Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
Iñigo Gurruchaga
Corresponsal. Londres
Martes, 24 de septiembre 2019, 11:56
El Tribunal Supremo falló este martes por unanimidad que la supensión del Parlamento por el Gobierno de Boris Johnson fue ilegal, porque no ofreció 'justificación razonable' para tomar una medida «extrema», cerrar el Parlamento durante 34 días laborables «en las circunstancias excepcionales de un cambio ... fundamental en la Constitución de Reino Unido», que ha privado a las Cámaras de su derecho constitucional «de supervisar las decisiones del Ejecutivo».
La presidenta del Tribunal, lady Brenda Hale, leyó un resumen de la sentencia y anunció su consecuencia: «El Parlamento no está suspendido». Los presidentes de la Cámara de los Comunes y de los Lores debían tomar inmediatamente medidas para que sus miembros se reunieran cuanto antes. Dos horas después del anuncio del Tribunal, el Parlamento fue convocado para este miércoles.
Johnson, que se encontraba en Nueva York asistiendo a la Asamblea General de la ONU, emprendió el regreso a Londres. «Lo excitante ahora es conseguir un acuerdo y, hablando honestamente, este tipo de cosas en los tribunales y en el Parlamento no nos lo pone más fácil», dijo a la BBC tres horas después de conocerse el fallo del Supremo. «Creo que la gente quiere que el Parlamento trabaje con unidad para servir el interés nacional y poner fin a este asunto».
14 de octubre era la fecha prevista por el Gobierno de Boris Johnson para la reapertura del Parlamento británico tras la suspensión decretada, que se hizo efectiva el pasado 9 de septiembre. El fallo del Supremo anula esta medida y las sesiones se reanudan este miércoles mismo.
Moción de censura. La oposición, liderada por el Partido Laborista, considera que una moción de censura contra Johnson no es ahora prioritaria, creen más importante aprobar la legislación necesaria para bloquear una salida de Reino Unido de la UE sin acuerdo. El SNP escocés se mostró dispuesto a apoyar una moción una vez se descarte el riesgo de un 'brexit' duro.
Elecciones. Aunque Johnson es partidario, y no es la primera vez que lo plantea, de convocar elecciones anticipadas, la ley que aprobó el Parlamento para impedir un 'brexit' sin acuerdo también vetaba un adelanto electoral. Si el primer ministro decidiera ignorar al Legislativo, necesitaría de todos modos el apoyo de dos tercios del Parlamento para convocar los comicios. De nuevo, la oposición levantará cualquier veto a acudir a las urnas en el momento en el que se elimine la posibilidad de una salida abrupta.
Silencio en Bruselas. La Comisión Europea no quiso pronunciarse sobre el fallo del Supremo británico y las consecuencias que pueda tener para la marcha del 'brexit'. «No nos compete comentar sobre los asuntos internos constitucionales en los Estados miembro. Esto incluye a Reino Unido», dijo la portavoz del Ejecutivo comunitario Natasha Bertaud. Bruselas descarta que el varapalo de los jueces al Gobierno británico convierta a Londres en un interlocutor fallido y considera que la situación «no ha cambiado».
En su sentencia, de 25 páginas, los jueces recuerdan que, «aunque nuestro país no tiene un texto con el nombre de 'La Constitución', sí posee una constitución compuesta por decisiones de los tribunales, leyes, convenciones y prácticas», y también «numerosos principios constitucionales», que incluyen la soberanía del Parlamento y su poder de supervisión de las decisiones del Ejecutivo.
En este caso se trataba de juzgar si la suspensión desde el 12 de septiembre hasta el 14 de octubre para preparar un nuevo programa legislativo frustra la capacidad del Parlamento de legislar o de controlar al Ejecutivo cuando el plazo para la marcha de la Unión Europea (UE) se cumple el 31 de octubre. Los jueces recuerdan que el habitual receso de tres semanas, cuando se celebran en septiembre las conferencias de los partidos, no impide la actividad parlamentaria, pero el Gobierno decidió cerrarlo.
La preparación de la lista de proyectos de un programa legislativo lleva entre cuatro y seis días, según el testimonio del ex primer ministro conservador, John Major, que los abogados del Gobierno no han rebatido, según la sentencia. «No nos ocupamos del motivo del Gobierno», escriben los jueces, «sino de si existe una justificación razonable (para la suspensión)».
Concluyen que no es «una suspensión normal» y que tiene el efecto de impedir que el Parlamento cumpla sus funciones constitucionales, «en circunstancias extraordinarias» para la vida del país. La sentencia es otro golpe a la credibilidad de Johnson, después de que el Parlamento aprobase una ley que bloquearía una marcha sin acuerdo y le negase la convocatoria de elecciones. Líderes de la oposición han pedido su dimisión.
El Supremo tenía que casar la doctrina contradictoria de dos sentencias. La máxima corte de apelación de Escocia falló por unanimidad de tres jueces que la suspensión del Parlamento constituye un abuso de poder en el ejercicio de sus prerrogativas, dando la razón a la demanda de 75 diputados, que la presentaron en julio cuando voces del Ejecutivo y del Partido Conservador aireaban la posibilidad de la suspensión.
