del juicio, es la convocatoria de elecciones, insistía Johnson. La oposición apoyó la demanda judicial cuando podría haber abortado la suspensión del Parlamento y haberle arrebatado el asiento de primer ministro, sumándose a su deseo de convocar elecciones, que necesitan el apoyo de dos tercios de los escaños. «Ni remordimiento, ni humildad, ni una onza de sustancia», le reprochó el laborista Jeremy Corbyn al oírlo, apelando a virtudes quizás cristianas.

Johnson llamó por teléfono desde Nueva York a la reina Isabel II, posiblemente para disculparse por colocarla en la posición incómoda de haber sellado una orden de disolución del Parlamento que el más alto tribunal del Estado ha considerado después ilegal, pero la posición del Gobierno era clara desde la mañana: respeto a los jueces, crítica comedida a la sentencia.

El gestor de la agenda del Gobierno en los Comunes, Jacob Rees-Mogg, ya célebre por la manera de reclinarse de cuerpo entero en el asiento verde de la primera fila del Gobierno, en su primer día en el oficio, había calificado la sentencia de 'golpe constitucional', quizás para emular a quienes denunciaron la suspensión del Parlamento también como un golpe. Pero eso era lo más grave entre las reacciones.

John Bercow, el también célebre presidente de la asamblea, gritó «¡Order!» hacia las once y media de la mañana, cuando terminaron las oraciones a puerta cerrada. En los escaños conservadores había más huecos que en los de la oposición. «Colegas, bienvenidos de nuevo a nuestro lugar de trabajo», les dijo. Algunos vitorearon o aplaudieron brevemente. Y, tras dar las gracias al personal por preparar el Palacio para el súbito regreso de los diputados, comenzó la jornada.

La voz de barítono del abogado general del Estado, sir Geoffrey Cox, llenó hasta el último rincón. Respondía a la pregunta urgente de Joanna Cherry, la abogada independentista escocesa que ha tenido un papel destacado en la saga judicial que desembocó en la presente escena: ¿iba a publicar el informe legal con el que asesoró al Gobierno sobre la legalidad de la suspensión? Era evidente desde el primer minuto que no habría dimisiones.

Cox tiene las habilidades de un profesional que gana juicios convenciendo a jurados populares de la inocencia de sus clientes, a diferencia de los juicios civiles que se disputan ante jueces. Su oratoria teatral se apartó pronto del caso para apuntar al objetivo principal del momento. «¡Este Parlamento está muerto! ¡No tiene el derecho moral de seguir ocupando sus escaños! ¡Podrían votar una moción de censura, pero son unos cobardes!»

A un veterano diputado laborista, Barry Sheerman, le hirvió la sangre. «Este Gobierno manipuló la suspensión para cerrar esta cámara. Sabe que esa es la verdad. Y venir con bravatas de abogado para hablar aquí de moralidad -un hombre como él, en un Gobierno como este, con tal primer ministro- es una vergüenza». Algunos observadores se asustaron por la fiereza del intercambio en el regreso de la extraña vacación parlamentaria, pero para el Gobierno es solo el principio de una larga campaña electoral.