El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales analizó otra petición de anular la suspensión, presentada por la activista Gina Miller tras el anuncio, el 28 de agosto, de la decisión del Gobierno de cerrar el Parlamento durante casi cinco semanas. Miller ya logró, en diciembre de 2017, que el Supremo forzase al Gobierno de Theresa May a someter al Parlamento la decisión de iniciar el proceso del 'brexit'. A esta nueva demanda se sumaron Major y los gobiernos autonómicos de Escocia y Gales.
Conclusión de la sentencia. El Gobierno ha impedido al Legislativo «cumplir» sus funciones en un momento «extraordinario»
El Tribunal Superior dio la razón al Gobierno por considerar que la suspensión del Parlamento ha sido preservada como potestad exclusiva del Ejecutivo en sucesivas leyes y que los jueces no tienen baremos jurídicos para medir cuestiones que pertenecen al ámbito de la política. Los dos tribunales habían establecido criterios opuestos sobre los límites de la revisión judicial de las decisiones de los gobiernos.
La sentencia recuerda la interpretación doctrinal de lord Nick Brown Wilkinson, que presidió el primer tribunal de lores-jueces que juzgó en 1998 la demanda española de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet: «La historia constitucional de este país es la historia de las prerrogativas de la Corona siendo sometidas a los poderes superiores de un legislativo elegido democráticamente como ente soberano». «Muchos, si no todos, los casos constitucionales de nuestra historia legal se han ocupado de la política», añade ahora el Supremo.
En la vista de tres días celebrada la pasada semana, un tribunal formado por los once jueces titulares del Supremo escuchó los argumentos de los abogados que representaron a las dos partes en Edimburgo y en Londres, en un caso seguido con gran interés. Cuatro millones de internautas entraron en el portal de internet del Supremo para seguir el juicio.
La sentencia del Supremo en diciembre de 2017, forzando al Gobierno a que sometiera al Parlamento la invocación del Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea para iniciar la negociación de la marcha, provocó portadas en la prensa ''brexit'er' que calificaban a los magistrados como 'enemigos del pueblo'. Esta vez un portavoz anónimo de Johnson dijo a la BBC que «el Tribunal Supremo se ha equivocado y ha cometido un grave error extendiendo su ámbito a estos asuntos políticos».
«No estoy en absoluto de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo», dijo el primer ministro Boris Johnson antes de emprender el vuelo de regreso a Londres, acortando su participación en la Asamblea General de la ONU. «Tengo el máximo respeto por nuestro sistema judicial, pero no creo que esta decisión es correcta porque la prerrogativa de la suspensión se ha usado durante siglos sin ningún tipo de contestación».
No parece que Johnson hubiese leído la sentencia cuando pronunció esas palabras, porque en ella se dan ejemplos de intervención judicial, el más antiguo de ellos del siglo XVII, cuando Carlos I suspendió el Parlamento de Inglaterra con el afán de imponer una monarquía absoluta. Su mandato desembocó en una guerra civil y en la decapitación del soberano.
Johnson regresa a la capital británica como el primer ministro que obtuvo el sello de Isabel II a una decisión ilegal. El debate sobre la expansión de los atributos de los jueces para revisar decisiones del Gobierno no es nuevo -el Tribunal Superior, bajo la presidencia del juez más importante de Inglaterra, falló tambien por unanimidad en favor del Gobierno-, pero no hay apelación posible y el Parlamento se reúne de nuevo.
El 'premier' pidió elecciones desde Nueva York, pero la oposición ya rechazó la disolución del Parlamento y lo hará de nuevo, porque no quiere dar al Gobierno la oportunidad de ejecutar un 'brexit' sin acuerdo durante la campaña electoral; y por un motivo más prosaico, ni los conservadores rebeldes ni los liberal-demócratas quieren respaldar como alternativa un Gobierno presidido por el laborista Jeremy Corbyn.
Los laboristas cerraron su conferencia anual horas después de que se publicase la sentencia y han entablado un nuevo diálogo con otros grupos para llegar a una estrategia común en el Parlamento. La opción que se aireaba este martes es la de tomar de nuevo el control de la agenda parlamentaria para enmendar el artículo de la Ley de Retirada de la UE que estipula que la marcha de la Unión ocurrirá el 31 de octubre.
Bucanero
La oposición ya forzó la aprobación de una ley que obligaría a Johnson a solicitar a la UE una extensión del plazo del 'brexit' si regresa del Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre sin acuerdo. Eliminar también la fecha legal de la marcha obligaría a Johnson a concentrarse en el logro de un acuerdo. Nigel Dodds, del Partido Democrático Unionista (DUP), esencial para ratificar las propuestas del 'premier' a Bruselas sobre cómo resolver el problema de la frontera irlandesa, ha avanzado que es posible que el 'brexit' no se dé el 31 de octubre.
Un Johnson restringido en su empeño de ejecutar el 'brexit' con o sin acuerdo, al frente de un Gobierno sin mayoría y dañado por el golpe seco del Tribunal Supremo, acudirá el fin de semana a la conferencia del Partido Conservador en Mánchester, que no se ha suspendido. Su política bucanera es bienvenida en los sondeos, pero avanza ahora hacia un acuerdo con un capítulo norirlandés que fue rechazado cuando lo presentó Theresa May y a unas elecciones cuando la oposición las crea convenientes.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.